Bajo el lema “La vivienda es un derecho, no un negocio”, la Coordinadora de Vivienda de Aragón convoca una manifestación en Zaragoza el próximo sábado 20 de marzo a las 11.00 horas con salida delante del Edificio Pignatelli (Paseo María Agustín, 36).
La movilización se enmarca en una jornada de lucha estatal para reclamar al Gobierno de España reconozca en su futura Ley de Vivienda el derecho a la vivienda de forma efectiva. Para ello, diversos colectivos han impulsado la campaña estatal “Iniciativa que garantice el derecho a la vivienda”.
Desde las diferentes organizaciones se exige que esta ley garantice el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
Otra de sus reivindicaciones es la paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, “así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos”.
Por otra parte, piden asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, “haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria”.
Otro de los puntos que la Coordinadora de Vivienda de Aragón considera fundamentales dentro de la iniciativa es la regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio y una modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
“Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna” es otra de las demandas a nivel estatal.
Solicitan al Gobierno de Pedro Sánchez que en la futura ley de vivienda se garantice una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
Otra de sus demandas es la ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda “hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo”.
Por último, reclaman más participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
Por todas estas razones hace un llamamiento a esta gran movilización del próximo 20 de marzo.
