El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, aseguraba el pasado viernes que el gobierno está inmerso en la búsqueda de soluciones que eviten el tránsito de camiones por la plaza de España de Chodes (Zaragoza), declarada Bien de Interés Cultural en la figura de Conjunto Histórico en 2002. Sin embargo, sus declaraciones resultaban contradictorias cuando, en cierto modo, excusaba a los camiones que atraviesan esta plaza asegurando que si no se pasa por ese lugar, hay que dar una "vuelta enorme", motivo por el que el Gobierno de Aragón está estudiando varias posibilidades, aseguró Soro.
Parece que pese a tener la solución delante de sus narices, como es prohibir el paso por esta plaza, declarada como BIC, tanto el Gobierno de Aragón como la alcaldía de la localidad prefieren seguir especulando con variantes al este o al oeste de la localidad, que utilicen caminos ya transitados, mientras los arcos en la plaza continúan siendo golpeados por camiones que han terminado por provocar grietas en el interior de las viviendas situadas encima de los mismos.
En la respuesta del Gobierno de Aragón a la pregunta planteada por Patricia Luquin en las Cortes, las conclusiones que se pueden sacar son más bien vagas. En este sentido el Gobierno de Aragón lo único que ha descartado, así lo ha dejado claro el consejero José Luis Soro, es realizar una variante que costaría entre dos y tres millones de euros, con unos plazos de ejecución que rondarían los seis años.
Para la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), la sesión en las Cortes de Aragón de este viernes sirve de comprobación de que la actividad parlamentaria viene a resultar en la práctica muchas veces inútil para la sociedad.
"En relación con la Plaza de España de Chodes (Zaragoza) y la respuesta del gobierno, representado aquí por el Consejero de Vertebración del Territorio, resultan un brindis al sol, pues ayer en las Cortes ni se llegó al fondo de las cuestión ni parece que hubiera decidida voluntad de resolver", advierten desde la asociación en defensa del patrimonio.
Apudepa vuelve a recordar que la situación del Conjunto de Histórico de Chodes es en extremo irregular por cuanto desde hace muchos años pasan por allí grandes camiones incompatibles con la naturaleza del Bien de Interés Cultural y para las propias viviendas que soporta esa plaza.
"Al parecer, tendrá que pasar alguna desgracia para que nuestra administración tome cartas en el asunto porque como detalle valga este: si hasta comienzos del 2016 se prohibía el paso a vehículos con más de 3,5m. de gálibo, a partir de esa fechas se permitió más altura, 3, 8 m., gran irregularidad que fue bendecida por la actual Dirección General de Movilidad. ¿Hasta cuándo en este país la sociedad tiene que soportar tanto desprecio? ¿Hasta cuándo la cultura va a seguir siendo la fámula del colegio?", se preguntan.
Apudepa recuerda que la decisión de la Dirección General de Movilidad al promover el cambio del gálibo tenía que haber sido Informada por la Comisión Provincial de Patrimonio, tal y como recoge la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés relativa a actuaciones sobrevenidas en Bienes declarados de Interés Cultural, art. 35. 2 y 4 "Autorización Cultural" , en donde se dice expresamente, "la realización de obras o actividades en los Bienes de Interés Cultural o en el entorno de los mismos, siempre subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejen su conservación, deberá contar antes de la licencia municipal con autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural".
Ante tal cúmulo de irregulares, el pasado 17 de octubre las asociaciones de Apudepa, Jalón Vivo y Puyalón han solicitado una reunión con el consejero de Vertebración del Territorio a fin de pedir explicaciones sobre el aumento de gálibo; exigir como solución de urgencia que de forma inmediata se rebaje el gálibo que rige en la actualidad y, finalmente, para que el Consejero de Vertebración del Territorio impulse una reunión convocando a la Dirección General de Patrimonio, a la DPZ, a la comandancia de la guardia civil de tráfico de Calatayú, a los empresarios afectados de la zona y a las asociaciones aquí citadas.
