En la misiva, que se ha hecho llegar también para su conocimiento al actual Chusticia d’Aragón, la Fundación Gaspar Torrente solicita “la restitución de este monumento, cuya retirada se justificó como una medida provisional a la espera de completar las obras que se iban a llevar a cabo en el entorno del Mercado Central y las murallas romanas”. Sin embargo, transcurridos años desde la finalización de las mismas “todavía sigue sin ser restituido a su emplazamiento original o a otro alternativo que responda a la significación que tiene este Memorial para el pueblo de Zaragoza y para todo Aragón”.
En dicha ubicación se desarrollaron los episodios más decisivos de la rebelión aragonesa contra la violación sistemática de los fueros y libertades aragonesas -vulneración del derecho internacional- que la monarquía, a menudo con la colaboración de la Inquisición, venía aplicando desde hacía décadas y que culminaron con la revuelta aragonesa de finales de 1591 por el caso de Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II de Castilla, caído en desgracia.
En esa zona de la capital de nuestro país, no solo se encontraba la llamada Cárcel de los Manifestados, máximo exponente de las garantías personales que el Chusticiazgo ofrecía a cualquier regnícola que considerase que sus derechos procesales estaban siendo vulnerados por el abuso de las autoridades, incluyendo al propio monarca, sino también la casa que la familia Lanuza tenía en la plaza del Mercado de Zaragoza. Esta casa fue demolida por orden del rey Felipe II, Felipe I para Aragón, tras el asesinato del Chusticia, como parte de las medidas represivas que el déspota desató contra él, su familia y centenares de aragoneses de toda condición social, y contra los derechos nacionales del Pueblo aragonés.
