El sindicato CGT comunica que ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la Consejería de Educación para que se reconozca el derecho a percibir el complemento de formación (comúnmente llamados sexenios) a los funcionarios y funcionarias docentes en interinidad. A este acuerdo se ha llegado tras el compromiso de esta organización sindical de retirar la demanda interpuesta por prevaricación a la Administración educativa por vulnerar la normativa europea, a cambio de que el Departamento de Educación comenzase a reconocer este derecho sin obligar a las plantillas trabajadoras a reclamarlos judicialmente.
CGT recuerda que fue el primer sindicato que consiguió, en marzo de 2015, ganar por vía judicial, y con retroactividad, el que la Administración reconociera el derecho de un funcionario docente interino a percibir este complemento de formación. Esa sentencia fue el inicio de una cascada de sentencias favorables, unas 5.000 hasta el momento entre todos los sindicatos y casi 1.500 solo de CGT, que reconocían este derecho de la plantilla en interinidad, para equipararlo al de funcionarios y funcionarias de carrera.
A pesar de esas miles de sentencias favorables y a las numerosas reclamaciones realizadas en las Mesas Sectoriales y Juntas de Personal, la Administración seguía negando este derecho a las personas que lo reclamaba, que se veían obligadas a hacerlo judicialmente, con el consiguiente gasto económico.
CGT, agotadas todas las vías de negociación con la Administración en este asunto, inició una nueva vía judicial en la que se demandaba por prevaricación a la administración educativa aragonesa con el objetivo de conseguir abrir una negociación que terminara con esta discriminación hacia el profesorado interino.
Tras llegar a un acuerdo con el Departamento, y conseguido el objetivo inicial de que el cuerpo funcionario interino y en prácticas no tuviera que ir a los juzgados para obtener su derecho a percibir los sexenios, CGT ha comunicado que ha retirado la demanda interpuesta.
El tener que acudir a la vía judicial económicamente suponía un gasto tanto para los y las interinas que tenían que iniciar el proceso judicial, como para la propia Administración que también tenía que hacer uso de su gabinete jurídico, con el coste correspondiente, para tratar de no pagarlos. Para las personas afectadas un sexenio, en 2020, suponía 83 euros; el segundo, 99; el tercero, 124; el cuarto, 141, y por último, 52 el quinto sexenio.
Desde CGT Enseñanza, segundo sindicato de la enseñanza pública aragonesa, celebran este acuerdo “que termina con la discriminación, en cuanto al derecho a percibir sexenios, que el profesorado interino y en prácticas tenían con respecto a sus compañeros y compañeras funcionarias de carrera”.
