Una imagen que se repitió en más de 80 ciudades de los distintos territorios del Estado, en la que miles de personas protestaron frente a las audiencias provinciales y juzgados por la decisión del Tribunal Supremo de "dar marcha atrás" de su propia decisión y situarse del lado de la Banca perjudicando así a millones de personas, al tiempo que plantea serias dudas sobre su independencia judicial.
Tras dos días de deliberaciones, el Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo acordó por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en los préstamos hipotecarios es el prestatario.
Una decisión que ha sido muy criticada entre las asociaciones de personas consumidoras, plataformas y entidades del ámbito judicial. Partidos políticos y sindicatos la calificaron de “vergüenza” y denunciaron la influencia de la Banca en la decisión tomada
