Economía

Dos exdirectivos de Sarga condenados a penas de prisión por malversación

Pese a la privilegiada situación económica que han disfrutado los directivos de la empresa pública, Silvio Dellepiane, comenzó a introducir kilometrajes ficticios en sus partes quincenales de gastos, bajo conocimiento del exdirector gerente, Enrique Martín
| 16 mayo, 2017 17.05
Dos exdirectivos de Sarga condenados a penas de prisión por malversación
Reunión del Consejo de Administración de Sarga en 2015.

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a penas de prisión a dos exdirectivos de Sarga por facturar gastos de kilometraje ficticios a fin de compensar la bajada de sueldo experimentada por uno de ellos a causa del plan de saneamiento puesto en marcha en esta sociedad pública aragonesa.

La sentencia, firme tras aceptar los acusados los hechos imputados, responsabiliza al acusado que se benefició de las falsas dietas, Silvio Dellepiane P.R., de un delito de malversación de 1.438 euros en concurso con otro de falsedad y le condena a 14 meses de prisión.

Los magistrados imponen, además, una condena de un año de prisión al exdirector gerente de la sociedad, Enrique Martín B., por ponerse de acuerdo con el anterior para llevar a cabo el fraude.

En su relato de hechos probados, la sentencia señala que a consecuencia del plan de saneamiento impulsado por el Gobierno aragonés para 2014-2017, Silvio Dellepiane fue relegado del cargo de director del Departamento de Servicio Agrarios a una jefatura, pasando su sueldo de 49.000 a 43.000 euros anuales. Unos emolumentos que llegaron a ser de 70.000 euros anuales en fechas anteriores.

A pesar de que se le ofreció la posibilidad de resolver su relación laboral con una indemnización, el acusado optó, con el fin de no perder poder adquisitivo y obtener “un beneficio económico injusto a costa del erario público”, ponerse de acuerdo con el gerente de la sociedad para cobrar falsas dietas.

Así, comenzó a introducir en sus partes quincenales de gastos kilometrajes ficticios, acordando con el responsable de Sarga que podría cobrar hasta un máximo de 3.000 euros anuales.

Según el tribunal, este acusado llegó a percibir entre septiembre de 2014 y febrero de 2016 un total de 1.438 euros, cantidad que depositó en el juzgado antes de la celebración de la vista para propiciar un acuerdo con la fiscalía.

Además de las penas de prisión, la sentencia condena a Silvio Dellepiane a 1.200 euros de multa y a un año de inhabilitación para ejercer cargo público. Al exgerente de Sarga, Enrique Martín, se le impone una multa de 720 euros y un año de inhabilitación.

El tribunal ha acordado la entrega de la cantidad pagada por el acusado Silvio Dellepiane al Gobierno aragonés en concepto de indemnización por las cantidades defraudadas.

Decenas de años ligados al sector público

El ahora delito de Silvio Dellepiane y Enrique Martín ya les costó su puesto en Sarga en 2016, siendo Martín sustituido en el cargo por Jorge Díaz Zaera. Por aquel entonces la investigación interna, según publicó El Periódico de Aragón, se centró también en dos cargos intermedios, Luis Félez – jefe del Departamento de Finanzas-  y José Luis González –subdirector-, aunque ambos señalaron a Enrique Martín como conocedor de las prácticas, por lo que finalmente el juicio se inició contra ambos.

Enrique Martín comenzó su trayectoria profesional trabajando en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Diputación Foral de Navarra, entre otras administraciones.

Su vinculación a la Diputación General de Aragón (DGA) comenzó en el año 1983, desempeñando desde sus comienzos trabajos de alta especialización. Enrique Martín formó parte del Consejo de Administración de SARGA, participando en el proceso de fusión y estudio estratégico de la misma.

Por su parte Silvio Dellepeine comenzó su andadura como asalariado del erario público en 1986, en la Junta de Andalucía, para posteriormente trasladarse a la empresa pública estatal Tragsa, desde donde aterrizó en Aragón a través de Sirasa, la predecesora de la actual Sarga.

Sarga, altos sueldos para directivos y deficiente gestión

La historia de la empresa pública Sarga, como las de sus predecesoras Sirasa y Sodemasa, permanecen en el imaginario colectivo aragonés como un pozo sin fondo de dinero público, en el que se convirtieron en costumbre cargos directivos vinculados al PAR, aprovechando su posición de socios de gobierno tanto con PSOE como con PP, cobrando altísimos sueldos que llegaron a su tope en 2013, cuando entre los nueve directivos de la entidad cobraron 499.000 euros, con sueldos brutos anuales entre los 34.000 y los 73.000 euros.

Pero el agujero de Sarga no quedaba en los emolumentos de su cúpula. En 2016 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) abría una investigación a raíz de la denuncia del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.), por irregularidades tanto en el plano laboral como en la gestión económica.

Así, y tras la llegada al Gobierno de Aragón del ejecutivo PSOE-CHA, se iniciaba una serie de recortes a los contratos por encargos de trabajos y servicios públicos, y la Cámara de Cuentas investiga los 100 millones de euros en contratos que Sarga formalizó entre 2012 y 2015.

Pésimas condiciones laborales para la plantilla de a pie

Entre noviembre y diciembre de 2015, tres trabajadores de la plantilla se encerraban en la sede de Sarga durante 43 días, un encierro del que salieron tras reuniones con Podemos, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, en las que consiguieron el compromiso de estas formaciones políticas para que al menos se incluyeran enmiendas para cumplir la Ley de Montes.

La mayoría de la plantilla de Sarga sufre los efectos de la temporalidad de su profesión, y muchos de ellos son contratados por diez meses, quedando en el paro dos meses al año. La reducción de las partidas por parte del actual ejecutivo aragonés, PSOE-CHA, determinó el despido de 23 trabajadores en abril de 2016, algo que fue duramente criticado por la representación sindical de la plantilla que le recordó al gobierno que los afectados seguían siendo los trabajadores de base, pese a haber sufrido un ERE en 2013 que se saldó con 87 despidos, mientras la empresa mantiene una estructura de más de 50 directivos en los tres niveles.

Tan solo dos meses después la Candidatura Independiente, uno de los sindicatos en la empresa, denunciaba la “falta de voluntad” de los nuevos responsables de la empresa nombrados por el Gobierno de Aragón, para “solucionar los problemas de transparencia y clientelismo” tantas veces denunciados, y aseguraba que la empresa, de nuevo había vuelto a contratar “a dedo” por parte de uno de sus directivos. Este sindicato terminaría por rubricar un convenio que ha sido criticado por el resto de representantes sindicales en la empresa pública.

El sindicato CCOO, ante la inminencia de la firma del convenio, cargó contra el Gobierno de Aragón y la empresa pública Sarga por permitir una precariedad laboral que se resolvería con siete millones más en el presupuesto, de los 19 millones actuales a 26 millones, y aseguraron que, a largo plazo, las medidas de mejora que plantea el Partido Socialista para 2017 esconden el camino hacia una privatización de parte del servicio.

16 mayo, 2017

Autor/Autora

Miembro del Consello d'AraInfo. @maconejos


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