La justicia frena la principal apuesta educativa de Azcón y da la razón a la escuela pública. Un golpe judicial de gran calado para el Gobierno de Aragón. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha acordado suspender cautelarmente la orden que permitía extender la concertación al Bachillerato mientras se resuelve el procedimiento judicial abierto contra la medida. La decisión supone una importante victoria para las 17 organizaciones que recurrieron la norma y un serio revés para el Ejecutivo de PP - Vox.
AraInfo ha tenido acceso al contenido del auto del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, fechado el 10 de junio, en el que la mayoría del tribunal acuerda “estimar la medida cautelar solicitada y suspender la eficacia de la orden recurrida”. La decisión cuenta con un voto particular discrepante de uno de los magistrados.
La resolución llega apenas un mes después de que sindicatos, organizaciones educativas, vecinales y fuerzas políticas presentaran recurso contencioso-administrativo contra la Orden ECD/515/2026, aprobada por el Departamento de Educación para abrir la puerta a la financiación pública generalizada del Bachillerato en centros privados concertados.
“La presunción de validez se ha quebrado”
El argumento central del auto coincide con una de las principales denuncias planteadas por las organizaciones recurrentes desde el inicio del conflicto: la orden fue aprobada por un Gobierno en funciones.
La Sala considera que existen motivos suficientes para paralizar cautelarmente la medida y afirma expresamente que “la presunción de acierto y validez de la actuación recurrida se ha quebrado al adoptar esta decisión por un Gobierno en funciones”.
El tribunal recuerda además que la legislación aragonesa limita la capacidad de actuación de un Ejecutivo en funciones cuando sus decisiones generan compromisos económicos para la Hacienda pública y concluye que no se acreditaron circunstancias excepcionales que justificaran la aprobación de la orden.
“No se nos han expuesto motivos de extraordinaria y urgente necesidad que obliguen a soslayar esta normativa”, señala el auto.
La resolución añade que aceptar la interpretación defendida por el Gobierno supondría permitir que un Ejecutivo en funciones diseñara un nuevo modelo de conciertos educativos con efectos durante varios cursos académicos.
Azcón aceleró; el TSJA frenó
La decisión judicial adquiere una especial relevancia por el momento en que se produce. Apenas un día antes de conocerse el auto, el Gobierno de Aragón aprobó destinar 56,7 millones de euros para financiar durante cinco cursos el Bachillerato concertado en centros privados sostenidos con fondos públicos.
Las organizaciones defensoras de la escuela pública habían denunciado precisamente esta semana que el Departamento de Educación estaba actuando como si la resolución judicial ya estuviera decidida a su favor y avanzando en la concesión de conciertos sin esperar al pronunciamiento del TSJA.
Ahora es el propio tribunal quien ordena suspender la eficacia de la norma que servía de base a todo el proceso. La concertación generalizada del Bachillerato queda así paralizada cautelarmente y el Gobierno de Aragón deberá esperar a que la justicia resuelva el procedimiento antes de poder aplicar una de sus principales apuestas educativas.
“Compartimos esta alegría con todas las personas y colectivos que defienden la escuela pública”
“Compartimos esta alegría con todas las personas y colectivos que defienden la escuela pública”. Representantes de las 17 entidades recurrentes a la concertación del Bachillerato del Gobierno Azcón (PP-Vox) comparecen en @barrioszgz: https://t.co/zOqKg09qUU pic.twitter.com/j19qQEmhbv
— Iker G. Izagirre (@igoiz17) June 11, 2026
Tras conocerse la resolución, representantes de las organizaciones han comparecido en la sede de la FABZ para valorar un fallo que califican como una importante victoria. “Compartimos esta alegría con todas las personas y colectivos que defienden la escuela pública”, han señalado.
En la rueda de prensa de este jueves, las entidades han destacado que el auto reconoce la legitimidad de las organizaciones recurrentes y concluye que la orden fue aprobada por un Gobierno en funciones que excedió sus competencias. También subrayan que la Sala considera que la medida alteraba la planificación educativa al ampliar la concertación de todas las unidades autorizadas y no únicamente de aquellas cuya necesidad estuviera acreditada.
La demanda fue elaborada por la abogada Paula Hormigón en representación de las 17 organizaciones recurrentes: FAPAR, FADEA, FABZ, CGT, CCOO, ANPE, STEA-i, UGT, CSIF, IU, Zaragoza en Común, PCE, CHA, Movimiento Sumar, PSOE, Podemos y Aragón Existe.
Las organizaciones han destacado además que la Sala rechazó la exigencia de una caución económica solicitada por las patronales de la enseñanza concertada, que superaba los ocho millones de euros, al entender que los intereses defendidos por las entidades demandantes son de carácter general y público.
Asimismo, han mostrado su confianza en que la futura sentencia sobre el fondo del recurso confirme ahora la suspensión cautelar acordada por el TSJA. A su juicio, la generalización de la concertación del Bachillerato carece de justificación ante la existencia de plazas vacantes en la red pública y en los centros que ya tenían esta etapa concertada, en un contexto además marcado por el descenso demográfico.
La resolución llega después de meses de protestas contra la concertación del Bachillerato. Como próximos pasos, las organizaciones han anunciado una nueva movilización para cerrar el ciclo de protestas desarrollado durante este curso escolar y celebrar la suspensión cautelar de la orden. La convocatoria podría celebrarse en Zaragoza el próximo martes 16 de junio, aunque los detalles se concretarán en los próximos días.
