Los votos de PP, PSOE y Ciudadanos en el consejo de Administración de la sociedad Ecociudad han echado para atrás la intención del equipo de Gobierno de Zaragoza en Común, apoyada por CHA, de municipalizar la depuradora de l'Almozara y la planta de recuperación de fangos y agua de Casablanca.
De este modo ha salido adelante sacar a licitación los pliegos de condiciones para una nueva adjudicación de la gestión de dichas plantas, prestada hasta la fecha por Drace Infraestructuras, en esta ocasión por el plazo de dos años, cuando en el pliego actual la renovación era anual.
El PSOE, sumido en una deriva neoliberal, ha basado su rechazo a la municipalización en el último informe de la Oficina Técnica de Presidencia que advierte de que mediante este sistema la depuradora "saldrá más cara" y obligaría a asumir la diferencia de costes por la vía de los impuestos. Un informe en el que se habla continuamente de un servicio prestado por 27 empleados, cuando la realidad es que son 23 las personas trabajan en ambas plantas.
El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha adelantado en una rueda de prensa previa a la reunión del Consejo de Administración de Ecociudad su apoyo a favor de dicha municipalización por considerar que el de dichas plantas es un servicio "esencial" para la población y su bienestar y vinculado al ciclo integral del agua.
Por ello, en coherencia con este planteamiento ha dicho que son servicios esenciales que "tienen que ser planteados de forma directa a través del Ayuntamiento o a través de una sociedad como Ecociudad".
Asensio ha insistido en que municipalizar es viable tanto desde el punto de vista de la subrogación como técnicamente porque no habría que modificar el objeto social Ecociudad, como ocurre con el 010 o los puntos limpios, y es rentable desde el punto de vista económico.
Al contrario que los grupos que han votado en contra de municipalizar el servicio, el portavoz de CHA ha incidido en que el último informe, al que se han aferrado PP, PSOE y Ciudadanos para licitar unos nuevos pliegos, también reconocía "un ahorro teórico del 6% del beneficio industrial, unos 95.000 euros" y que si se compara con las condiciones actuales, "el ahorro sería superior, cercano al medio millón de euros".
La diferencia con el nuevo informe es, ha explicado, que el servicio tendría que prestarse con cuatro trabajadores más, lo que, según su opinión, demuestra que la empresa que ha llevado el servicio ha incumplido "flagrantemente" el pliego de condiciones. Dado que el Ayuntamiento no puede contratar más personal, la propuesta de Asensio, era que la cobertura que falta se hiciera con los trabajadores actuales de la plantilla de Ecociudad.
Por su parte, las secciones sindicales de UGT y CGT en dichas plantas han expresado el "total rechazo" que les produce la privatización de dicho servicio y han criticado que "un vez más el PSOE, junto al partido Popular y secundados por Ciudadanos, hayan apostado por el beneficio de la gran empresa frente al beneficio social que conlleva la gestión directa del ciclo integral del agua".
Los sindicatos han expresado asimismo su repulsa al "juego sucio" de los portavoces del PP y PSOE "criminalizando las reivindicaciones laborales y sociales de los trabajadores y siendo a su vez los portavoces de la gran patronal".
Los sindicatos han recordado que seguirán apostando por los procesos de remunicipalización que puedan producirse en la ciudad y que ejercerán "una vigilancia exhaustiva del cumplimiento de los nuevos pliegos", con el fin de que no vuelvan a suceder los incumplimientos habidos en la gestión del servicio por parte de la filial de ACS, Drace Infraestructuras. Unos incumplimientos que ambas organizaciones sindicales consideran que se han producido con la "connivencia de la dirección de Ecociudad".
