En una reunión celebrada este pasado martes entre el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el consejero de Economía, Fernando Rivarés, con agentes sociales: empresarios, sindicatos, asociaciones vecinales y asociaciones de consumidores (CEOE, Cámara de Comercio, UGT, CCOO, OSTA, Federación de Barrios, Unión Vecinal Cesaraugusta, UCA Aragón, UPTA, ATA Aragón, Asociación de Jóvenes Empresarios, AICAR-ADICAE, Asociación de Empresa Familiar Aragón y Asociación Consumidores Torre Ramona), se ha conocido que Zaragoza cumplirá con el requerimiento de entrega del padrón que DGA ha hecho previa a su reclamación por vía judicial.
Así mismo, se anunció que se van a interponer dos nuevos recursos administrativos contra el cobro de este “injusto impuesto”. De hecho, Rivarés ha anunciado que el Ayuntamiento comenzará una campaña institucional para informar a toda la población sobre este impuesto y lo que supone.
Hasta la fecha ya se habían presentado un recurso contencioso administrativo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y otro presentado por 50 diputados y diputadas de Podemos e Izquierda Unida ante el Tribunal constitucional. Mientras no resuelvan, Zaragoza ha de cumplir legalmente con la norma establecida.
“Hay que recordar que PP y PSOE impidieron con sus votos que fuera el propio Ayuntamiento el que presentara recurso de inconstitucionalidad y hubo que recurrir a que lo presentaran los diputados de dos de las formaciones que componen Zaragoza en Común”, sostienen fuentes del Consistorio zaragozano.
Así mismo, los votos de PP, PSOE y PAR también fueron decisivos para que las Cortes de Aragón no bonificaran el impuesto para los vecinos y vecinas de Zaragoza al 99% como habían solicitado Podemos e Izquierda Unida.
“Ello no implica que renunciemos a seguir peleando contra este impuesto concebido para poder pagar el desmedido e irracional plan de depuración de las aguas de Aragón, sobre el que pesa una enorme sospecha de corrupción de sus gestores, el PAR, y sus socios en diferentes gobiernos que lo han permitido o tapado”, apuntan.
El plan de saneamiento será investigado en las Cortes de Aragón tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas que cifra en 587 millones el coste para los zaragozanos y zaragozanas en los próximos 20 años.
“Además de cobrar por algo que ya se está pagando (la depuración de aguas), con unas depuradas construidas y mantenidas íntegramente con dinero de los vecinos y vecinas de Zaragoza, el cobro del ICA viene a romper con la política tributaria y progresiva que el recibo del agua tiene en la ciudad, lo que hace aún más injusto este impuesto”, aseveran.
En la reunión se trataron también otros temas como el empleo o la situación de las cuentas de la ciudad. “Todos los agentes sociales, excepto la CEOE, se han mostrado favorables a los procesos de remunicipalización”, subrayan desde el Consistorio zaragozano.