El Estado español inició hace varios meses el proceso de elaboración de una ley de cambio climático. Esta normativa marco pretende definir cómo se alcanzarán los compromisos marcados por la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que fijó el Acuerdo de París. Es importante recordar que estos objetivos no alcanzan las recomendaciones del IPCC, tal y como las propias Naciones Unidas reconocieron antes de la COP21.
Asimismo, acaba de finalizar la recogida de respuestas al cuestionario para la redacción de la futura ley de cambio climático. Sin embargo, los aspectos contemplados se refieren más a la técnica legislativa que a medidas concretas y necesarias para la transformación de la economía dentro de los límites planetarios.
En este sentido, Ecologistas en Acción considera "preocupante la falta de debate sobre si los compromisos de reducción del Estado español son suficientes". "Así, a diferencia de los Estados de nuestro entorno, España podrá seguir incrementando sus emisiones más allá de 2020, ignorando la necesidad de iniciar la descarbonización inmediata de la economía", subrayan desde la organización ecologista.
A su juicio, "esta ambigüedad contrasta con el cuestionamiento de principios que son de obligado cumplimiento, como que los objetivos sean específicos y sectoriales, la obligación de la revisión o la inclusión de muchos sectores dentro del cumplimiento de los compromisos". "Asimismo -continúan explicando-, en el cuestionario se considera la posibilidad que el Ministerio no sea capaz de llevar adelante una ley de cambio climático".
El cuestionario le da una especial relevancia a las posibles interferencias de la lucha contra el cambio climático sobre el actual concepto de competitividad y mercado. Sin embargo, como Ecologistas en Acción ha señalado en numerosas ocasiones, "la única forma de frenar el deterioro ambiental y garantizar una justa distribución de los recursos es el ajuste de todo el metabolismo social a los límites del planeta".
"Es precisamente esta lucha contra el cambio climático la que debe de condicionar y equilibrar las desigualdades sin estar supeditada a un sistema de producción y consumo responsable del calentamiento global", aseveran.
Entre las respuestas planteadas, Ecologistas en Acción señala en primer lugar "la urgencia de frenar las actuales ayudas del Estado, cifradas en más de 1.000 millones de euros a los sectores generadores de cambio climático a través de mecanismos como los pagos por capacidad o las exenciones al diésel". La organización ecologista también subraya "la necesidad de frenar la continua construcción de infraestructuras innecesarias, en especial los proyectos de grandes vías de transporte o las interconexiones eléctricas y gasistas".
Por último, "considera urgente establecer un calendario de cierre de sectores fósiles y eliminar cualquier mecanismo de mercado como el ETS (Sistema Europeo de Derechos de Emisión)". "Sólo la utilización de instrumentos como los presupuestos de carbono decrecientes, pueden garantizar un ritmo de reducción de las emisiones superior al 5% anual hasta 2030", reconocen. Unas limitaciones en todos los sectores energéticos que deben revisarse "periódicamente, en concordancia con las indicaciones realizadas por la comunidad científica".
Ecologistas en Acción ve con "preocupación" como un sector tan decisivo como el eléctrico parece haber desaparecido de este proceso, "ya que paralelamente esta competencia se está debatiendo en exclusividad en el Ministerio de Energía y su grupo de expertos". Un grupo de personas expertas que, como señalaron las organizaciones ecologistas, "no recoge todas las sensibilidades de la sociedad civil y ha sobrerrepresentado a sectores como el carbonero, el industrial y el energético, mientras excluye las visiones de los colectivos más vulnerables".
Por estos motivos, la organización ecologista ha enviado un anexo sobre cuestiones primordiales que no aparecen reflejadas en el proceso planteado. Este dossier señala las medidas fundamentales para transformar todos los sectores productivos hacia una reducción drástica de la demanda energética neta.
Entre estas medidas se señala "la necesidad de una transición energética renovable cuyos pilares sean la democratización de la energía y el derecho al autoconsumo renovable, así como la desaparición de las largas cadenas de transporte de alimentos y productos para impulsar en su lugar un modelo agroecológico basado en la proximidad".
Ecologistas en Acción reclama que a través de esta ley se planteen "compromisos más ambiciosos que los actuales, además de instrumentos capaces de adaptar toda la normativa a los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a las previsibles consecuencias del cambio climático". "La continua ruptura de registros máximos de temperatura y otros fenómenos meteorológicos extremos obliga a acelerar la lucha contra el cambio climático", señalan.
Por ello, la organización ecologista espera que este proceso se haga con "la máxima transparencia y participación, que permita no solo recoger una cantidad importante de aportaciones sino que se reporte el origen de las distintas observaciones en función de los grupos de interés como las empresas petroleras y energéticas, los colectivos en defensa del medio ambiente o la propia ciudadanía".
En su opinión, esta información resulta "clave para detectar con claridad si las contribuciones aceptadas responden a una transformación del sistema de producción y consumo o sólo son parches que permitirán mantener un modelo económico que acelera el cambio climático".
