Desde el sindicato CGT explican que “esta persona lleva con su actividad de Auxiliar de Educación Especial paralizada, desde el 8 de septiembre, por el riesgo inasumible a la que se le somete en su puesto de trabajo por su condición de Trabajadora Especialmente Sensible -TES-, en el Colegio de Educación Especial Alborada”.
Fuentes del sindicato señalan que “es una situación lamentable que no podemos tolerar. Con esta denuncia queremos apoyar a una compañera que lleva en la puerta de su centro de trabajo veinte días a la espera de una resolución por parte de Inspección Laboral. Los días pasan y aquí nadie se pronuncia al respecto, la sensación de indefensión es total”.
Después de que la propia trabajadora tomase la decisión de paralizar la actividad bajo el amparo del artículo 21 en su punto 2 de la Ley 31/1995 de PRL, explican desde CGT que “el aula dónde debería desempeñar sus funciones está cerrada temporalmente por el contagio de dos alumnos y un docente”. Ante este hecho, el segundo sindicato en representación en la mesa sectorial señala que “es un problema que ya se plasmaba en la denuncia que interpuso CGT Enseñanza el pasado 11 de agosto ante la propia Inspección de Trabajo, de la que todavía no tenemos respuesta”.
“La educación aragonesa carece de planes preventivos y de evaluaciones de riesgo en los puestos de trabajo, incumpliéndose de una manera flagrante la legislación. Si esta persona hubiese estado en su aula y se hubiera contagiado su vida estaría corriendo peligro en estos momentos. Los Trabajadores Especialmente Sensibles -TES- se encuentran en una situación muy peligrosa con la realización de su actividad y las consecuencias pueden ser catastróficas”, denuncian desde el sindicato.
Desde CGT se insta a Inspección de Trabajo a que “tome una determinación, esta semana vamos a solicitar una reunión urgente con la Jefatura de Inspección de Trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores de educación en Aragón no pueden vivir en esta situación de incertidumbre en un momento tan delicado. Somos conscientes de que es una decisión muy complicada porque la ilegalidad en la que se está viviendo en los centros de enseñanza de Aragón es insostenible, incluso podría suponer el cierre de toda la educación aragonesa e Inspección lo sabe. Pero la mala praxis del consejero Felipe Faci y del Presidente Javier Lambán no puede repercutir en la salud de los profesionales de la enseñanza. El incumplimiento sistemático de la Constitución Española de 1978, del ordenamiento jurídico y de la normativa europea en materia de salud laboral tiene que tener una respuesta contundente”.
Por último, en CGT muestran “una gran preocupación desde que ha comenzado el curso, pues innumerables Trabajadores Especialmente Sensibles de Educación se han puesto en contacto con nuestro sindicato para denunciar sus problemáticas”, añaden que “muchos de ellos se están redirigiendo a sus médicos de cabecera y otros están pidiendo permisos no retribuidos. No puede ser que la adaptación de los puestos de trabajo corra a cargo de la Seguridad Social o de los propios trabajadores por el incumplimiento de la legislación laboral por parte del Departamento de Educación”.
“Se necesita una respuesta rápida de la Autoridad Laboral en el caso de esta trabajadora y se necesita ya, para que se aclare de una vez por todas la situación del personal educativo especialmente sensible”, concluyen.
