Según datos oficiales, entre el 25 y 27 del pasado mes de marzo se produjeron 87 asesinatos en el territorio salvadoreño, producto de la violencia desatada en estos tres días, sobre todo el sábado 26, día en el que se reportaron 62 personas asesinadas. Ante ello, bajo la dirección del poder ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprueba el Decreto N° 333 con el que se establece un Régimen de Excepción por 30 días.
En la actualidad, las autoridades han reportado la captura de más de 1.400 personas sospechosas, o relacionadas a las pandillas, a quienes acusan de haber cometido estos crímenes. Con el Régimen de Excepción, tanto la policía como la fuerza armada han estado haciendo uso de acciones de captura y, en algunas ocasiones, haciendo uso excesivo de la fuerza, violentando derechos humanos en algunos casos. A todo ello, el presidente Bukele ha solicitado a la Asamblea más herramientas para combatir las pandillas.
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) se solidariza con las familias de las víctimas de los hechos acaecidos en los últimos días, producto de la inseguridad en el país.
A la vista de lo anterior, se preguntan "qué ha pasado con el Plan Control Territorial”. Los hechos recién pasados demuestran, a opinión de la Comisión, que no ha tenido en absoluto efectividad, al igual que los planes de los anteriores gobiernos.
Por todo esto hacen un llamado al gobierno a "no entrar en acusaciones sin ningún fundamento" y cesar en sus ataques a los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, tanto estatales como internacionales.
El Comité analiza que este problema "se debería tomar con mucha seriedad", tomando en cuenta a todos los sectores sociales del lugar y de la comunidad internacional, y su propuesta es la de buscar estrategias que lleven a la elaboración de un verdadero plan para la erradicación de la violencia social en nuestro país.
Para ello se debe abordar el combate a la pobreza; la mejora del nivel educativo; fortalecer el trabajo de la PNC para la seguridad y garantía del respeto a los derechos humanos; combatir la corrupción que tanto daño ha causado a este pueblo; un sistema de justicia independiente, profesional, garante de la erradicación de la impunidad, y respeto pleno de las opiniones y de los medios de comunicación.
"No es con ataques o acusaciones con lo que se resolverán los problemas de inseguridad, sino más bien los profundiza, llevando a todos los salvadoreños y salvadoreñas a seguir soportando más dolor, derramamiento de sangre y división en nuestra comunidad", concluye el Comité de Derechos Humanos.
