El conflicto abierto en Tarazona por las declaraciones de la concejala del Partido Popular Ana Cristina Sainz Martínez contra el profesorado de la escuela pública vivió este 25 de febrero un nuevo capítulo en el Pleno municipal. La edil no solo no se retractó, sino que anunció que no cambiará “ni una coma” de lo publicado en la revista municipal de enero, donde calificaba los centros como espacios de “adoctrinamiento ideológico”.
Durante el debate plenario —cuya grabación está disponible en el canal oficial del Ayuntamiento— Sainz se reafirmó sin matices en sus acusaciones y rechazó cualquier rectificación. Escudándose en que se trataba de “una opinión política” publicada en un “espacio político” de la revista municipal —un medio institucional sufragado con fondos públicos—, acusó a la oposición de “tergiversar” sus palabras. Preguntada de forma directa sobre si rectificaría, fue tajante: “No voy a cambiar ni una coma de la opinión política que he vertido en ese espacio político”, pese a reconocer que no existen informes ni denuncias que respalden las graves afirmaciones lanzadas contra el profesorado.
Las declaraciones llegan después de que docentes de la localidad registraran instancias formales ante la Alcaldía exigiendo una rectificación pública y un desagravio institucional, y de que CGT Enseñanza pidiera su dimisión por considerar que sus palabras suponen un ataque directo a la escuela pública.
PSOE: “Libertad de expresión sí, falsas acusaciones no”
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Leticia Soria, reprochó a la concejala haber utilizado un medio sufragado con fondos públicos para cuestionar la profesionalidad del personal docente. “No todo vale en política. La revista municipal no es un boletín del Partido Popular”, señaló, y defendió que las instituciones “no están para generar sospechas ni falsas acusaciones, sino para proteger el buen funcionamiento de los servicios públicos”.
Soria planteó una dicotomía: o bien las acusaciones carecen de fundamento y deben rectificarse, o bien, si la edil considera que existen irregularidades en centros de titularidad municipal, debería activar los mecanismos administrativos correspondientes. El PSOE solicitó expresamente que la rectificación se publique en la próxima edición de la revista municipal “con la misma relevancia” que las declaraciones originales.
Ante la negativa de la concejala a retractarse y tras reconocer que no existen informes ni denuncias formales que sustenten las acusaciones, el Grupo Socialista pidió su dimisión en la propia sesión plenaria.
La revista municipal como herramienta de ataque político
En el mismo Pleno, el concejal de Tarazona Plural, Fernando Escribano, defendió que las movilizaciones en defensa de la escuela pública respondían a necesidades reales de los centros y cuestionó que se hubiera intentado minimizar informativamente aquellas protestas.
La controversia no es un simple cruce de opiniones, sino el uso de un medio institucional pagado con dinero público para lanzar acusaciones graves y sin respaldo contra la escuela pública y su profesorado. Lejos de asumir responsabilidad institucional, la edil del PP ha optado por parapetarse en una supuesta “libertad de expresión” mientras rehúye cualquier rectificación y admite no disponer de informes ni denuncias que sustenten sus palabras.
Con esta negativa explícita, el equipo de gobierno del PP mantiene abiertas unas acusaciones que cuestionan la profesionalidad de los centros educativos de Tarazona y agrava un conflicto que ya trasciende lo político para afectar directamente a la comunidad educativa.
