Izquierda Unida trasladará al pleno de las Cortes de Aragón una iniciativa parlamentaria sobre la actualización del registro de fosas comunes de la guerra de 1936 ante la "falta de transparencia y de acceso a la participación pública por parte del Gobierno de Aragón" en relación con la anunciada actualización de su base de datos de fosas y posterior represión franquista. Una actualización que incrementa en 123 el número de fosas localizadas respecto al anterior recuento.
Según el portavoz parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, Álvaro Sanz, la actualización de esta base de datos "dice ser de uso público pero sin acceso directo para la ciudadanía, restando transparencia" y "desaprovechando" la referencia del censo de fosas que está publicado en el SIPCA, Sistema de Información del Patrimonio Cultural que es "una referencia para las personas que requieren información o investigan el tema". De momento, el mapa oficial que se conoce sigue siendo el "incompleto" de 2010, tal y como denunció la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón hace unos días.
"Además, aunque el Ejecutivo aragonés dice que quien necesite información sobre el asunto tan solo tiene que contactar con la Dirección General de Patrimonio Cultural y que éste atenderá a las peticiones, las asociaciones memorialistas, excluidas también del acceso a ésta, tienen constancia de peticiones de información que les traslada la ciudadanía ante la falta de atención y respuesta que hace el Gobierno de Aragón", advierte Sanz.
"En dicha actualización, la DGA informa que se han intervenido a lo largo del tiempo sobre 309 fosas, quedan hasta 740 fosas en las que los técnicos podrían intervenir y añaden una nueva categoría de fosas que llaman 'extinguidas', 197 fosas, en el que se incluyen aquellas zonas que son de 'difícil acceso para su excavación', aquellas que ya han sido 'dignificadas' y otras en las que no existen reclamaciones de familiares de los cuerpos que puede haber en la localización", continúa Sanz.
Desde Izquierda Unida creen que debería "clarificarse" cómo se ha hecho la catalogación de dichas fosas ya que entre otras cuestiones, "es difícil justificarlo en ausencia de reclamaciones de familiares cuando los y las familiares no han tenido, ni siquiera, información suficiente para saber dónde pudo acabar el cuerpo de su antepasado asesinado porque no hay censos oficiales, no hay un servicio público de información y el acceso a la documentación de aquellos años no es fácil".
Por último, la DGA dice mantener los recursos invertidos y habla de 237.000 euros en 2024, pero, advierte Sanz, el compromiso del Gobierno de Aragón "queda reducido" a una inversión de 110.000 euros que es inferior a la que destina la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y cuatro veces inferior a los 450.000 euros que destina para los mismos fines la Diputación de Zaragoza. Con este dinero, del Gobierno de Aragón se han intervenido en 17 fosas durante 2024.
Por todo ello, Izquierda Unida exige en su iniciativa al Ejecutivo aragonés que permita el acceso directo de la ciudadanía a la base de datos sobre las fosas, actualizando el censo anterior publicado en el SIPCA; informe a las entidades memorialistas de Aragón sobre los criterios que se han seguido para elaborar el mapa de fosas actualizadas, especialmente las categorizadas como fosas extinguidas; cree un servicio público de información para la ciudadanía que les permita localizar a sus familiares e incremente el presupuesto destinado a la intervención en fosas para acelerar su recuperación.
