La ciudadanía organizada vuelve a frenar los planes del Gobierno de Natalia Chueca (PP-Vox). El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este miércoles la retirada del controvertido proyecto básico para La Lonja, una intervención elaborada por los arquitectos municipales en colaboración con la empresa IDOM que pretendía modificar uno de los espacios más emblemáticos del Renacimiento aragonés, y que iba a costar más de 2,5 millones de euros. La decisión llega después de semanas de movilización social y rechazo generalizado al proyecto por parte de colectivos patrimonialistas, vecinales y del ámbito de la cultura.
Según el comunicado oficial remitido este miércoles, el consistorio ha solicitado la retirada del proyecto tanto de la ponencia de la Comisión de Patrimonio de Aragón como del orden del día previsto, alegando su voluntad de “mantener un clima de entendimiento y no generar crispación”. Sin embargo, resulta difícil no leer entre líneas: no se trata de una retirada voluntaria, sino de una rectificación forzada por la presión social.
El texto del Ayuntamiento trata de maquillar la retirada con referencias vagas al mantenimiento de infraestructuras y al “esplendor” del edificio, pero no ofrece explicaciones sobre cómo se gestó un proyecto que suscitó el rechazo unánime de profesionales, historiadores, artistas y ciudadanía. Tampoco hay autocrítica ni asunción de responsabilidades por un procedimiento opaco, improvisado y sin consenso.
Múltiples voces del tejido cultural de la ciudad de Zaragoza advirtieron de los riesgos de una intervención que, lejos de limitarse a un mantenimiento básico, alteraba significativamente el carácter arquitectónico y simbólico de este espacio. El proyecto inicial, como informó AraInfo hace semanas, contemplaba una entrada por la fachada principal, la instalación de un ascensor visible desde el interior, y otras actuaciones invasivas que generaron un amplio malestar.
Una de las iniciativas clave en esta respuesta colectiva ha sido la campaña de recogida de firmas impulsada por el divulgador Carlos Millán, responsable de la empresa cultural Gozarte. Bajo el lema “Salvemos La Lonja”, la petición en Change.org superó las 20.000 firmas en apenas unos días y ayudó a visibilizar el rechazo social en los medios de comunicación, redes sociales y espacios institucionales. No es la primera vez que Millán moviliza a la ciudad en defensa de su patrimonio, y esta acción ha sido un ejemplo más del poder transformador de la ciudadanía organizada. Además, el pasado 3 de mayo fueron centenares las personas que realizaron un simbólico abrazo a La Lonja para mostrar su rechazo al proyecto. Rechazo que también han mostrado los dos partidos de la oposición, ZeC y PSOE.
Este episodio no es un caso aislado, sino un nuevo ejemplo de la política de hechos consumados que caracteriza la gestión cultural del actual equipo de gobierno: propuestas sin diálogo previo, falta de transparencia, y una lógica de ensayo y error —o más bien, error tras error— que denota desprecio por la participación y el patrimonio común.
Lo que el Ayuntamiento de Chueca no dice, pero la ciudadanía sí sabe, es que si La Lonja seguirá siendo lo que es —una sala de exposiciones con historia, alma y dignidad arquitectónica— será gracias a la movilización popular. Una vez más, la defensa del bien común ha venido de abajo, desde los barrios, desde las asociaciones y profesionales que no se resignan a ver cómo se mercantiliza y distorsiona la memoria de Zaragoza.
Desde el Gobierno municipal afirman ahora que seguirán trabajando para que la UNESCO otorgue a La Lonja la distinción de Patrimonio de la Humanidad. Pero no se puede aspirar a reconocimientos internacionales mientras se desoye a la ciudad que habita esos espacios. La protección del patrimonio no es una operación de marketing: es una responsabilidad ética, política y cultural. Zaragoza merece decisiones planificadas, no bandazos. Y merece también un gobierno que escuche antes de imponer. Esta victoria es, sin duda, de la gente que no se calla.
