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Denuncian la agresión a un menor por parte de un policía de la UAPO

El Grupo Derechos Civiles 15M, ha hecho pública la agresión, mediante un comunicado en el que exigen medidas a los responsables del Ayuntamiento de Zaragoza
| 30 mayo, 2016 17.05
Denuncian la agresión a un menor por parte de un policía de la UAPO
Imagen de una protesta contra la UAPO.

Desde el Grupo Derechos Civiles 15M, denuncian que el pasado lunes 23 de mayo, a las 20.00 horas, y a escasos metros de las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Delegación del Gobierno en Aragón, un niño de 12 años fue agredido por un miembro de la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO), mientras repartía octavillas que denunciaban la muerte de su tío, Miguel Ángel Fernández, bajo custodia de la Policía Nacional en los calabozos de la Comisaría de Ranillas el miércoles 6 de Abril, debido a un edema pulmonar agudo, según la versión oficial.

Como convocante legal de la concentración y uno de los muchos colectivos que están prestando apoyo a la familia de Miguel Ángel en su reclamación de justicia, Derechos Civiles 15M, condenan “esta agresión vergonzosa y cobarde, insisten en recordar que la lista de agresiones cometidas por la UAPO es intolerable y exigen medidas a los responsables institucionales del Ayuntamiento de Zaragoza, para que estos atropellos no se repitan nunca más, y quienes los cometen asuman las debidas consecuencias disciplinarias”.

La familia del menor ha presentado una denuncia por la agresión, que desde Derechos Civiles 15M ha impulsado su campaña en favor de la disolución de esta unidad, una exigencia que vienen reclamando hace tiempo.

A vueltas con la UAPO

Corría el año 1980 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza decía responder al “fortísimo incremento de la delincuencia en la ciudad” con una nueva Unidad de Vigilancia Especial (UVE) de la Policía Local. La unidad especial, que heredó de su antecesora un buen número de prácticas de criminalización de la pobreza y maltrato a la disidencia social, acabaría protagonizando abusos, agresiones a periodistas, palizas a miembros de movimientos sociales, el asesinato de Ángel Lapuente, menor de edad que conducía, desarmado, un coche robado, y frecuentes “patrullas informales” de agentes de paisano.

Diez años, y muchas protestas después, la reestructuración de 1990 sustituyó la propia UVE, la USE (Servicios Especiales) y la BR (Barrios Rurales) por una Unidad de Protección Ciudadana y una Unidad de Prevención. En 1995 la plantilla total de la Policía Local aumentó hasta los 1.000 efectivos. En 1996 nacía la denominada Policía de Barrio, cuyo despliegue en la ciudad duraba poco más de tres años, no gozando de aceptación por las vecinas y vecinos que debían proteger.

Actualmente, Zaragoza tiene cerca de 200 agentes de Policía Local por cada 100.000 habitantes, objetivo reconocido públicamente en 2008 tras la creación de la Unidad Nocturna y la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO). Muchos miembros de la antigua UVE han acabado adiestrando, dirigiendo o compartiendo uniforme con los integrantes de la UAPO desde 2007, y como ocurriera con la UVE, desde su creación han acumulado docenas de denuncias por montajes policiales, redadas raciales, identificaciones arbitrarias, intimidaciones, vejaciones, torturas y malos tratos.

Zaragoza es una de las ciudades más patrulladas del Estado español. La presencia policial tocó techo durante la organización de la Expo. A este evento se añadió una Ordenanza, instada por el gobierno Belloch, que penalizaba conductas “contrarias a los valores cívicos”, réplica de la impuesta en Barcelona en 2005 con fines de control, estética e higiene social. En 2009, primer año de ordenanza, el número de denuncias en Zaragoza ascendió hasta las 2.000, en 2012, llegaban a las 3.000, aproximadamente ocho denuncias al día. Finalmente esta Ordenanza fue derogada, pero el cambio en la normativa municipal influyó poco en la actividad cotidiana de la policía.

La llegada al Ayuntamiento de Zaragoza En Común (ZeC), planteó la posible disolución de la UAPO. Pedro Santisteve, propuso la desaparición de la UAPO, argumentando que “realiza funciones que corresponden a la Policía Nacional”, lo que fue visto con buenos ojos por las bases de la candidatura de confluencia.

Sin embargo, no parece que ZeC pueda llegar a la disolución de la UAPO, pues tanto como PSOE como PP, son firmes defensores de una unidad, que en palabras de Carlos Pérez Anadón anterior responsable de la Policía Local, “es una unidad que está dando muy buen resultado”.

Preguntada al respecto, en noviembre de 2015, la actual responsable, Elena Giner, advertía que “en cuanto al tema de la UAPO, sinceramente en estos momentos, previos al 20 de diciembre, no es momento de abrir muchos flancos de conflicto. Sí, lo anunció el alcalde; sí, lo llevamos en nuestro programa electoral y sí que es uno de los temas que estamos estudiando”, sin embargo, de sus palabras se deduce que previos al 26J, tampoco sea el momento de abrir esos “flancos de conflicto”, lo que alargaría esta decisión, que sería rechazada por la mayoría de los ediles en el consistorio, unos meses más.

Desde Derechos Civiles 15M, y desde otros muchos movimientos sociales zaragozanos, se viene reclamando la disolución de una unidad que ha protagonizado no pocos incidentes. Derechos Civiles 15M ha relatado alguno de ellos y los ha compilado en tres informes que tratan visibilizar los abusos denunciados en muchas ocasiones contra la UAPO.

La muerte de Miguel Ángel en extrañas circunstancias

Hace algo más de un mes, se difundía la muerte de un joven de 33 años en la Comisaría de Ranillas de Zaragoza. Una muerte que provocó que familiares, amigos y personas solidarias protestaran delante de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza por su muerte el pasado lunes, 11 de abril.

Desde el Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza denuncian que desde el primer momento se ha explicado la muerte como resultado de causas naturales, sin más datos oficiales hasta el momento. Critican también a muchos de los medios de comunicación que han informado del historial delictivo del joven, centrando la atención principalmente en dicho historial, y llegando a referirse al fallecido, con continuidad, como el “ladrón reincidente”, incluso en sus titulares.

La familia presentaba la correspondiente denuncia y la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ), se personaba en la causa como acusación popular. Desde Derechos Civiles “apoyamos a la familia en las iniciativas que pueda tomar y exigimos que se haga justicia auténtica en este caso. Pensamos que, como mínimo, ha existido dejadez y abandono por parte del Estado, representado en la Policía Nacional de la Comisaría de Ranillas, en su obligación de responsabilizarse de la salud de las personas detenidas y que están bajo su cuidado”, declaraban.

Por otro lado, la versión oficial genera múltiples dudas en cuanto al trato real recibido por la persona fallecida que deben aclararse por completo. Durante la detención, el fallecido fue trasladado a distintos centros hospitalarios, sin saber las causas ni el tratamiento recibido; después, ya en la celda fue encontrado muerto.  La propia versión oficial habla de muchas horas de detención, cuando podría haber sido trasladado al Juzgado mucho antes.

“La vida anterior de esta persona, no justifica ningún maltrato por parte de la Policía ni mucho menos, dejarlo morir sin la atención necesaria.  Lo que se ha llamado su historial delictivo no deja de ser la demostración del fracaso del sistema a la hora de conseguir que todas las personas podamos vivir con dignidad”, advertían desde Derechos Civiles 15M, y apostillaban “queremos que, en esta ocasión, esta muerte no quede impune y por ello, vamos a llevar un seguimiento detallado del caso para exigir que se haga justicia”.

30 mayo, 2016

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