Para CCOO, los nuevos pliegos de las Zonas Jóvenes, "suponen una precarización del empleo, ya que imponen una reducción de la jornada laboral de 37,5 a 30 horas con disminución salarial". Además, "ignoran en su informe económico los pluses ad personam del convenio colectivo de referencia que se venían percibiendo y las futuras subidas salariales resultantes de la actual negociación del convenio colectivo, al omitir la pérdida de poder adquisitivo que supuso el incremento del IPC del año 2022 no contemplado en la firma de las tablas en enero de 2021, por tanto son unos pliegos que nacen obsoletos".
Desde el sindicato recuerdan que centrar el "nuevo modelo" de gestión de las Zonas Jóvenes en reducciones de jornada y de categoría profesional de las personas trabajadoras, "no sólo no mejora el servicio", sino que "precariza las condiciones laborales y pone a las empresas que opten a estos pliegos en una complicada situación", ya que "se pueden ver obligadas al pago de posibles indemnizaciones por estos cambios".
En este sentido, CCOO recuerda que el artículo 12.4 e) del Estatuto de los trabajadores refleja que "la conversión de un trabajo de tiempo completo a parcial tendrá siempre carácter voluntario y no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Como consecuencia de esta modificación sustancial de condiciones de trabajo, la persona trabajadora no podrá ser despedida ni sufrir ningún otro tipo de sanción por el hecho de rechazar esta conversión. Las personas afectadas podrán aceptar, impugnar o rechazar estas modificaciones, en este último caso supondría sí o sí una indemnización". Por tanto, "las futuras adjudicatarias pueden tener que afrontar unos costes que harían inviable su actividad además de crear un conflicto social que acabará en movilizaciones", remarca el sindicato.
Por último, CCOO destaca que en la nueva versión de los pliegos se mantiene la propuesta de un nuevo formato de licitación por lotes de los centros que, "por primera vez, segrega a las Casas de Juventud e incluye una cláusula antimonopolio que limita a tres el número de ofertas a presentar". "Esto penaliza a las empresas de inserción y cooperativas que venían prestando el servicio, beneficiando a empresas más grandes que pueden asumir una 'economía de escala". Para CCOO, "es significativo que, por primera vez en años, el pliego no hace ninguna referencia a los barrios ni a la proyección del trabajo hacia ellos".
CCOO exige al Gobierno de Zaragoza que retire los pliegos y realice una modificación de los mismos que evite el conflicto y la precarización de estos puestos de trabajo.
