Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón el cumplimiento urgente de la Ley de Emergencia Social de 2016, en concreto, en el título relativo a vivienda y la puesta en marcha de medidas para garantizar la alternativa habitacional a quienes carecen de vivienda o la han perdido. Su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha defendido una moción en el Pleno de las Cortes de Aragón de este miércoles y que incluye cinco puntos con propuestas para atajar una de las caras de la pobreza, “el acceso a una vivienda”.
“Pese a que hay casas sin gente se están produciendo desahucios y hay personas que no tienen derecho a techo”, ha denunciado Sanz para advertir que “ahora la prioridad es atajar la pobreza en todas las dimensiones porque las brechas preexistentes se están incrementando, a pesar del escudo social desplegado por el Gobierno de España con los ERTE”.
El diputado IU ha reclamado que se suspendan los lanzamientos y ha apelado a los derechos fundamentales para pedir el cumplimiento del compromiso presupuestario que IU alcanzó con los grupos que sustentan al cuatripartito aragonés y cristalizó en un acuerdo político que incluye medidas como destinar más recursos del presupuesto autonómico para adquirir vivienda para el alquiler social y crear oficinas municipales para acabar con el “maltrato institucional” que “sufren las personas que viven verdaderos laberintos burocráticos para obtener sus informes de vulnerabilidad".
Sanz ha hecho referencia a los últimos cuatro lanzamientos, indicando que se han frenado por la normativa temporal estatal y también por la presión popular, criticando que no han contado con la implicación oportuna del Gobierno de Aragón, a quien ha urgido a paralizar los lanzamientos.
Con su moción, IU también pretende que Aragón se adelante de cara a la futura regulación de los precios de alquiler por parte de la legislación estatal, detectando cuáles son las zonas donde las viviendas están tensionadas, cuáles son los precios y si son abusivos y el nivel de renta media. También, en su opinión, se debe identificar a los grandes tenedores de vivienda, “quienes por su capacidad de dominio facilitan el incremento de precios o no lo bajan, porque la vivienda es un bien social y no un negocio”. Asimismo, Sanz ha recordado que el Parlamento Europeo ha instado a todos los Gobiernos a garantizar los alquileres justos de vivienda.
Otro de los puntos de la iniciativa aboga por la movilización del parque de vivienda vacía, en muchos casos en manos de entidades financieras o de la SAREB, “porque el problema es que hay gente que se queda en la calle sin alternativa teniendo muchas casas, en muchos casos de entidades financieras”, ha advertido.
“Además, es importante animar a las personas que cuentan con segundas viviendas a ponerlas a disposición de la bolsa pública para una correcta política de derecho a techo, que afecta a los jóvenes que quieren emanciparse y no pueden y a familias que llegan muy justitas a fin de mes y necesitan precios asequibles”, ha concluido.
