Movimientos Entrevistas

Enrique Gracia (RAPA): “Muchas luchas en defensa de la gestión pública del agua se han ganado a través de la desobediencia civil”

El Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) ha abierto una brecha insalvable entre el Gobierno de Aragón y gran parte de la ciudadanía aragonesa en general, pero especialmente la zaragozana, que lo contempla como el pago de los platos rotos por una mala gestión política
| 8 noviembre, 2018 07.11
Enrique Gracia (RAPA): “Muchas luchas en defensa de la gestión pública del agua se han ganado a través de la desobediencia civil”
Enrique Gracia, portavoz de RAPA. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

A pocos días de una nueva movilización contra el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) en las calles de Zaragoza, este sábado 10 de noviembre, entrevistamos a Enrique Gracia, portavoz de la Red Pública de Agua de Aragón (RAPA), para adentrarnos en un problema que parece haberse enquistado en la sociedad aragonesa sin que la mayor parte de los políticos en las Cortes de Aragón busque una solución. El recibo correspondiente a 2016 tuvo alrededor de 100.000 impagos, algo que se ha obviado por parte del Gobierno aragonés, que hace apenas un mes giraba el del año 2107.

Desde la RAPA se trasmitió a los grupos políticos, así como al Gobierno de Aragón, un plan que podría sacarnos del atolladero fiscal en el que la mala gestión nos ha metido a todos y todas las aragonesas. La asociación en defensa de la gestión pública del agua advertía que son más de 500 las localidades que todavía carecen de depuradora, que existen otras que tienen depuradoras adscritas al Plan de Depuración con condiciones draconianas, con costes de hasta 2,10 euros el m³, y otras poblaciones, las menos, que tienen depuradoras propias como Zaragoza, Pedrola o Fabara. El plan era la creación de una tasa autonómica que, complementando un pequeño impuesto, recortaría entre un 40%-50% de gasto, dejando el precio por depurar las aguas en 0,10 euros el m³ en las depuradoras adscritas al plan, potenciaría la creación de nuevas depuradoras en localidades que carecen de ella y no grabaría a los ayuntamientos que han invertido en la depuración de sus aguas. Esto tendría un coste anual para las cuentas aragonesas de 12 millones de euros, que parece poco, para el desaguisado montado por el Instituto Aragonés del Agua (IAA) con el Plan de Depuración.

Sin embargo, pese a la viabilidad y sostenibilidad del plan planteado por RAPA, la postura del Gobierno de Aragón sigue siendo la patada adelante. Lejos de cumplir promesas electorales, como suprimir el IAA, o investigar a fondo lo que a todas luces parece corrupción, se empecina en cargar el gasto de la construcción y gestión de depuradoras a los hogares aragoneses. Un gasto del que solo se han beneficiado las grandes empresas.

Hagamos un poco de historia ¿Cómo hemos llegado al ICA?

Te diría que la raíz del problema es el fracaso de un modelo de asociación público-privada en la gestión de grandes infraestructuras públicas. Es un modelo que fracasó en Norteamérica, fracasó en Australia, fracasó en Centroeuropa, donde se ha desechado hace muchos años, pero que desde los años 90 se ha intentado imponer en los países del sur de Europa y en América Latina.

En concreto en Aragón fue el Partido Aragonés Regionalista (PAR) el impulsor de este modelo que consiste en hacer grandes concesiones para la construcción y gestión de las depuradoras durante veinte años. ¿Qué es lo que ocurre? Que una depuradora no puede ser un negocio rentable, con carácter general, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. ¿Cómo se garantiza la rentabilidad? Haciendo grandes lotes zonales de contratación y sobredimensionando las plantas con el objeto de obtener beneficios. Se ha producido la elección de unas tecnologías muy costosas, pero además se han sobredimensionado de tal forma que, en el mejor de los casos, las plantas funcionan a un 60% de su capacidad. Por ejemplo, Zuera tiene una depuradora que está funcionando a un 20% de su capacidad, está proyectada para una ciudad de 80.000 habitantes y tiene cerca de 8.000. Eso es lo que se hace sistemáticamente. Un modelo en el que hacen negocio seis grandes grupos empresariales, donde están algunas de las grandes empresas del SEOPAN –Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras–, empresas tradicionales de la privatización del agua en España y los grandes constructores aragoneses agrupados en UTEs. Son empresas que trasfieren sus negocios del ladrillo a la gestión de obra pública a través de este procedimiento. Esto trae como consecuencia costes desorbitados, hasta 10 y 15 veces mayores de lo que sería razonable. ¿Por qué asumen esa operación? Porque desde el principio tienen presente que quienes pagarán serán los zaragozanos, donde están la mitad de los contadores. Durante años Zaragoza se resistió a entrar. El propio Fernando Gimeno cuando era Consejero de Economía en el Ayuntamiento no aceptó de ninguna manera que Zaragoza entrara en el sistema general, pero en cuanto pasó a ser Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón lo impuso por ley.

En este modelo el Instituto Aragonés del Agua es el ente responsable

Es el motor que se creó para llevar adelante las privatizaciones del agua de Aragón. Es una entidad oscura, no sometida a ningún control, donde se accedió de manera generalizada a dedo y que, de alguna manera, era el caballo de Troya de las empresas para impulsar la privatización de la gestión del agua en Aragón. Y ha operado como tal.

Puedes pensar que accedieron al plan de saneamiento más caro de toda España por estupidez o por corrupción. Se puede pensar que, inicialmente, pudieran creerse el planteamiento de las empresas: yo esto te lo soluciono; no te vas a endeudar, porque la deuda computa en las cuentas de las empresas, con lo que la normativa de estabilidad presupuestaria no te perjudica… Pero cuando con los años se va sabiendo que, por ejemplo, en Castilla León se desarrolla un sistema en el Duero de depuración extensiva mucho más barato. O que comunidades con una estructura de población similar a la nuestra, como Navarra o Rioja, desarrollan sistemas de depuración eficiente y de bajo coste, rehuyendo el modelo de asociación público-privada. Te das cuenta de que algún interés había por medio. Siempre hemos sospechado que había sombra de corrupción. A mí me recuerda a las novelas de Andrea Camirelli sobre la mafia. Hace poco leí “La pirámide de fango” que era lo mismo: había seis empresas que se repartían toda la obra pública en Italia. ¿Qué es lo que ocurría ahí? Pues que al final había muertos y un gran investigador, el comisario Montalbano, que descubre lo que hay detrás. Aquí no se ha investigado lo que pasó. Se montó una Comisión de Investigación que no quiere sacar conclusiones.

Nosotros teníamos ciertas esperanzas en que estos cuatro años de gobierno de Lambán, que requería de los votos de la izquierda para llevar adelante sus proyectos, revisarían el sistema de depuración y su plan de financiación, y no hemos hecho más que poner sobre la mesa alternativas rigurosas económica y jurídicamente para dar una salida a esta situación de una manera razonable, equitativa y sostenible. Pero lo han rechazado todo y además han fracasado en todos sus objetivos. Prometieron en el programa electoral que suprimirían el IAA y que crearían una Dirección General del Agua, y no lo han hecho. Se empeñan en no extinguir el IAA sino en reconvertirlo con la misma estructura y la misma plantilla, pasando a ser funcionarios del Gobierno de Aragón sin oposición. Incluidos  aquellos altos puestos que han tenido la responsabilidad en este plan. Y claro, a esto se oponen los grupos de la izquierda y los sindicatos.

Por otro lado, el tema del Plan de Depuración del Pirineo seguimos sin ejecutarlo. Es una situación muy grave, porque se recibieron 142 millones de euros para las depuradoras y, como no era coherente con el modelo de asociación público-privada, desviaron el dinero a otros fines.

Tenemos todo el plan de depuración sin avanzar, en el Pirineo y en la mayoría de las localidades de menos de mil habitantes y la situación ecológica de nuestros ríos es un desastre. No ha interesado nunca el buen estado ecológico de nuestros ríos, lo que ha interesado es hacer negocio con el agua, y encima, tenemos que oír que el problema es la falta de solidaridad de Zaragoza.

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

¿El IAA tendría que reclamar esos 142 millones?

Sin duda. El Gobierno actual tendría que haberse desmarcado de las políticas de los gobiernos anteriores porque hubo un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y exigir corresponsabilidad al Gobierno de España. En lugar de eso lo que han hecho es prorrogar el convenio, con las mismas cuantías. Mucho nos tememos que al final se vuelvan a firmar concesiones con las empresas y se siga con el plan adelante. De memoria, había una depuradora en Canfranc de 8 millones de euros, en Formigal una de otro tanto, en fin, unas obras desproporcionadas. Tampoco se ha avanzado en empoderar a los ayuntamientos, devolviéndoles sus competencias, que creemos que sería la clave.

Además de esa alianza con las empresas para desmesurar y engordar artificialmente el negocio, la otra clave del sistema es la centralización. Es un negocio similar al del Canal de Isabel II en Madrid. Centralizo en el Gobierno de Aragón, a través del IAA, y tengo un gran volumen de negocio en una única mano, porque expropio de sus competencias a los Ayuntamientos. Nos costa que muchas veces engañándolos y que cuando se negaban a hacerlo había presiones y coacciones, a través de retirada de subvenciones, por ejemplo.

Tenemos un modelo que es la depuradora de Fabara que se apoyó en los empresarios y agricultores locales y la gestiona la brigada municipal. No tiene absolutamente ningún problema y ofrece unos costes que son 10 veces inferiores en construcción y 14 veces inferiores en el mantenimiento. La han pagado íntegramente los habitantes con su tasa. Ese es el modelo hacía el que habría que ir, frente al modelo de la centralización que le da un gran poder al Gobierno de Aragón dejando a los ayuntamientos fuera de toda capacidad de intervención sobre algo que les afecta a ellos.

¿Es ese volumen de negocio el que les interesaba? ¿Tan parecido es al caso del Canal de Isabel II?

Hace poco más de un año publicó la Cámara de Cuentas un informe muy voluminoso donde decía que se había optado por un modelo de gestión que doblaba los costes, pero además, decía que para sostenerlo era necesaria la aportación de Zaragoza, hasta el año 2025, de 542 millones de euros. Los datos generales de lo que ha supuesto esta mala gestión los tenemos y son públicos, aunque durante años se nos negaron. Los contratos se han firmado en unas condiciones que en las que resulta evidente que nadie ha defendido el interés público. Son contratos draconianos. Todas las ventajas son para las empresas, que no asumen riesgos, que revalorizan los precios año a año y en los que la administración no hace otra cosa que ponerlas, repercutiendo el gasto a los ciudadanos a través del cobro del ICA. Un impuesto que va a ir creciendo año a año. Que ya ha subido un 125% desde la creación del canon de saneamiento y que va a subir todo lo necesario para afrontar las obligaciones con las empresas.

Si hay responsabilidades personales es muy difícil de probar. Para eso hay que poner medios, hay que investigar y poner medios. No se ha hecho con seriedad. Nosotros llegamos a hablar la situación con el Fiscal General de Aragón y nos dijo que había indicios, pero para probarlo hace falta que algún empresario venga con datos y me lo cuente.

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

¿Cómo ha sido la relación de RAPA con el Gobierno de Aragón?

Hay una primera etapa con el Gobierno de Lambán, cuando nombran a la nueva presidenta del IAA y al nuevo Consejero donde se abre un escenario de mayor diálogo. Hasta las movilizaciones del año pasado cuando imponen el pago del ICA a Zaragoza. Nos recibieron después de la manifestación de febrero, estuvimos con el Presidente Javier Lambán y fue al primero que le trasladamos nuestra propuesta. A continuación se la dimos a conocer al resto de los grupos parlamentarios. En aquel momento todo fueron buenas palabras. Lambán nos dijo que había que estudiarlo pero que la propuesta le parecía razonable. Se crea una comisión técnica porque Podemos plantea que había buscar una salida pactada socialmente al tema del ICA. En esa comisión técnica nos encontramos prácticamente solos frente a todos los mamporreros del Gobierno: la Federación Aragonesa del Municipios y Provincias, que por cierto nunca ha preguntado a sus asociados sobre este tema; el ZINNAE, el clúster de empresas del agua; y algunas asociaciones de consumidores. No invitan a los sindicatos, no invitan a las vecinales, y nos encontramos allí prácticamente solos, en una comisión técnica trampa, donde no se acuerda nada, solo un decálogo de principios, una declaración de buenos deseos.

Desde entonces no ha habido ninguna disposición por parte del Gobierno. Se creó la Comisión de Investigación, que era una exigencia nuestra, y creemos que no va a haber unidad en sus conclusiones. Más recientemente una Comisión para buscar alternativas al ICA, donde sí que tuvimos la posibilidad de explicar a los señores parlamentarios nuestra propuesta, todos ellos la conocen, pero va corriendo el tiempo, la legislatura se acaba, y cuando lo que sí que hay es la convicción de que el Plan de Saneamiento hay que cambiarlo, lo que hacen es pasar un nuevo recibo a Zaragoza. Un recibo que nosotros dijimos que rompía cualquier posibilidad de acuerdo en esta materia. Si estamos buscando una solución y tú lo que haces es un tarifazo, que supone una aportación por vecino zaragozano de 25 euros, sea niño, joven o mayor, y un incremento en la presión fiscal sobre la depuración de aguas de Zaragoza de un 86%, y que mucha gente no puede pagar, en ese contexto es muy difícil que se produzca un acuerdo y lo único que lo puede forzar es la movilización ciudadana.

Hablando de movilización, ¿cómo va la campaña contra este recibo de 2017?

Llevamos tres semanas de campaña y lo cierto es que la acogida de la gente está siendo muy buena. Estamos recibiendo muchísimas reclamaciones, por encima de las 10.000 en este momento. Mucha gente nos dice que no piensa pagar aunque nosotros nunca hemos llamado a la insumisión fiscal, pero en cuestiones de tipo ético la gente sabe lo que tiene que hacer. El año pasado hubo 100.000 impagos, creemos que esa tónica va a continuar. Nosotros explicamos en las charlas las consecuencias que tiene el impago, advirtiendo que es una responsabilidad individual de cada hogar. Creemos que las dos posturas son legítimas, pagar o no pagar, y que la desobediencia civil está en este caso perfectamente justificada. También, que muchas luchas en defensa de la gestión pública del agua, la última vez en 2015 en Irlanda, se han ganado a través de la desobediencia civil. Me parece que es una posición legítima, pero no llamamos a ella.

Frente a esta desobediencia el Gobierno de Lambán usa la sanción y los recargos. Una actitud que parece irresponsable.

La gente lo que tiene que saber es que en vía de apremio, en la primera fase, el incremento del precio es de un 5%, y tarda bastante en llegar, porque no tienen capacidad para la gestión de este impuesto. El cobro del ICA lo ha puesto en manos de una empresa privada, necesitan recaudar, pero se gastan 1,5 millones de euros anualmente en el cobro del impuesto, contratando a una filial de Aguas de Valencia. Si no pagamos, en el plazo de dos años, pasará a Gestión Tributaria y nos lo volverá a remitir con un incremento del 5%. Es decir si pago 60€ supone 3€. Creemos que es legítimo no pagar, pero en cualquier caso, hay que reclamar, protestar y participar en los actos y manifestaciones que se convoquen, el primero este sábado.

¿Y en el caso de las presiones a los ayuntamientos?

La situación más extrema es la de Fabara. Nos parece profundamente injusto. A Fabara le piden en este momento cerca de 250.000 euros por impagos del ICA a pesar de haber ahorrado más de 2 millones de euros a las arcas públicas al haber construido y gestionado su propia depuradora.

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

¿Existe ya alguna vía judicial contra el ICA?

Vías judiciales hay varias abiertas. Nosotros, fruto de los recursos del año pasado, iniciaremos ahora la vía contencioso-administrativa contra el recibo de 2016 y una vez las reclamaciones de este recibo de 2017, si la Junta de Reclamaciones las desestima, iniciaremos también esta vía. Además, que me perdone el señor Jiménez Compaired, que negaba en un informe para el Gobierno de Aragón su posibilidad, contra la revisión del Plan de Saneamiento del año 2009, de donde se deriva el ICA, por violación grave de tres Directivas de Medioambiente europeas.

Hemos hablado de la lucha civil, pero ahora nos vamos al plano político. Habéis recibido el apoyo explícito de Podemos e IU, pero ¿qué os parece que cuatro partidos se hayan puesto de acuerdo para suprimir el impuesto de sucesiones que afecta un sector minoritario de la población y ante el ICA que afecta al conjunto de los aragoneses no hayan tenido ningún tipo de manifestación en contra?

Es muy significativo. ¿Te imaginas que pasaría si la parte autonómica del impuesto de la Renta se incrementara un 86%? ¿Si el impuesto de sucesiones que pagaban solo un 10% de los patrimonios se subiera el 86%? ¿Si el impuesto de sociedades, aunque solo fuera en sus tramos más altos, se subiera un 86%? Un impuesto que paga la totalidad de la población, y que castiga especialmente a las economías más humildes, se incrementa un 86% y los partidos contrarios al incremento fiscal no tienen nada que decir. Desde luego es muy significativo y demuestra a lo que nos enfrentamos. Muchas veces lo digo, el enemigo real no es el poder político, es el SEOPAN, que son los que marcan gran parte de las decisiones estratégicas de este país, desde la Ley de Contratos, hasta los Presupuestos Generales del Estado, gobierne quien gobierne, eso es a lo que nos enfrentamos, al poder real. Es muy triste pero me temo que no anteponen el interés de los aragoneses. Otra cosa es que un escenario electoral tratará todos de sacar partido de la situación, salvo el PAR, que es evidente que está en una posición de absoluta complicidad, pues fue el artífice del modelo y lo único que hace es defenderlo numantinamente. El resto, tratarán de engañar y confundir a la gente. Yo creo que desde el PSOE, en cualquier momento, se hará pública la propuesta que le traslada Podemos, que es cambiar todo para que nada cambie. Aceptará que haya tasa e impuesto, pero en lugar de ser un pequeño impuesto, un fondo de compensación y solidaridad, que beneficiaría a las pequeñas localidades, va a ser un pedazo de impuesto. Y la tasa sí que será progresiva, para así decir, mira nosotros sí que somos sociales, pero cargarán sobre el segundo tramo, perjudicando al pequeño comercio y sin tocar el modelo público-privado que es el verdadero problema.

8 noviembre, 2018

Autor/Autora

Integrante del Consello d'AraInfo. @maconejos


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