Se registra una Propuesta de Ley para poder perseguir los crímenes de lesa humanidad del franquismo

Distintas fuerzas políticas estatales registran una Propuesta de Ley para que la Ley de Amnistía no sirva como tapadera para encubrir y no perseguir los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el franquismo

Homenaje a la víctimas del franquismo en el Cementerio de Torrero de Zaragoza. Foto: Pablo Ibañez (AraInfo)

De la mano de las asociaciones memorialistas y de víctimas de la dictadura que se integran en la CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), los y las diputadas de Compromís, En Comú Podem, EH-Bildu, ERC, En Marea, PdeCat y Podemos registran una Proposición de Ley el viernes 27 de octubre en el Congreso, que pide que deje de aplicarse la Ley de Amnistía del año 1977 para encubrir crímenes de lesa humanidad.

La Ley de Amnistía aprobada en el año 77 considera entre otros elementos, que “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre 1976” quedan impunes.

Además de esta Propuesta de Ley, el grupo promotor también quiere ingresar en el Congreso otra iniciativa legal, mediante la cual, los crímenes que se llevan a cabo en un país, aunque en este no sean considerados como tales, si atentan contra la legalidad internacional pasen automáticamente a ser juzgados. Es el llamado principio de proporcionalidad de legalidad internacional que según a propuesta debería incluirse en el Código Penal estatal y que permitiría juzgar con el derecho internacional en mano, crímenes perpetrados por el franquismo.

Esta última demanda también tiene como objetivo evitar las trabas que la justicia argentina ha encontrado para detener a criminales franquistas. Tal y como recuerda el diario Público, el Poder Judicial se ha escudado con frecuencia tras la Ley de Amnistía del 77 para no juzgar este tipo de crímenes. Así mismo, tal y como algunos y algunas promotoras consideran, los partidos políticos estatales tampoco han hecho ningún esfuerzo para cambiar esta legislación. Estos son los ejemplos más evidentes:

PP, PSOE y CiU rechazan modificar la Ley de Amnistía en 2011.

PP, PSOE y Ciudadanos evitan su modificación en 2016.

El Ministerio Fiscal recurre en tres ocasiones la Ley de Amnistía para impedir a los jueces españoles colaborar con la justicia de Argentina.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza en dos ocasiones las solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes penados por el derecho internacional.

La Fiscalía General del Estado invoca la Ley de Amnistía para amenazar a quienes colaboren con las peticiones de auxilio judicial que llegan desde Argentina.

El Gobierno de Mariano Rajoy invoca la Ley de Amnistía para que no se juzgaran los crímenes franquistas en organismos internacionales.

Es importante citar y recordar que como crímenes de lesa humanidad se entienden aquellos que según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional suponen “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Con toda seguridad la Proposición de Ley será tumbada, pues las fuerzas políticas que la presentan no llegan a la mayoría simple. Con todo, una vez más se demuestra que cuando se trata de condenar en el franquismo, el Estado español tiene serios problemas.

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