El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente español requirió a Geoalcali SL, promotor de la mina de potasas “Mina Muga”, en las Altas Cinco Villas, Javier y Sangüesa / Zangotza, la redacción de un Proyecto "refundido", por “la relevancia de las cuestiones que se han puesto de manifiesto en esta fase de consultas, así como la importancia y significancia de los cambios sufridos por el proyecto sometido a información pública, las numerosas adendas, estudios adicionales y respuestas emitidas a diferentes organismos”.
Este proyecto fue presentado al Ministerio español por el promotor el pasado 28 de abril y ha sido sometido a consultas, después de las reiteradas solicitudes de la a Plataforma contra las minas de potasas y asociaciones ambientales, sindicatos y partidos políticos.
Tras el examen del nuevo proyecto, estos colectivos afirman que la conclusión es alarmante: "Geoalcali ha incumplido sistemáticamente los requerimientos de la Administración, en los que se solicitaba la clarificación de aspectos técnicos y ambientales del proyecto, y lo ha realizado negando los problemas o retando a los organismos públicos a que demuestren lo contrario".
La Plataforma advierte que el proyecto sometido a exposición pública en 2015 "ha cambiado, en algo tan objetivo, como que la superficie de la mina es ahora casi un 40% más grande (el proyecto se ha ampliado en 662,25 hectáreas, es decir en más de 6 millones de metros cuadrados) lo cual genera nuevas zonas de afección, mayor cercanía al pantano de Yesa, la excavación bajo el pueblo de Undués, y ha cambiado los trayectos de las líneas eléctricas, la localización de la bocamina o la distribución completa de la planta industrial".
Además, en el trámite de consultas al que hace referencia la Plataforma, "no se han aportado documentos imprescindibles para la evaluación como es el proyecto de explotación o, reglamentariamente exigidos, como es el plan de restauración que requiere la normativa ambiental". "Es decir -continúan-, estamos ante un nuevo proyecto que, salvando el nombre, nada tiene de comparable con lo informado y expuesto públicamente en 2015, y que además sigue siendo un documento incompleto, falto de rigor, agresivo con el medioambiente y peligroso e inseguro para los pueblos afectados y sus gentes".
"Una diferencia significativa es, que algunos de los problemas que existían en el proyecto de 2015 y denunciados por esta Plataforma en sus alegaciones, ya no se niegan pero tampoco se solucionan; son el caso de los transportes (casi mil recorridos de vehículos pesados diarios en la circunvalación de Sangüesa / Zangotza), los hundimientos mineros, o la adecuación del proyecto al contexto sísmico en el que se encuentra", critican. Además, "continúa la ausencia de estudios rigurosos sobre la afección al embalse de Yesa y sus laderas, sobre el paso franco de agua entre el embalse y la mina, sobre la sismicidad inducida en minería o la presencia de sismicidad activa en la zona como muestran los datos del IGN". Estas cuestiones "se resuelven con explicaciones del estilo 'no se valora…', 'no es esperable…', 'no se espera…'; en lugar de valorarse científicamente como pedían los requerimientos de los organismos públicos".
A juicio de la Plataforma, las nuevas soluciones técnicas planteadas pasan por argumentos generales que no resuelven los problemas, como la eliminación de la montaña de sal, tal como exige la CHE, y que aumenta de tamaño, pasando de 10.300.000 a 12.900.000 metros cúbicos, y de altura pasando de 47 a 57 metros (indicando que venderán la montaña cuando cierren la mina). "El promotor no reconoce tampoco que con los precios de producción de Geoalcali, la venta de sal común no es rentable, si comparamos con las empresas de producción de sal del entorno como Saldosa (Sierra del Perdón) o Ibérica de Sales (Remolinos), y donde además la venta a Estados Unidos sería a la mitad del precio de producción de Geoalcali. El relleno de las galerías no cuenta con un análisis fiable en este momento, pues según el promotor, aún se encuentra en una fase de evaluación muy preliminar", manifiestan.
Además, "requerimientos como la cogeneración energética, eliminar una de las montañas de residuos del margen de protección del camino de Santiago, establecer contornos de seguridad contra los hundimientos en el entorno de Undués, Javier, carreteras o el mismo Canal de Bardenas, siguen sin incorporarse en el nuevo proyecto". Cuestiones que habían sido requeridas de forma específica por los distintos organismos y administraciones y que han sido también denunciadas por la Plataforma "por el riesgo que suponen para las personas, los pueblos, el patrimonio, el paisaje y el territorio".
El Proyecto “refundido”, que "era la última oportunidad de Geoalcali para hacer un proyecto coherente, congruente y seguro con el contexto en el que se enclava, suspende tanto en los requerimientos de la Administración como en la definición de un proyecto compatible con el entorno y que recoja soluciones a los problemas detectados". Este suspenso no sólo es interpretación de la Plataforma. El propio Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) realizado por Geoalcali tras considerar los impactos y beneficios potenciales, en su evaluación numérica, se otorga una autocalificación negativa, que según el baremo del promotor, representaría un proyecto incompatible con el medio. La Plataforma a partir de la evaluación del expediente cree que incluso esta valoración sería incluso peor si se realizara un análisis independiente, objetivo e imparcial. Además, "todo lo anterior, se confunde con un pseudo plan de participación, que vuelve a invocarse en el EsIA para mostrar el supuesto apoyo de la zona, cuando el único dato objetivable es que, para el caso de la comarca de Sangüesa, el 85% de los encuestados requerían más información sobre el proyecto", lamentan.
"El promotor, ahora, anuncia que de forma voluntaria solicita la exposición pública de su nuevo proyecto, cuando de ser viable, sería lo exigido por Ley debido a los numerosos cambios sustanciales que se han generado". Sin embargo, la Plataforma cree que el Ministerio debería dar por finalizada la Evaluación del impacto ambiental, siguiendo sus propias indicaciones, ya que alertaba al promotor de que si no remitía la información requerida o ésta era insuficiente, el órgano ambiental daría por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
En este momento, la Plataforma contra las minas de potasas quiere denunciar que "además de realizarse toda la tramitación del proyecto a espaldas de la ciudadanía, cambiando el proyecto a golpe de titular y en cada foro administrativo según intereses diferentes, el promotor quiera engañar a la ciudadanía cuando publicita como voluntaria la participación pública, cuando lo contrario sería un hurto de los derechos públicos democráticos, y donde se quiere confundir la participación pública de la ciudadanía con un nuevo plan de marketing publicitario".
La Plataforma considera y solicita, "a la vista de la falta de rigor y seriedad de la contestación de Geoalcali" a los requerimientos del Ministerio español, Gobiernos de Aragón y Nafarroa y de otros organismos públicos, y "teniendo en cuenta la calificación que la propia Empresa otorga a su proyecto", que el Ministerio español de por finalizado el expediente de evaluación ambiental del Proyecto "Mina Muga" y otorgue una Declaración de impacto ambiental negativa.
