La Fundación Nueva Cultura del Agua, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial y los grupos ecologistas ANSAR, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción Aragón, SEO/BirdLife y Fundación Quebrantahuesos celebran que se hayan reconocido los graves impactos ocasionados en el río Osia como consecuencia de las obras desproporcionadas realizadas en el río en el año 2020, con el objeto de reparar los daños en la carretera A- 2605, en el término municipal de Aragúes del Puerto.
No obstante, les parece lamentable que no se produjera la vigilancia adecuada y las medidas de prevención que impidieran los daños al río ocasionados. En este sentido, aclaran que dicha obra se inició el 4 de mayo de 2020 sin contar con los permisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ni con los del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
Tal como indicó en su día la propia CHE, “el carácter urgente de los trabajos no justifica la envergadura de la actuación realizada ni exime al promotor de las obras de obtener la correspondiente autorización/conformidad del Organismo de Cuenca”.
Los colectivos de la comunidad científica y ecologista que en su día denunciaron lo que estaba ocurriendo, desmienten por tanto las declaraciones del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, realizadas el pasado 2 de febrero, en las que afirmaba que se iniciaron las obras con el permiso del INAGA, “cuando es sabido que este permiso y su condicionado se recibió en el mes de agosto, a escasos días de la finalización de la obra, cuando el daño estaba realizado”, señalan.
Asimismo, dichos colectivos declaran que les parece “lamentable” que el Departamento de Vertebración del Gobierno de Aragón no respondiera a los continuos requerimientos de la CHE que, tras contrastar la gravedad de los hechos, con fecha 29 de septiembre de 2020 les requirió “la restructuración fluvial del tramo afectado y la presentación de un documento técnico que mostrara la restauración, restitución o adecuación hidromorfológica de la obra efectuada”.
Ante la falta de respuesta a dicho requerimiento, le fue reiterado con fecha 3 de febrero de 2021 y con fecha 8 de julio del mismo año, en el que se les comunicaba que de no atenderse al mismo podría iniciarse procedimiento sancionador. Tras la ausencia total de respuesta se inició el 24 de noviembre de 2021.
Estos hechos “demuestran que si el Gobierno de Aragón hubiera contestado al requerimiento de la CHE, presentando el documento técnico de restauración requerido hasta en tres ocasiones, se podría haber evitado la sanción que ahora ha sido aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de cerca de 603.000 euros al Gobierno de Aragón y que vamos a pagar entre todos”, es la conclusión de las entidades anteriormente nombradas.
Por todo ello, la comunidad científica y colectivos ecologistas consideran deberían depurarse responsabilidades y denuncian una vez más la irresponsabilidad de los organismos implicados, “ya que no puede permitirse que se inviertan 339.097,77 euros en la reconstrucción de un terraplén de apoyo de la carretera que había sido destruido ante una crecida del río Osia y que tras la realización de la misma, no solo se hayan producido impactos ecológicos y geomorfologicos graves sino que además se haya aumentado la peligrosidad para futuras crecidas”, recuerdan.
Celebran, por tanto, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconozca los graves impactos ocasionados en el río Osia en Aragües del Puerto y que tenga que procederse a la restauración fluvial del tramo afectado. Consideran que es “urgente” que se pongan medidas para que estos hechos “de falta de responsabilidad, por omisión o acción, no vuelvan a ocurrir” y que la actual restauración el tramo del río Osia afectado que hay que realizar cuente con la supervisión científico-técnica rigurosa, antes de su aprobación y en el seguimiento de la misma.
