La concejala de Zaragoza en Común, Luisa Broto, ha denunciado la devolución por parte del servicio de Intervención de más de 350 ayudas de urgencia (dirigidas a alimentación, ayudas para la compra de audífonos, gafas, prótesis dentales, material escolar y comedores, participación en actividades sociales y el pago de alquileres y reparaciones de electrodomésticos, etcétera) que no han sido concedidas, tras su solicitud, a familias y hogares con dificultades económicas.
Las ayudas de urgencia municipales son un elemento fundamental para abordar la lucha contra la pobreza y para fortalecer la cohesión social en una situación de crisis como la actual “en la que la precariedad se ha convertido en norma”, ha explicado Broto.
La concejala ha señalado que ya su formación denunció, el pasado mes de octubre, los graves problemas que supondría la consideración de estas ayudas como subvenciones: burocratización y retrasos en su concesión. “Su única intención era establecer de manera encubierta recortes en estas ayudas dirigidas a la lucha contra la pobreza”, ha expresado. “Así lo entendieron también entidades y colectivos sociales que presentaron más de 800 alegaciones al proyecto de presupuestos para que no fueran consideradas como tales”, ha apuntado Broto.
Desde la puesta en marcha del nuevo procedimiento (poco más de un mes desde la aprobación del presupuesto) “y pese a que se suponía que no iba a haber incidencia alguna”, ya se han devuelto desde intervención más de 350 ayudas.
Además, ha explicado que son “especialmente graves” los motivos de la devolución de las mismas, ya que suponen, por un lado, el incumplimiento de la Instrucción nº 5 y de la Ordenanza municipal de Ayudas de Urgente Necesidad, vigentes hoy día. Gran parte de las ayudas son devueltas con el argumento de que “exceden los importes máximos” o que lo que se solicita “no es objeto de estas ayudas”, remitiéndose a una instrucción anterior a 2015. Por otro lado, Broto ha denunciado que supone “una injerencia inadmisible en las valoraciones profesionales de los trabajadores y trabajadoras sociales”.
Otro argumento para la devolución de estas ayudas es la no consideración del gasto como sobrevenido y/o puntual. Esto supone, además de un cuestionamiento del criterio profesional, el incumplimiento de la Ley 10/2016 de Medidas de Emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón.
Pero además, es de “extrema gravedad” que intervención “esté practicando el intrusismo profesional” al realizar valoraciones que no son ámbito de su competencia, sino de los trabajadores sociales que gestionan y valoran las situaciones de las familias.
Las ayudas no concedidas: comedor escolar, una lavadora o un andador
Algunas de estas ayudas devueltas y no percibidas por las familias corresponden a prestaciones para el comedor escolar, para la realización de actividades extraescolares o de campamentos. En estos casos, Intervención no las considera como “urgencias”, en contra del criterio del profesional y pese a que la propia ordenanza los establece como fórmula para la integración.
También -tal y como explica el grupo municipal-, se devuelven ayudas para el pago de dos meses de residencia para una persona mayor carente de recursos y en una situación grave y urgente hasta que sea efectiva la plaza pública concedida.
Asimismo, se cuestiona la necesidad de dos armarios para una unidad familiar o la necesidad de una lavadora de 8 kilogramos, se devuelven ayudas para el pago de audífonos, ayudas dentales o incluso de un andador.
En cuanto a ayudas no concedidas relativas al alquiler, se llega a orientar a la trabajadora social a que inste a la familia a buscar un alquiler más barato.
