Las cuatro familias de los bloques de Oliver que continuaban negociando con SAREB han logrado un nuevo respiro. El juzgado ha suspendido provisionalmente los desahucios previstos para el próximo 27 de junio, una decisión que llega tras meses de movilización vecinal y negociación impulsadas por el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. Sin embargo, la organización advierte de que el conflicto sigue abierto y reclama la firma inmediata de contratos que garanticen la permanencia de todas las personas afectadas en sus viviendas.
Las viviendas pertenecen a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), entidad participada mayoritariamente por el Estado. Desde el Sindicato de Inquilinas denuncian que, pese a su carácter público, “actúa a menudo igual que cualquier empresa privada a la hora de gestionar sus pisos”.
Cuatro familias siguen sin solución definitiva
El conflicto se remonta al año pasado, cuando vecinas y vecinos de estos bloques del barrio Oliver, organizados junto al Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, lograron paralizar el desahucio de quince familias. Aquella movilización desembocó en la firma de nuevos contratos de alquiler para once de ellas, según recuerda la organización, “gracias a la presión y la lucha colectiva”.
Sin embargo, las cuatro familias restantes continuaron negociando con SAREB sin que su situación quedara resuelta. Según explica el sindicato, la entidad llegó a plantear la posibilidad de formalizar contratos, pero este mismo mes volvió a activar los procedimientos de desahucio.
La suspensión judicial conseguida ahora evita temporalmente los lanzamientos previstos para finales de junio, aunque no resuelve el problema de fondo. “Esto nos permite ganar tiempo, pero tenemos que luchar hasta conseguir contratos para todos los vecinos”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas.
La organización considera que este nuevo episodio evidencia la falta de una solución estable para las familias que residen en estos bloques y reclama que se garantice su permanencia mediante contratos de alquiler.
Críticas a la gestión de la vivienda pública
Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que el caso del Oliver refleja cómo la vivienda pública sigue gestionándose bajo criterios de rentabilidad económica. A su juicio, SAREB prioriza la venta de inmuebles o el incremento de los alquileres frente al mantenimiento de las familias que ya viven en ellos.
Además, denuncian que la entidad ha recurrido en distintos bloques a ofrecer contratos únicamente a parte del vecindario, una estrategia que, afirman, contribuye a dividir a las comunidades afectadas.
Las críticas se dirigen también al Gobierno español. “El gobierno del PSOE y Sumar es directamente responsable de la situación. Se llena la boca hablando de construir vivienda pública, pero después expulsa a familias de viviendas que ya lo son”, afirman desde la organización.
Al mismo tiempo, rechazan los intentos de otros partidos de capitalizar el conflicto. “PSOE y Sumar son culpables de lo que están pasando estas familias, pero es absurdo que salgan de repente concejales del PP a denunciar la situación, cuando el Gobierno de Azcón y el Ayuntamiento de Chueca son los primeros en poner una alfombra roja a la especulación inmobiliaria”, añaden.
El Sindicato de Inquilinas ha anunciado que mantendrá la presión hasta lograr contratos para las cuatro familias pendientes y anima a otras personas afectadas por problemas de vivienda a organizarse colectivamente para defender su derecho a permanecer en sus hogares.
