La Plataforma por unos comedores escolares públicos de calidad, tal y como acordó en su última asamblea, ha instado de forma escrita, tanto a las Direcciones de sus respectivos centros educativos así como al inspector jefe Provincial del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, que se licite de forma inmediata el servicio de comedor escolar y servicio de atención y cuidado del alumnado de centros públicos de educación infantil y primaria y de centros de educación especial en Zaragoza y las comarcas del centro de Aragón, que en estos momentos se encuentran externalizados.
Son 42 asociaciones de padres, madres y familias las que han presentado sus propias instancias, entidades que están sufriendo la paralización de esta licitación. “Un número elevadísimo que debiera de hacer pensar a la administración la importancia que para estas asociaciones tiene el Servicio de comedor escolar”, señala la plataforma.
Declaran que es “intolerable e injustificable” el periodo de tiempo que se lleva gestionando este servicio “de forma irregular”. Se trata de adjudicaciones directas de obra menor que no puede exceder la cantidad de facturación de 15.000 euros y que en la mayoría de casos es superada. “Nos preguntamos donde está la Intervención de la Diputación General de Aragón, y si el uso reiterado y prolongado de esta forma de adjudicación no conlleva ningún tipo de responsabilidad para quien abusa de ella”, afirman las asociaciones de familias.
Denuncian que mientras no se soluciona el problema de las licitaciones, los niños y niñas, así como sus familias, siguen soportando “la pérdida de calidad que conlleva la gestión fuera de un pliego de licitación que incluya mejoras que actualmente no están contempladas y que provocan una pérdida económica a la administración”, que es costeada en la mayoría de las ocasiones por las propias familias.
Desde la Plataforma dicen que continuarán con procesos de movilización para que la administración educativa “cumpla con los plazos legales de licitación normal del servicio” y no siga utilizando formas extraordinarias y urgentes de adjudicación, “que colocan a las familias en una situación de indefensión frente a las actuales contratistas”.
