El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha denunciado que la actuación en Función Pública del gobierno PP-Vox-PAR presidido por el populista Jorge Azcón “se define por la imposición, la falta de transparencia y la gestión incompetente” y que “continúa agravando los problemas de plantillas insuficientes, caos jurídico, temporalidad e incumplimiento de la ley de la anterior etapa con Javier Lambán”.
Como ejemplo de la situación, destaca el sindicato que “en Administración General del Gobierno de Aragón trabajan 12.189 empleados y hay 1.453 plazas vacantes, lo que supone que el 12% de los puestos están sin atender. Y otros tantos funcionarios fijos están en comisión de servicio. Estas dos anomalías representan nada menos que la cuarta parte de la plantilla”.
STEPA ha incidido en que “las denuncias que se suceden sobre el atasco en distintos servicios, entre los últimos algunos tan básicos como la valoración de las ayudas a la dependencia o las autorizaciones a empresas del INAGA, prueban que la administración aragonesa va camino del colapso, y que PP-Vox han aumentado incluso la nefasta gestión de personal y el deterioro de la administración del anterior cuatripartito PSOE-CHA-PAR-Podemos de Javier Lambán”.
En ese sentido, señalan que “este número de vacantes está creciendo rápidamente a consecuencia de los ceses masivos de trabajadores temporales”. Según los cálculos del sindicato, aumentó en 174 personas solo entre febrero y marzo, con un ascenso del 13,6%, provocando cada vez peor atención a la ciudadanía y mayor sobrecarga y tensión en los empleados públicos, por lo que considera que “no es descabellado pensar que se busca la ineficacia de esta administración como antesala de la externalización de servicios”.
Empleo público “sin plazas fijas ni definitivas”
La temporalidad no ha dejado de aumentar año tras año y según los últimos datos oficiales (de junio de 2023, ya que sigue pendiente de publicación el Boletín de Personal de diciembre), tienen contrato temporal el 56% de los empleados y empleadas de la DGA, frente al 11% en el sector privado.
El boletín de personal también señala que en esa fecha “además, el 28% de los funcionarios y laborales fijos, más de 1.500 en total, no ocupaba su destino definitivo, sino una plaza provisional en comisión de servicios, una fórmula que según la ley se limita a casos de urgente e inaplazable necesidad”, enfatizan desde el sindicato.
STEPA señala que el concurso abierto y permanente de traslados abierto por el Gobierno de Aragón para acabar con esta situación “ha sido un completo fracaso y no ha servido para que los funcionarios de carrera promocionen adecuadamente y estén satisfecho con los puestos adjudicados por la baremación, y tampoco para reducir el índice de destinos provisionales”.
También aseguran que aunque “el proceso está recurrido en los Tribunales, no dejan de publicarse diariamente en la intranet nuevas comisiones de servicio, continuando la inestabilidad y el número de vacantes, ya que el principal efecto ha sido que se han producido unos 300 ceses de temporales por el efecto cascada del movimiento de personal fijo, aunque luego el adjudicatario haya pedido otra plaza y quede desocupada”.
“La apisonadora contra los temporales”
El sindicato también ha denunciado que estos ceses “vulneran con palmaria claridad la ley 20/2021 y la jurisprudencia europea”, ya que afectan a trabajadores y trabajadoras temporales con más de tres años de antigüedad en sus puestos “que tienen derecho a pasar a fijos, la misma sanción ante el abuso de temporalidad que se aplica en el sector privado, o en su defecto a elevadas indemnizaciones”.
Asimismo, a consecuencia de otros procesos “han ido a la calle unas 250 personas más y la estimación es que hasta el verano se sumarán más de mil trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres de edad avanzada y con muchos trienios de servicios prestados”, recalcan.
STEPA ha resumido que “la política laboral del Gobierno de Aragón se basa solamente en seguir con la apisonadora para echar temporales, sin otro objetivo que reducir las elevadas tasas de temporalidad”. En este sentido, el sindicato ha recalcado la “hipocresía de no cumplir la ley cuando obliga a identificar y consolidar las plazas de quienes han sobrepasado los tres años, a la vez que Función Pública busca cesar a los interinos que van a cumplir ese límite”.
“El Gobierno de Aragón es responsable de no haber resuelto en plazo los procesos selectivos para cubrir las plazas fijas necesarias y seguir adelante con los despidos de temporales en abuso conllevará a medio plazo, o bien a duplicar puestos de trabajo, o a desembolsar cuantiosas indemnizaciones, proporcionadas y disuasorias al fraude cometido”, ha concluido el sindicato.
Falta de transparencia
STEPA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón en coalición con CATA, ha reclamado “identificar todas las plazas de temporales en abuso, retirarlas de cualquier otro sistema de provisión de puestos para no echar a ninguna víctima a la calle y acelerar la ejecución de las convocatorias priorizando el concurso de méritos, como el sistema más ágil y económico”.
Por el contrario, el Gobierno de Aragón “ni siquiera ha cumplido con el primer y obligado paso de informar qué plazas cumplen con los requisitos legales para optar a la fijeza”. Por este motivo, STEPA ya presentó una queja al Chusticia d’Aragón, el pasado mes de enero, sin embargo “y en una nueva muestra de la falta de transparencia del ejecutivo de Jorge Azcón, la propia institución ha informado de que el Departamento de Hacienda y Administración Pública no ha contestado todavía a la petición, de obligado cumplimiento, de facilitarle la información sobre las cuestiones planteadas”.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha recalcado que continuará con sus acciones “para que se cubran todas las vacantes dotadas sin ocupar por funcionarios de carrera y no se prescinda de la dilatada experiencia del personal temporal interino porque en la Administración aragonesa hay sitio para todos, si se quiere dar un servicio público de calidad”.
