Los cinco desahucios previstos para este lunes 10 de noviembre en el número 2 de la calle José Zamoray han sido suspendidos. Estos bloques fueron adquiridos por la Sareb, entidad pública de vivienda, y que según lleva tiempo denunciando el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, se niega a reconocer los contratos que las familias residentes tenían con la anterior empresa propietaria.
No se sabe el motivo de los aplazamientos, ya que según han contado a AraInfo desde el Sindicato de Inquilinas, “nos hemos enterado este viernes en el Juzgado”. Critican que no ha habido ningún acercamiento por parte de la Sareb, ni ningún movimiento que explique el aplazamiento. Es por ello que defienden que ha sido la organización de las y los vecinos, y la intervención del sindicato, lo que ha provocado que de momento cinco familias continúen en sus casas. Insisten en que se trata de una victoria parcial, porque el aplazamiento es temporal y todavía no se han firmado nuevos contratos.
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“Sólo gracias a la lucha organizada de las vecinas en el Sindicato de Inquilinas es posible hacer frente al negocio de la vivienda”
En sus declaraciones públicas, la Sareb expone que cuenta con un protocolo para proporcionar alquiler social a personas consideradas vulnerables, y que se han mostrado abiertos a negociar. Sin embargo, desde el Sindicato de Inquilinas señalan que llevan semanas sin cogerles el teléfono y denuncian que su protocolo de alquiler social es insuficiente y, además, no se cumple: “En primer lugar, no incluye criterios públicos para determinar quién es vulnerable y quién no. En segundo lugar, al discriminar entre personas 'vulnerables' y 'no vulnerables', divide a los vecinos y deja fuera a muchas familias de clase trabajadora que a sus ojos ‘no son lo suficientemente pobres para merecer un alquiler’, pero que no pueden permitirse acceder a un piso nuevo a precio de mercado, y acaban siendo desahuciadas”.
Denuncian también que la Sareb “incumple sistemáticamente” su propio protocolo y recurre automáticamente al desahucio si los sindicatos de vivienda no están ahí para denunciar la situación y obligarles a negociar. “Lo vimos en el Oliver y lo hemos visto en Zamoray: hasta que aparecimos, los protocolos daban igual”, remarcan.
Es por ello que hacen un llamamiento a organizarse y afiliarse al sindicato para enfrentar este tipo de situaciones. “Sólo gracias a la lucha organizada de las vecinas en el Sindicato de Inquilinas es posible hacer frente al negocio de la vivienda. Nosotras seguiremos luchando para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna”, defienden.
