A primera hora de la mañana del lunes 20 de abril, tres miembros de ‘OkupAcción’ aporreaban violentamente la puerta de una vivienda en un barrio popular de la Margen Izquierda zaragozana. Por desgracia, este no sería un episodio aislado.
Como ya hemos relatado en anteriores informaciones, esta organización parapolicial tiene claros nexos con la ultraderecha. De hecho, su cabeza visible, José Antonio Ramos, es en la actualidad vocal de la Junta Vecinal de Montañana en representación de Vox.
Durante semanas las visitas de este grupo escuadrista, según denuncia la familia, se han repetido y se siguen repitiendo los golpes en la puerta, los gritos en el rellano e incluso daños en el buzón y la mirilla. En la puerta, además, han marcado con algún objeto cortante o punzante una esvástica. El mensaje, constante, es el mismo: que abandonen la vivienda.
La familia reside en un inmueble situado en una humilde barriada y, explica a AraInfo, que en la actualidad cuenta con el contrato de alquiler en vigor y no tiene deudas con la propiedad. Está pagando una renta ligeramente superior a los 500 euros mensuales.
Sin embargo, la tranquilidad terminó cuando la propietaria comunicó a los inquilinos su intención de recuperar el piso para uso familiar mediante un burofax redactado a mano y, al parecer, en paralelo, recurrió a la organización escuadrista para acelerar la salida de la familia. La pareja lleva residiendo menos de dos años en el inmueble y el contrato tiene una duración de cinco.
En la comunicación, la propietaria aducía la necesidad de disponer del piso para alojar a su madre, que previamente ya residió en el mismo y se marchó por no resultar adecuado para sus necesidades vitales, según nos relatan residentes en el inmueble.
La sensación que nos trasladan la familia y otras personas de la zona conocedoras de la situación, en una barriada donde mucha gente se conoce entre sí, es que en realidad la repentina intención de rescindir el contrato tendría como principal motivación aprovechar el gran incremento producido en el precio de los alquileres en aquel entorno.
Una consulta en los portales inmobiliarios sobre los precios de los arriendos en el barrio donde se encuentra la vivienda arroja resultados que comienzan en 800 euros y superan la barrera de los 1.000 en su mayoría. Una cifras muy por encima de la renta actual que paga la familia.
En todo caso, la actuación de la propiedad se produce sin respetar los plazos legales que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos y mediante la contratación de esta empresa, que opera al margen de los cauces normativos.
La Ley de Arrendamientos Urbanos permite a la propiedad recuperar la vivienda para uso propio o de familiares de primer grado, pero establece condiciones: debe comunicarse con al menos dos meses de antelación, esa posibilidad debe figurar en el contrato mediante cláusula específica y, además, debe acreditarse dicha necesidad. Mientras no se cumplan estos requisitos, el inquilino mantiene su derecho a permanecer en la vivienda y, en el caso de discrepancia, la propiedad debería acudir al juzgado. El simple envío de un burofax y la existencia de la cláusula referida en el contrato no significan la recuperación automática de la vivienda.
La familia ha solicitado presencia policial en repetidas ocaciones
El martes 21 de abril, el día siguiente de recibir el burofax y de la primera visita de ‘OkupAcción’, la familia tuvo que solicitar la presencia policial para poder salir del domicilio con el carrito de bebé, después de que una de estas personas les bloquease el paso en el rellano.
Según su testimonio, los agentes le pidieron el DNI y comprobaron el contrato de alquiler antes de permitirle salir. Sin embargo, aunque facilitaron su salida, en ningún momento procedieron a la identificación de los miembros de la organización escuadrista y la intervención no significó actuación posterior alguna, aunque era evidente la situación de acoso.
Tan solo 24 horas después, el 22 de abril, volvieron. Ese día la familia interpuso una denuncia ante la Policía española, a la que ha tenido acceso AraInfo, en la que dejaron claro que sentían miedo y que estaban evitando salir de casa ante el temor a nuevos episodios de intimidación. Y, a pesar de la denuncia, de la intervención del día anterior y de que hay una comisaría muy cerca del domicilio, las visitas no han cesado.
El acoso afecta a los menores
Según relatan a AraInfo, la presencia continuada de estas personas ha alterado completamente su vida cotidiana, dificultando que los menores acudan con normalidad al colegio. También otras familias residentes en el edificio han tenido que cambiar sus ritmos cotidianos para tratar de no coincidir con los integrantes de la banda parapolicial y su actitud intimidante.
Un nuevo episodio, días después, derivó en un cuadro de ansiedad de la madre, que actualmente se encuentra de baja laboral.
La coacción continúa, incluso en la calle
Tras el paréntesis del puente del 23 de abril, la familia esperaba que la situación cesara. Sin embargo, el acoso se reanudó el día 27 y, de nuevo, tuvieron que llamar a la policía, encontrando los agentes a miembros de ‘OkupAcción’ en el interior del portal.
En mayo reanudaron las visitas, las presiones, los golpes en la puerta y los gritos. Y el martes de esta semana, uno de los progenitores de la familia fue interpelado por José Antonio Ramos, propietario de ‘OkupAcción’, cuando este se encontraba con uno de sus hijos en la parada del autobús. En el encuentro, Ramos le advirtió que “como no se marchaban tendrían que apretarles más”. Aunque en ningún momento concreta de qué forma lo pretenden hacer, resulta evidente que se trata de una amenaza velada de incrementar el acoso que sufren desde abril la pareja y sus criaturas.
En conversación con AraInfo, la familia no entiende cómo las instituciones no actúan de forma proactiva ante situaciones como esta cuando existen denuncias ante la policía y los juzgados, además de producirse actuaciones de funcionarios policiales para auxiliarles en la salida de su domicilio. Menos entendible resulta, aún, cuando el acoso afecta claramente a las vidas de menores de edad.
A pesar de todo, la familia no pierde su orgullo. De hecho, ese menoscabo a su dignidad es lo que más les ofende y, al mismo tiempo, más fuerzas les da para no ceder al chantaje extrajudicial que están soportando.
“Hacemos responsable a la Delegación del Gobierno”
La pareja se puso en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza tanto para recibir asesoramiento legal como para organizarse frente al acoso. La plataforma convocó a finales de mayo una concentración a las puertas de la vivienda en la que participaron varias decenas de personas para denunciar la situación y apoyar a los residentes.
“Señalamos estas empresas como la forma más sangrante de acoso inmobiliario, y exigimos su desarticulación en tanto que herramienta de violencia sistemática, diseñada para que el rentismo pueda imponer sus intereses mediante la fuerza”, apuntaba un comunicado conjunto del sindicato y la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, paralelo a la protesta.
Ambos colectivos denunciaban que "medios de comunicación públicos y privados" lavan la cara de este grupo "sin pudor, apareciendo en noticias y reportajes junto con responsables políticos". Por último, han querido trasladar su responsabilidad "a la Delegación del Gobierno", sosteniendo que "estos matones actúan con impunidad y la Policía no actúa ante su acoso y extorsión continuada”.
