El lugarteniente, Javier Hernández, por indisposición del Chusticia Dolado, ha hecho entrega este miércoles, 30 de marzo, al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, del Informe Anual de 2021.
En el ejercicio 2021 se han tramitado 2.699 expedientes (2.130 en 2020; 1.612 en 2019, y 1.764 en 2018), y como resultado de estos se han dictado 270 resoluciones (237 en 2020; 261 en 2019, y 237 en 2018).
El aumento de aproximadamente un 30%, tanto en expedientes como en resoluciones, refleja el alto número de asuntos que se realizaron sin una tramitación “ordinaria” (por la urgencia o las circunstancias), así como de la persistencia en las dificultades que los y las habitantes de Aragón siguen percibiendo y sufriendo en su interacción con las diferentes administraciones aragonesas.
Tanto es así que en la introducción que el Chusticia Dolado realiza al comienzo del Informe expresa: “Si tuviera que marcar dos grandes líneas maestras que recorren toda la casi totalidad de áreas serian: las carencias en la accesibilidad de los ciudadanos a la administración y el aumento de la exclusión social. La generalización de los sistemas de citas previas, las gestiones exclusivamente telemáticas o la falta de personal de atención directa al público están generando muchas de las quejas de los aragoneses. (….) Accesibilidad y humanización: es la clave para lograr una administración amable, cercana y eficaz".
Claro ejemplo de ello es el aumento de un 253% de los expedientes relativos a Sanidad, pasando de 153 expedientes en 2020 a 380 en 2021, y muy especialmente que el número de expedientes referidos a la Atención Primaria se aproxime a los relativos a lista de espera quirúrgica, siendo este último el motivo por el que tradicionalmente más quejas se han recibido en la institución en materia de sanidad. Las personas afectadas manifiestan dificultades y excesiva demora tanto para acceder a este nivel asistencial como para una primera consulta con el especialista o la realización de pruebas diagnósticas.
La inquietud motivada por las decisiones sobre la incorporación del alumnado a las aulas en el segundo trimestre del curso 2020/2021, o cómo proceder en la llegada del curso 2021/22 han sido el objeto de tramitación de numerosos expedientes en el área de Educación, pero en este mismo área se destacan las necesidades en tecnologías para la obligada educación semipresencial y/o digital, que ha generado situaciones de exclusión para colectivos vulnerables.
En Servicios Sociales, durante este año, ha existido un alto nivel de quejas presentadas, un 53% más que en el ejercicio anterior, si bien, se ha producido una traslación importante, ya que han pasado de estar centradas en residencias de personas mayores, COVID y prestaciones, a que sean estas últimas las que han acaparado mayor número de expedientes, especialmente con relación al Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo (PACIMV), sobre las que se han operado cambios normativos, que han afectado a la tramitación de dichas prestaciones, generando incertidumbre entre las personas afectadas.
Por otro lado, el número muy elevado de quejas referidas a viviendas de alquiler social motivó la elaboración por parte de esta Institución de un 'Informe especial sobre Vivienda Social en Aragón', del que se desprende que el parque de vivienda social no responde a las necesidades de la ciudadanía y se ha visto desbordado por los efectos de la pandemia, tras la crisis previa de 2008.
Empleo público, urbanismo, agricultura, servicios públicos o asuntos relativos a interior y justicia completan la totalidad de las materias de actuación en materia de defensa de los derechos de la ciudadanía que objeto de sugerencias a las administraciones han sido aceptadas en un 51%, parcialmente aceptadas en un 12%, no aceptadas en un 16% y sin respuesta o pendiente de la misma en un 21%.
🔍 Puedes consultar el análisis del Chusticia d'Aragón sobre el Informe Anual de 2021
