Nuestro país está a un paso de liderar la economía mundial, las multinacionales extractivistas invierten miles de millones de euros sin exigir contrapartidas y crearán millones de puestos de trabajo, los servicios públicos ya no serán necesarios por que las empresas privadas trabajarán gratis y por el interés común, tu salario alcanzará para comparte un chalet a orillas del mar Negro, y regalarle otro a tu prima, la luz, el agua, el gas, el teléfono y el ternasco serán gratis, tralará, y las energías renovables se están implantando con sentido común, mesura, precaución y cuidado por nuestro medio ambiente, respetando la vida de nuestras paisanas del medio rural y de otras especies en peligro de extinción: ‘Total se iban a morir igual’.
No había grandes esperanzas con la Comisión de investigación de las Cortes de Aragón sobre la desmesurada implantación de energías renovables por todo el territorio, y las expectativas se han cumplido. La Comisión considera necesario el desarrollo de una planificación que, entre otras cuestiones incluya una zonificación ambiental, en los términos que marca la Unión Europea, de despliegue preferente de renovables, facilitando, así la autorización rápida de los proyectos en estos espacios y garantizando la protección de otros.
En un comunicado, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha calificado de "pérdida de tiempo, de recursos públicos y de dinero" esta Comisión de investigación. "La sabiduría popular se basa en constatar que una misma situación o hecho se repite y obtiene los mismos resultados tantas veces como se produzca, por eso dice que si quieres demorar algo y no obtener ningún resultado, crea una Comisión", denuncian en el texto. Una Comisión que "sí ha servido para poner de manifiesto distintas posturas y ahondar en la división que genera la implantación de los macroproyectos de renovables por su falta de transparencia y su alto componente especulativo".
"En la Comisión de investigación de la implantación de las renovables, entre las conclusiones aceptadas y con mayor consenso, se encuentra la de la aprobación de un Plan Energético de Aragón, caducado hace cuatro años, y elaborar leyes del paisaje y ordenación del territorio. La decisión resulta un poco tardía, ya que están en proceso administrativo proyectos para llenar buena parte de la provincia de Teruel, así como del resto de Aragón, y estando de acuerdo en que nunca está de más planificar y regular, no es menos cierto que si se llega tarde la efectividad es mínima o nula", critican desde Paisajes de Teruel.
"Acordar lo que la ley ya obliga demuestra que la ley no se ha estado cumpliendo"
Y es que esta Comisión también "acepta la falta de personal, las prisas, la deficiente gestión en la tramitación causada por la acumulación de expedientes y por la saturación que el INAGA lleva sufriendo hace años". Pero "todo esto no puede justificar que los expedientes pasen sin las suficientes garantías y sin medidas y controles, pues significaría un incumplimiento legal y no ser garantistas con el medio ambiente", advierten en el comunicado.
A la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel también le resulta, "como poco, sorprendente" que una de las conclusiones acordadas sea que "las empresas cumplan con las medidas impuestas y que se deberá hacer un seguimiento efectivo de todos los condicionantes y acuerdos recogidos en el Plan de Seguimiento". "Acordar lo que la ley ya obliga demuestra que la ley no se ha estado cumpliendo y sería causa suficiente para presentar una denuncia ante la fiscalía o el juzgado. El mismo texto retrata a la Comisión y desvela sobradamente el poco interés por resolver las ilegalidades que se han dado", remarcan.
En este sentido, Paisajes de Teruel recuerda que en Aragón ya existen "leyes claras" sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, pero esto "no ha impedido que durante los últimos años se hayan emitido informes tibios y favorables a la implantación de proyectos en Red Natura, en IBAs, en Parques Culturales, en zonas de protección para especies en peligro de extinción, en suelos calificados como rústico especial, en concentraciones parcelarias y regadíos, que se deberían haber denegado o al menos condicionado su aprobación". "Es una de las conclusiones más incomprensibles y fuera de lugar que ahora la Comisión inste a decidir las zonas idóneas para implantar proyectos", inciden.
En su comunicado, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel afirma que "no deja de sorprender que la Comisión apruebe resoluciones hablando de la importancia de las renovables, de su aportación a la descarbonización, o afirmaciones para ponerlas en valor, cuando la realidad es que nadie, desde los movimientos sociales de oposición, ha puesto en cuestión las renovables ni su importancia para la lucha contra el cambio climático, la mejora de la biodiversidad y la reducción de contaminantes a la atmosfera", ya que lo cuestionado "es el procedimiento administrativo y el apoyo a un modelo pensado para grandes empresas, a las que claramente se ha ayudado y favorecido, olvidando la opción de la implantación por parte de la ciudadanía".
"Cuando se afirma que no hay responsabilidades penales ni defectos que exijan una intervención de la justicia se están olvidando muchas de las declaraciones expuestas en la Comisión", subraya Paisajes de Teruel para recordar que "las consultoras contratadas acreditaron que habían trabajado para empresas cuyos expedientes tenían que evaluar y estos eran pasados a firma del director del INAGA sin ser examinados por funcionarios; posiblemente no exista delito, cosa que deberían decidir los jueces, pero muy legal no parece".
Así, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel sostiene que la existencia de dobles informes para algunos proyectos, que "se deben a una segunda redacción del director", quedó constatada por diversos testimonios, "lo que suena a tráfico de influencias y cambio de criterio por presiones externas". "Las adendas gestionadas sin participación pública, ni información, tampoco dan imagen de legalidad. La falta de rigor en los proyectos presentados, que fue reconocida tanto en la Comisión como en varias Declaraciones de Impacto Ambiental, se debería haber resuelto con la solicitud de presentación de un nuevo proyecto y no con 'parches' de las empresas, que incumplen la ley de participación ciudadana y el Tratado de Aarhus. En varios proyectos se han invadido áreas de hábitat de especies de animales y plantas protegidas y en peligro de extinción y esto supone saltarse la legalidad vigente y llegar a producir daños irreversibles como está sucediendo en el, actualmente paralizado, proyecto de Santos de la Piedra", añade en el comunicado.
La Comisión "habla en reiteradas ocasiones de indefensión del INAGA y la Dirección General de Energía y Minas, por carecer de unos criterios claros y una zonificación, pero la realidad es que ésta sí existía y aunque no fuera preceptiva se podía tener en cuenta y hacerla cumplir, pues para eso la preparó el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)". Además la legislación "es abundante en preservación de especies, de espacios y de hábitats". "No considerar todo esto como criterios para limitar la implantación da idea de cómo se han hecho las cosas", afean desde la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel.
Se "cierra en falso" y sin "visión crítica"
La semana pasada, tras la finalización de los trabajos parlamentarios de la Comisión de investigación en las Cortes de Aragón, Izquierda Unida señaló que no ha habido voluntad de hacer una visión crítica sobre la implantación de las renovables. Su coordinador general y portavoz Álvaro Sanz tildó de "acelerada y desordenada" la implantación de unas renovables que "el gobierno anterior tampoco tuvo voluntad de planificar territorial y ambientalmente".
Por su parte, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, afirmó que la Comisión de las renovables "se cierra en falso y sin investigar la gravedad de los hechos". "Se ha pasado de puntillas por uno de los hechos más graves que ha sucedido en Aragón en décadas; es una actuación de dejación de funciones de control y protección de los valores ambientales de Aragón por parte del anterior gobierno", añadió Guitarte.
Desde Chunta Aragonesista, su presidente Joaquín Palacín, aseguró que el Gobierno de Jorge Azcón (PP-Vox-PAR) "ha quedado en evidencia", porque "no les importaban las renovables, solo estaban interesados en alcanzar el poder político, a costa de lo que fuera".
