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El CETA sale adelante en el Congreso español con el apoyo de la derecha y la abstención del PSOE

El pleno del Congreso de los Diputados ha ratificado este jueves el Tratado Comercial UE-Canadá (conocido por sus siglas en inglés como CETA), con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro y UPN, que han logrado 179 'síes' frente a los 79 'noes' de Unidos Podemos, Compromís, EH Bildu, ERC y Nueva Canarias y las 81 abstenciones del PSOE.
| 29 junio, 2017 17.06
El CETA sale adelante en el Congreso español con el apoyo de la derecha y la abstención del PSOE
Protesta en Estrasburgo contra el CETA, el pasado mes de febrero. Foto: No al TTIP (CC BY-SA 2.0)

El texto, que ahora debe pasar el visto bueno del Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- ha salido así adelante en la Cámara Baja pese a que el PSOE de Pedro Sánchez decidió cambiar el voto favorable que había mantenido hasta ahora en el Parlamento Europeo por una abstención. En la votación han participado 339 diputados y diputadas.

Pese a que el apoyo al CETA estaba asegurado gracias al respaldo de la derecha, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aprovechado el debate de este jueves en el pleno para acusar al PSOE de “hacerse oposición a sí mismo” por haber cambiado su postura y advertirle de que “cuando un partido no se define en lo imprescindible acaba convirtiéndose en irrelevante”.

Un tratado que solo beneficia a las grandes corporaciones

Cabe recordar que una coalición de 330 representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico entregaron este lunes una carta llamando a los grupos parlamentarios a no ratificar el tratado comercial con Canadá (CETA) al no estar al servicio del interés público.

“La gente de Europa no quiere un tratado que solo beneficia a las grandes corporaciones y que amenaza nuestro frágil planeta y nuestros derechos fundamentales. Llamamos a los grupos parlamentarios a representar a la ciudadanía y a rechazar cualquier acuerdo que no esté al servicio del interés público. La avaricia corporativa no debe estar por encima de nuestros derechos”, apuntaba la carta.

La carta recordaba los principales defectos del tratado y demandaba un periodo de información y debate público en el que se consulte a todas las partes afectadas por el CETA, la democratización de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para futuros acuerdos de comercio y de inversión de la Unión Europea y la exclusión de cualquier mecanismo de resolución de conflictos entre estados e inversores (como el ICS en el CETA) que garantizan a las corporaciones un sistema judicial paralelo para demandar a los gobiernos.

Asimismo, exigía “garantías claras” que “defiendan los estándares sociales y ambientales en el CETA”, que ningún órgano de Cooperación Reguladora que “pueda someter a una revisión permanente nuestras regulaciones actuales o futuras” y ninguna privatización de “nuestra salud, educación u otros servicios públicos”.

29 junio, 2017

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