ZeC reclama la creación de una comercializadora eléctrica municipal para luchar contra la pobreza energética

En Aragón, según diferentes estudios, un 8,6% de las y los aragoneses vive en situación de pobreza energética, frente al 7,3% del Estado, y destina de media 1.267€/año al pago de gastos de energía, 168 euros más que la media española. El 33,4% de las madres solas en situación de riesgo habían tenido dificultades para afrontar el pago.

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Foto: CC.

Desde el 17 al 23 de febrero se desarrolla la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, cuyo objetivo es dar visibilidad a uno de los problemas con más impacto en la vida cotidiana de las personas.

En Aragón, según diferentes estudios, un 8,6% de las y los aragoneses vive en situación de pobreza energética, frente al 7,3% del Estado, y destina de media 1.267€/año al pago de gastos de energía, 168 euros más que la media española.

Philip Alston, Relator de las Naciones Unidas sobre la pobreza, mostraba una gran preocupación y señalaba en su informe sobre casi el 10% de la población del Estado española no podía permitirse el lujo de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, lo que supone que las personas tienen que elegir entre calentar sus hogares y alimentar a su familia.

En el mismo sentido un reciente informe de Save The Children, analizando las condiciones de vida de diferentes tipologías de familias señalaba como el 33,4% de las madres solas en situación de riesgo habían tenido dificultades para afrontar el pago de facturas de electricidad o gas y que más de un 28% no pueden mantener la temperatura adecuada de la vivienda durante los meses de invierno, 20 puntos más que la media.

Los hogares de rentas más bajas gastan un tercio menos en energía que los de mayor capacidad adquisitiva, pero tienen que hacer un esfuerzo cuatro veces mayor para poder hacer frente a sus facturas de energía doméstica.

Pero más allá de los puros datos económicos la pobreza energética implica importantes problemas para la salud y el desarrollo de las personas. El problema se acentúa cuando hay niños y niñas en hogares donde se padece pobreza energética ya que los y las progenitoras se ven obligadas a elegir entre calentar la casa o la alimentación. Ambas opciones conllevan consecuencias negativas para toda la familia, especialmente para los y las más pequeñas.

Igualmente, no tener una temperatura adecuada afecta al rendimiento escolar provocando dificultades para concentrarse, también al éxito académico y al absentismo debido a tener que faltar a clases por enfermedades.

En algunos casos puede relacionarse con el riesgo de que los y las jóvenes no quieran estar en sus casas. Pasan más tiempo en la calle y eso puede ocasionar otro tipo de problemas. “El hogar deja de ser un lugar de referencia y acogedor en el que desarrollarla vida y se convierte en un lugar inhóspito”, aseguran desde Zaragoza en Común.

Por todo ello, la formación reclama al gobierno de la ciudad la toma de medidas para afrontar de manera clara este problema estructural, más allá de medidas superficiales que no atacan el origen.

Por ejemplo, la creación de una comercializadora eléctrica municipal, ya existe en ciudades como Cádiz o Barcelona, que se convierta en un instrumento eficaz en la lucha contra la pobreza energética al priorizar el acceso a la energía como un bien público por encima del beneficio económico que guía a las grandes comercializadoras.

En este sentido, la comercializadora municipal permitirá evitar los cortes de suministro eléctrico a las familias, garantizando los mínimos vitales necesarios en función de la situación social y revirtiendo en el propio Ayuntamiento los presupuestos que actualmente se destinan a evitar los cortes de luz por las grandes comercializadoras privadas que reciben este dinero.

En relación a las Ayudas de Urgencia destinadas a las familias sin recursos exigen, como ya lo hicieran las entidades sociales y las más de 1.000 alegaciones a los presupuestos, que se mantengan sus requisitos y procedimiento actual, sin restricciones a su tramitación que su consideración actual como subvenciones puede suponer, y que permitió que durante la pasada legislatura se evitaran más de 19.000 cortes de suministro energético, por una cuantía de 2,2 millones de euros.

Retomar el Plan Municipal de Rehabilitación Urbana, dirigido a la mejora de accesibilidad y eficiencia energética de 3.000 viviendas, en especial, las de menores recursos.

Además, insta al Gobierno de la ciudad a que continúe el trabajo realizado desde las ciudades la pasada legislatura, y lidere la reclamación de un bono social justo, que obligue a la adaptación de potencia y tarifa según las necesidades reales, y de aplicación automática, como sucede en Portugal desde 2016.

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