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RAPA califica el ICA como “injusto” por primar el beneficio empresarial por encima del servicio a la ciudadanía

Del mismo modo, el impuesto también es tildado como “tramposo porque su única función es cubrir el descomunal y sospechoso desfase económico generado por gobiernos anteriores”
| 17 mayo, 2017 17.05
RAPA califica el ICA como “injusto” por primar el beneficio empresarial por encima del servicio a la ciudadanía
Foto: @RAPAAragon

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha visto obligado (por imperativo legal) a entregar los datos fiscales de los ciudadanos y ciudadanas al Instituto Aragonés del Agua para que éste realice el cobro del Impuesto de Contaminación sobre las Aguas (ICA) desde 2016. Esto va a suponer para la ciudad de Zaragoza, y la ciudadanía, un desembolso de 540 millones de euros hasta el 2045.

Para la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) este impuesto esinjusto porque consagra un modelo de saneamiento que prima el beneficio empresarial ante el servicio a los aragoneses pese a las negativas valoraciones de la Cámara de Cuentas”. “Se trata de una huida adelante que demuestra la escasa capacidad de análisis, de reflexión y de adaptación del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad”, aseguran.

Del mismo modo, el impuesto también es tildado por RAPA como “tramposo porque su única función es cubrir el descomunal y sospechoso desfase económico generado por gobiernos anteriores”.

“La llegada de la factura a las casas zaragozanas completará una injusticia intolerable. Este nuevo gravamen, que acompañará para siempre a los zaragozanos, servirá para disimular que lo que debería haber costado algo más de 600 millones, ha costado bastante mas de 4.000”, recalcan.

Desde RAPA valoran “positivamente la actitud que el Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado ante la implantación del Impuesto de Contaminación sobre las Aguas”. “El consistorio cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad zaragozana y aragonesa en el liderazgo de un movimiento de dignidad y de municipalismo democrático que es la clave para avanzar en el camino por la gestión pública del agua”, añaden.

Por todo ello, RAPA seguirá “trabajando contra este impuesto que solo es la garantía legal para que las concesionarias puedan cobrar la construcción, financiación y explotación de las depuradoras”. “Es hora de pensar en un nuevo Plan de Saneamiento y Depuración radicalmente distinto al vigente y con un sistema de financiación que nada tenga que ver con este injusto y errático impuesto”, afirman.

Por estos motivos, “seguiremos llamando a la movilización, junto todas las entidades sociales zaragozanas y reclamaremos la justicia en los tribunales que no es capaz de generar el Gobierno de Aragón”.

17 mayo, 2017

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