Massalió Viu ha respondido públicamente a la nota de prensa emitida por la Comarca del Matarranya sobre la aprobación de la nueva tasa de residuos. La agrupación municipal, que alertó que estas tasas “fomentan la desigualdad entre municipios”, sostiene que el documento comarcal, junto a las posteriores declaraciones de su presidente, contiene “inexactitudes, incongruencias y falsedades” que obligan a “aclarar y contrastar” la información difundida.
El primer punto de fricción se centra en la afirmación comarcal de que todos los ayuntamientos del Matarranya —incluido Massalió— habrían aprobado voluntariamente la implantación de una tasa única y la delegación de su gestión. Según Massalió Viu, esta versión “no se corresponde con la realidad” y contradice las declaraciones de la propia alcaldesa de Massalió y consejera comarcal, recogidas en el acta del Pleno municipal del 10 de diciembre de 2024.
En ese Pleno, recuerdan, la alcaldesa explicó que 17 de los 18 municipios mostraron inicialmente su apoyo en una mesa de trabajo, “pero dicho voto no nos compromete a aceptarla”. Según consta en el acta, la decisión definitiva se tomaría cuando la Comarca facilitara el coste real por municipio a finales de 2025. “Obviamente estas declaraciones son totalmente contradictorias a lo afirmado por la institución comarcal. En este punto no sabemos a quién debemos creer”, señala Massalió Viu.
La agrupación también rechaza que la ordenanza se aprobara “por consenso”, tal como afirma la Comarca. Recuerdan que en el Pleno comarcal del 4 de noviembre de 2025 el PAR votó en contra y el PSOE se abstuvo. “No sabemos qué entiende por consenso el Sr. Presidente, pero hay dos partidos que no apoyaron la propuesta”, apuntan.
Además, denuncian que en la comisión de trabajo no participó ningún técnico, algo que consideran “bastante extraño”. Aseguran que el informe técnico-económico se limita a enumerar costes y repartir cuotas “de forma aleatoria”, sin aplicar el principio de pago por generación recogido en la Ley 7/2022.
Otro de los puntos discutidos es el coste real del servicio. La Comarca sostiene que el importe a liquidar a los ayuntamientos en 2025 será similar al que pagarán las viviendas en 2026. Massalió Viu lo desmiente con datos. “La tasa municipal actual en Massalió es de 123,30 euros anuales por vivienda, ya repercutiendo la totalidad del coste del servicio, la nueva tarifa comarcal fija una cuota de 165 euros, lo que supone un aumento de 41,70 euros por vivienda, es decir, un 33,82% más. Algo no cuadra, no parecen números creíbles”, afirman.
Massalió Viu también aclara que es “falso” que la normativa impida aplicar bonificaciones en función de renta, edad u ocupación. Citan el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y documentación del Ministerio de Hacienda, donde se establece que las tasas pueden considerar la capacidad económica de las personas usuarias.
“Decir que siempre se ha hecho así no es una respuesta válida. Las necesidades cambian: no es lo mismo una cuota de 60 euros que una de 165 euros”, subrayan.
Respecto a las declaraciones del presidente comarcal, que insinuó que Massalió Viu “no valora el turismo”, la agrupación señala que se trata de palabras “que no hemos dicho en ningún momento”. Reiteran que su crítica se dirige a la falta de proporcionalidad entre las cuotas de viviendas y establecimientos turísticos. Recuerdan que un alojamiento de más de 50 plazas solo pagará 630 euros anuales, pese a generar “muchísimos más residuos”.
También cuestionan que la Comarca afirme que los municipios sin 'Porta a Porta' han cofinanciado solidariamente el sistema desde 2018. Massalió Viu asegura que la Comarca “no aporta ningún dato que avale esta afirmación”.
Massalió Viu reivindica su legitimidad democrática como agrupación de electores electa en 2023 y defiende su obligación de posicionarse cuando una decisión afecta a su vecindario. “En una democracia la crítica política es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema”, recuerdan.
La agrupación cierra su comunicado llamando a todas las personas y entidades afectadas por el nuevo sistema tarifario a “alzar la voz y mostrar su opinión”. “En nuestra democracia cualquier persona puede intervenir políticamente más allá de votar cada cuatro años”, concluyen.
