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Vestigios del franquismo

Una iniciativa del senador de Compromís Carles Mulet revela cómo más de 70 municipios aragoneses, uno de cada diez, mantienen símbolos franquistas y siguen dedicando calles y plazas a los responsables de la sublevación militar de 1936 y la posterior dictadura franquista
| 7 mayo, 2018 07.05
Vestigios del franquismo
Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Más de 70 municipios aragoneses mantienen símbolos franquistas en edificios y continúan dedicando calles y plazas a figuras de la dictadura o de la sublevación militar de 1936, según ha puesto de manifiesto una iniciativa del Senado impulsada por Carles Mulet, de Compromís.

La campaña de requerimientos, en la que el presidente del Senado, Pio García Escudero, ha remitido más de 2.000 cartas a consistorios de todo el Estado, una por cada calle o símbolo dedicado a personas o episodios relacionados con la sublevación, la dictadura o sus dirigentes de los que hay constancia, ha logrado que en apenas cuatro meses más de 200 pueblos y ciudades acataran la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, cambiando los nombres de más de 700 calles y plazas.

Sin embargo, la iniciativa, en la que la cámara alta requiere a los consistorios que le informen de los expedientes que han puesto en marcha en los últimos diez años para eliminar esos vestigios de la dictadura, está teniendo un escaso seguimiento en Aragón, donde solo catorce de los 89 ayuntamientos que han recibido las cartas han respondido positivamente. Otros cuatro han escrito al Senado para mostrar su desinterés por cumplir la normativa; en algunos casos, incluso, con respuestas airadas.

El balance de la campaña en Aragón es de catorce cumplimientos, cuatro negativas y 71 silencios, entre ellos el del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha recibido diez misivas: cinco por la capital y otras cinco por los barrios rurales de Casetas, Monzalbarba, Garrapinillos, Peñaflor y Montañana. No obstante, el equipo de Gobierno de Zaragoza en Común tiene en marcha una campaña de revisión del callejero y ha puesto en macha varias iniciativas memorialistas, como la colocación en el edificio consistorial de una placa de homenaje a los alcaldes y concejales asesinados por los sublevados.

Una norma sin sanciones

La existencia de una ley con más de una década de vigencia y el hecho que el requerimiento proceda de la cámara alta no ha impedido que varios alcaldes muestren su negativa a aplicarla y mantengan en sus pueblos el reconocimiento a los artífices de la guerra civil y de la posterior dictadura.

“El problema de la Ley de Memoria es que no tiene régimen sancionador: a quien la incumple no le pasa nada, y nadie se había preocupado de hacerla cumplir”, explica Mulet, para quien “es un poco triste que hayamos tenido que ser nosotros quienes tomáramos la iniciativa”.

“A fecha de hoy se siguen cambiando nombres de calles y plazas”, explica el senador, que anota que también se da el caso de ayuntamientos que, tras hacerlo, no habían reemplazado las placas antiguas por otras con la nueva denominación o que no habían comunicado los cambios al INE. No obstante, añade, “la ley se está cumpliendo en la mayoría de los casos”.

De hecho, las cartas del presidente del Senado han permitido que algunos ayuntamientos pudieran eludir las polémicas locales que en algunos casos, por resistencia de determinados sectores del vecindario, les llevaban a retrasar y a posponer los cambios en el callejero y la retirada de los símbolos.

Cuatro alcaldes en contra

En algunos casos, la falta de respuesta ha llegado a las fiscalías provinciales, ante las que Compromís también ha denunciado las contestaciones airadas que han emitido algunos consistorios. Esa situación no se ha producido en Aragón, pese a que algunas respuestas no han sido precisamente receptivas.

Una de ellas procede de un alcalde del mismo partido que el presidente del Senado, el PP. “Debería usted de preocuparse más por los asuntos de su territorio y dejar que en el resto de España cada uno nos preocupamos de lo que nos corresponde”, señala Tomás Escolano, alcalde de Terrer, donde al INE le consta que el general Franco sigue teniendo calle y donde la fachada de la iglesia muestra una placa de homenaje a 22 “caídos por Dios y por España”.

La otra llega desde las filas del PSOE, cuyo exsecretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó la Ley de Memoria Histórica como presidente del Gobierno. “Nuestro municipio no tiene ninguna calle, plaza o espacio público con referencias a los diferentes puntos contemplados en la ley”, señala Vicente Corbacho, primer edil de Las Pedrosas, pese a la existencia de una placa con siete “caídos”, más José Antonio Primo de Rivera, en la fachada de la iglesia.

“Comprenderá el esfuerzo sobrehumano que este alcalde debe hacer para contener sus palabras por el requerimiento”, añade, en una carta de tres folios en la que le afea al senador “el trastorno” y la “pérdida de tiempo” que le causa su iniciativa. “No sabía si reir o llorar”, dice.

El alcalde, no obstante, insiste en que “hace muchos años que no tenemos ninguna calle, plaza o espacio público con referencias a la dictadura” y mantiene que la placa de la iglesia “ya no se encuentra visible, por haber sido retirada”. Al mismo tiempo, señala que “lamentablemente algunas empresas privadas siguen manteniendo el callejero antiguo sin actualizar”, lo que da lugar a situaciones como que una empresa eléctrica “empapeló el pueblo con las calles afectadas, todas ellas con nombres eliminados en algunos casos hace más de 30 años”.

Otro alcalde de ese mismo partido, Ramón Duce, de Ibdes, despacha el requerimiento con un breve texto de ocho líneas en el que indica que “a día de hoy por parte de este ayuntamiento no se ha adoptado ningún acuerdo ni se ha iniciado trámite alguno en relación con la solicitud efectuada”.

Y José Antonio Castillón, alcalde de Albalate de Cinca por el PP, adelanta que no tiene ninguna intención de que el fundador de Falange deje de tener dedicada una de las principales calles del pueblo: “a día de la fecha del presente, no consta expediente alguno relativo al cambio de denominación de la calle José Antonio”, responde.

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La nueva Ley de Memoria Democrática

Los ayuntamientos que mantengan símbolos franquistas se exponen a sanciones económicas una vez entre en vigor la Ley de Memoria Democrática de Aragón, cuyo proyecto se encuentra en tramitación. “Con carácter general, las entidades locales de Aragón que no eliminen de sus edificios y espacios públicos símbolos contrarios a la Memoria Democrática de Aragón (…) podrán ser objeto de sanción mediante la exclusión de procesos de concesión de subvenciones y ayudas públicas” de la comunidad, señala el texto, que también contempla que cuando “estén colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación” y que, si estos permanecen allí, “el departamento competente en materia de Memoria Democrática incoará de oficio el procedimiento para la retirada”.

La revisión, salvo que el texto cambie durante su tramitación, no afectará únicamente al callejero sino que obligará a “las administraciones públicas de Aragón” a “revisar y revocar por los procedimientos legalmente establecidos toda distinción, mención, título honorífico o cualquier otra forma de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista, como los títulos de alcaldes honorarios, hijos predilectos o hijos adoptivos”.

Incumplir las resoluciones que ordenen retirar ese tipo de símbolos será una infracción grave, castigada con multas de 2.001 a 10.000 euros y la posibilidad, como sanción accesoria, de perder “el derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas” durante tres años.

El proyecto de ley contempla un “plazo máximo de dieciocho meses a partir de la fecha de entrada en vigor” para “la retirada o eliminación de los elementos”, un periodo en el que las administraciones deberán “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista”, además de hacerlo público e informar de ellos al Gobierno central. De no hacerlo, será el propio Gobierno de Aragón el que “incoará de oficio el procedimiento (…) para la retirada de dichos elementos”.

Requerimientos al obispo

No obstante, dentro del bajo nivel de respuesta que han mostrado los consistorios aragoneses, han sido más los ayuntamientos que han optado por eliminar los vestigios de la sublevación militar y la posterior dictadura que los que eluden aplicar la Ley de Memoria.

Así, Cervera de la Cañada y Villalengua acordaron hace unos meses retirar sendas placas de sus cementerios, Novallas inició en julio el expediente para retirar los símbolos franquistas que quedan en el pueblo; Munébrega dedidó las plazas de los generales Franco y Mola y la calle de los Mártires al Paradero, Los Toros y La Rúa; Tauste acordó que la plaza del Caudillo del barrio de Santa Engracia pase a ser la plaza Mayor, así como comunicar al INE que las viviendas José Antonio se llaman Cuesta Lanzan; la asamblea de vecinos de Navardún aprobó por unanimidad en agosto que “la actual plaza del Generalísimo, o plaza José Antonio”, pasara a ser la plaza del Ayuntamiento, Ardisa hizo saber al INE que José Antonio ya no tiene plaza y Brea se compromete a tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura que puedan existir en el municipio”.

Alcalá de Ebro, también en Zaragoza, como las anteriores, ha solicitado al arzobispado que retire de la fachada de su iglesia la placa conmemorativa de varios fallecidos en la guerra civil, algo que también ha hecho, en este caso con el obispado de Huesca, el consistorio oscense de Siètamo, cuya calle General Franco lleva diez años siendo la calle Alta y que pone sobre la mesa las dificultades para eliminar otro símbolo en el castillo del Conde Aranda.

Por último, la avenida de La Sotonera y las calles Pierres Vedel y Teruel han reemplazado a las vías dedicadas al fundador de Falange en el municipio oscense de Lupiñén-Ortilla y los turolenses de Santa Eulalia del Campo y San Agustín, que también ha dedicado a Maimona la que antes llevaba el nombre de [José] Calvo Sotelo, ministro de Hacienda de José María Primo de Rivera. Villar de Salz cierra el listado de los trece ayuntamientos que se han mostrado receptivos a la iniciativa de Compromís.

Ayuntamientos y Ley de Memoria

Acatan la Ley de Memoria

Zaragoza: Ardisa, Brea de Aragón, Cervera de la Cañada, Munébrega, Navardún, Novallas, Tauste, Villalengua y Alcalá de Ebro

Teruel: Santa Eulalia del Campo, San Agustín y Villar de Salz

Huesca: Siètamo y Lupiñén-Ortilla

Eluden acatar la Ley de Memoria

Zaragoza: Ibdes, Las Pedrosas y Terrer

Huesca: Albalate de Cinca

Pendientes de respuesta

Zaragoza: Aguarón, Aguilón, Alpartir, Aranda de Moncayo, Belchite, Belmonte de Calatayud, Bulbuente, Calatorao, Cariñena, Caspe, Codo, Codos, Cuarte de Huerva, Épila, Fabara, Los Fayos, Figueruelas, Fuendetodos, Lécera, Lumpiaque, Mainar, Maluenda, Miedes, Monterde, Morata de Jiloca, Morés, Muel, La Muela, Olvés, Osera, Paracuellos de Jiloca, Pina de Ebro, Plasencia de Jalón, Pradilla, La Puebla de Alfindén, Puendeluna, Ricla, Rueda, Sabiñán, Sádaba, Tabuenca, Tierga, Torrijo de la Cañada, Trasmoz, Undués de Lerda, Urrrea de Jalón, Urriés, Velilla de Jiloca, Zaragoza y Zuera.

Teruel: Alcañiz, Alcorisa, Arcos de Salinas, Cantavieja, Castellote, Castelserás, Huesa del Común, Montalbán, Obón, Oliete, Rubielos de Mora, Teruel, Valderrobres, Valdetormo

Huesca: Adahuesca, Almudévar, Ansó, Agüero, Ibieca, Peñas de Riglos y Sariñena

7 mayo, 2018

Autor/Autora

Periodista. @e_bayona


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