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El último paso hacia la dignidad de las víctimas de la guerra y el franquismo

La primera ILP presentada en la segunda legislatura de Mariano Rajoy, la llamada "El último paso", quiere poner de relieve la insuficiencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y su constante incumplimiento
| 6 febrero, 2017 18.02
El último paso hacia la dignidad de las víctimas de la guerra y el franquismo

Existe una táctica política típicamente española -de la que Mariano Rajoy es el máximo exponente- que se basa en dejar pasar el tiempo. El olvido es la mejor arma para que nada cambie y para que los vencedores nunca dejen de serlo.

Si hablamos de memoria histórica y Guerra Civil la idea se cumple a raja tabla. Para cuando nos demos cuenta, todos los familiares de víctimas del franquismo estarán muertos y ya nadie se acordará a qué hacen referencia los símbolos de la dictadura.

El motivo, una Ley de Memoria Histórica, la 52/2007, a veces insuficiente y con frecuencia incumplida por los partidarios del régimen y por numerosos miembros del Partido Popular y Ciudadanos. Pese a que muchos quieran situar el debate público en términos ideológicos y políticos, la retirada, por ejemplo, de una placa franquista de una plaza de un pueblo español, no está sujeta a ningún debate; debería efectuarse por ley y si no se hace se está incurriendo en un delito.

Es por todo ello que la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada en la segunda legislatura del PP se nos antoja como urgente y necesaria. Llamada de forma popular con el nombre de “El último paso”, es una reforma de la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el mandato de José Luís Rodríguez Zapatero, impulsada por el abogado Eduardo Ranz y por la politóloga Macarena Orosa. Para entrar a trámite requiere en nueve meses, de la recogida de 500.000 firmas en su favor, que pueden efectuarse de forma electrónica aquí.

“El último paso” representa una mejora de la anterior ley en distintos aspectos. Además de ser más ambiciosa y acorde con los estándares internacionales del derecho humanitario internacional, supone la introducción de nuevos elementos de debate como el feminismo o las condiciones laborales de los que se encargan de exhumar cadáveres de las víctimas.

Estos son algunos de los asuntos en los que pone más hincapié.

Familiares de cuarto grado

En la antigua legislación sólo familiares de segundo grado (padres, madres, hijas e hijos) podían pedir la exhumación de un cadáver para enterrarlo de forma digna. “El último paso” pretende extender el rango familiar hasta el cuarto grado: tatarabuelas, tíos abuelos o primas.

Exhumaciones

La ILP incide en el carácter necesario de las exhumaciones tanto en suelo público como en suelo privado. Se declara que “las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos de personas desaparecidas es de utilidad pública e interés social”.

Archivos

Se pide el pleno acceso a archivos tanto militares como parroquiales sin tener la menor hostilidad por parte de los responsables de dichos archivos. Para ello se exige la colaboración de la administración pública.

Personal a pie de fosa

Este punto es un avance con respecto a la ley actual de Memoria Histórica que no regula los derechos de las personas que trabajan en fosas de la Guerra y el franquismo. La ILP abre la puerta a una correcta remuneración y a un diseño de equipos arqueológicos formados por expertos en la materia.

Reconocimiento a los crímenes de género u homófobos

Siempre olvidadas. Las víctimas por su condición sexual sistemáticamente quedan fuera los relatos sobre la Guerra Civil y por lo tanto de la reparación. “El último paso” demanda un reconocimiento especial para las víctimas de homofobia y un reconocimiento especial desde la “perspectiva de género para aquellas mujeres que padecieron represión en su honor, intimidad y propia imagen, siendo ultrajadas, violadas, encarceladas, vejadas, “paseadas”, rapadas, obligadas a ingerir aceite de ricino, o asesinadas”.

31 de octubre

La memoria se ejercita por repetición. Así la ILP establece el 31 de octubre como día nacional en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. La fecha coincide con el aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978.

Sanciones por incumplimiento

La ley 52/2007 no contempló en su redacción sanciones para quienes actuaran en contra de la misma. A diferencia de esto, la ILP propone una serie de sanciones a los ayuntamientos que no cumplan con la Ley de Memoria Histórica. Entre éstas destaca la de perder el derecho a subvenciones públicas o perder las ya cobradas.

Contra lo que dicen los vencedores, no estamos hablando de un tema pasado con casos aislados. Aunque transcurren los años, la demanda de una revisión crítica de la historia sin ánimo vengativo sigue en pie. Algo normal cuando “El último paso” calcula que fueron 100.000 familias las que padecieron el horro y la deshumanización, sólo durante la Guerra Civil.

6 febrero, 2017

Autor/Autora

Periodista. Miembro del Consello d'AraInfo. @AlbertAlexan


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