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Las radios libres aragonesas a un paso de la legalidad

Desde la Federación Aragonesa de Radios Libres consideran el acuerdo firmado por el Gobierno de Aragón en favor de la asignación de dominio público radioeléctrico “un punto de inflexión muy significativo”, algo por lo que “debemos alegrarnos todos y todas las aragonesas”
| 13 febrero, 2017 07.02
Las radios libres aragonesas a un paso de la legalidad
Las radios libres podrían salir de su limbo legal.

El pasado 31 de enero, el Consejo de Gobierno de Aragón acordaba solicitar la asignación de dominio público radioeléctrico al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para la prestación del Servicio Radiofónico Comunitario sin ánimo de lucro en Aragón.

La ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual es el marco normativo por el que se rige el sector audiovisual en el Estado español y en su artículo 32 establece la existencia de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

Esta normativa establece que “las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En todo caso, estos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial”.

Sin embargo, desde el 2010, poco o nada se ha avanzado en este aspecto, ni en Aragón, ni en el resto del Estado español, pese a que el punto 2 de este mismo artículo de la referida ley señala que “la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”.

Desde la Federación Aragonesa de Radios Libres (FARL) recibían con alegría contenida el acuerdo tomado por el Gobierno de Aragón. “Consideramos que es sólo un primer paso, pero muy significativo, y que pone a la nuestra en primera línea entre las pocas Comunidades Autónomas que han sido capaces de dar un paso adelante en defensa de un Derecho Constitucional y ciudadano largamente orillado por la multitud de intereses  económicos y políticos que rigen el uso del Espectro Público Radioeléctrico”.

La prestación de este tipo de servicios requiere licencia previa, en la que se establecen las condiciones que aseguren su naturaleza sin ánimo de lucro con la posibilidad de establecer el uso compartido de un mismo canal. La licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico disponible para la prestación del servicio y será la Administración General del Estado quien habilitará el dominio.

Para ello, el Gobierno de Aragón será el encargado de redactar un censo de entidades de servicios audiovisuales comunitarios sin ánimo de lucro existentes en Aragón que cumplan con los preceptos de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Desde la FARL demandan en este sentido cuidado al ejecutivo aragonés de cara a tomar en consideración los preceptos de este tipo de emisoras, con el fin de “evitar que las entidades que soliciten su inscripción en este censo, o posteriormente opten a una licencia como Emisora sin ánimo de Lucro, no enmascaren tras una apariencia asociativa, otro tipo de intereses económicos, políticos, doctrinarios o laborales”.

Desde la FARL demandan de la administración que el citado censo recoja las iniciativas de comunicación de centros educativos, que aunque lamentablemente escasas, existen en la geografía aragonesa. “Consideramos que son un valor integrador y de socialización fundamentales para la comunidad educativa y la aragonesa en general. Es también uno de los compromisos fundamentales de la FARL trabajar en ese sentido”.

El acuerdo firmado por el Gobierno de Aragón advierte que las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos si los hubiere. Salvo autorización expresa, los gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de comunicación televisiva y de 50.000 euros el supuesto de comunicación radiofónica.

Así mismo el acuerdo recuerda que la licencia “en ningún caso podrá perder su carácter original de servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro”, no pudiendo ser objeto de transmisión ni arrendamiento.

Desde la FARL consideran este acuerdo como “un punto de inflexión muy significativo” respecto al compromiso de Aragón con un derecho constitucional muy demandado, algo por lo que “lo que debemos alegrarnos todos y todas las aragonesas”.

Del mismo modo, solicitan al Gobierno de Aragón, que siga avanzando en la línea de los puntos contenidos en la PNL 21/10, sobre la regularización de la radiodifusión social no lucrativa en la Comunidad Autónoma de Aragón.

“Estamos convencidas de que es una vía factible, socializadora y positiva para hacer realidad el acceso de la ciudadanía aragonesa a unos medios de comunicación verdaderamente propios, gestionados por ella misma, y para el ejercicio de su libertad de expresión de forma directa y sin intermediarios”, concluyen.

13 febrero, 2017

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