Amnistía Internacional en Aragón ha mostrado su respaldo al comunicado emitido por el Colegio de Periodistas de Aragón ante "determinadas valoraciones públicas de altos cargos del Gobierno de Aragón que vulneran los Derechos Humanos". La organización comparte la preocupación expresada por los representantes de los profesionales de la información ante "las formas y el lenguaje que se está utilizando en comunicados institucionales" que, según señala, "poseen evidente interés público y en algunos casos indudable gravedad por los términos despectivos y estigmatizantes que se utilizan hacia los migrantes".
La entidad apoya la afirmación del Colegio de Periodistas de Aragón de que "la comunicación institucional debe regirse por unas normas y un código deontológico donde no caben discursos discriminatorios o simplificaciones que puedan afectar a la convivencia social". Asimismo, agradece "la rápida respuesta del Colegio de Periodistas ante las quejas recibidas y en defensa de los principios básicos de humanidad".
En este sentido, Amnistía Internacional en Aragón sostiene que "en una sociedad democrática no se puede tolerar que el vicepresidente de un gobierno autonómico se refiera de forma despectiva con el término 'mena' a niños y niñas que vienen a nuestro país en condiciones vulnerables para tener oportunidades de vida de las que carecen en sus países de origen". La organización recuerda que "los conflictos armados, la falta de recursos económicos y los abusos en muchas ocasiones marcan su trayectoria".
Además, considera que "no es admisible que se cuestione la edad de un menor para poderlo devolver a su país" y rechaza "de forma contundente que el Gobierno de Aragón haya activado las pruebas forenses para determinar la edad de menores migrantes no acompañados, y tenga la intención de destinar una partida de 100.000 euros en los presupuestos a esta práctica".
La organización recuerda que "los Derechos Humanos son garantías fundamentales e inalienables que pertenecen a toda persona por el mero hecho de existir". En este sentido, señala que estos derechos están recogidos en los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y constituyen la base del derecho internacional.
Asimismo, recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas advirtió a España en 2020 de que las pruebas de determinación de edad practicadas a menores no acompañados atentan contra "el derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar", todos ellos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
