Desde la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) siempre se ha considerado el espacio público “como un lugar para vivir y convivir, para disfrutar por parte de sus vecinas y vecinos, como lugar de encuentro y enriquecimiento”. En ese sentido, Arturo Sancho, presidente de la FABZ, señala que “parece que esta ordenanza piensa en una ciudad para circular y consumir, a poder ser ordenadamente, en silencio y con disciplina, donde se criminaliza la pobreza y la vulnerabilidad, y lejos de la ciudad más humana que siempre hemos soñado y defendido y donde caben todas las personas”.
A juicio de Sancho, “la convivencia se mejora con servicios públicos suficientes, mediación comunitaria, educación cívica, inspección eficaz de actividades económicas, políticas sociales y espacios públicos diseñados para usos diversos, y no multando más e incrementando las conductas perseguibles que convierten conflictos cotidianos del espacio público en expedientes sancionadores”, y apostilla, “los problemas hay que resolverlos sin sustituir políticas sociales y comunitarias por sanciones administrativas. Corremos el riesgo de ir desplazando los problemas de nuestros barrios, de esconderlos sin dar alterativas reales que atajen de raíz dichas problemáticas”, afirman desde la entidad vecinal.
Más allá de posibles duplicidades con otras ordenanzas que generan confusión e inseguridad jurídica, en el fondo, lo que más preocupa a la FABZ es que “subyace un riesgo de arbitrariedad y de aplicación selectiva de la ordenanza en perjuicio de las personas más vulnerables, así como una afectación indirecta de la libertad de expresión poniendo cortapisas diversas a nuestro derecho a la protesta”.
Una queja que vienen denunciando permanentemente desde el movimiento vecinal es la forma de entender la participación ciudadana, la cual “no puede reducirse a alegar al final de las actuaciones de las Administraciones Públicas, ya que exige un diagnóstico compartido, devolución de aportaciones, memoria justificativa seria y explicación de por qué se aceptan o rechazan las propuestas ciudadanas”.
“Este caso es paradigmático, ya que la ordenanza afecta a la vida cotidiana de los barrios y, por tanto, debería construirse desde los barrios, con asociaciones vecinales, entidades sociales, juveniles, culturales, patrimoniales, ambientales, colectivos de personas vulnerables y agentes comunitarios”, concluye Sancho.
