Zaragoza en Común ha presentado una moción en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para defender unas condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores de limpieza de edificios, un sector esencial que durante la pandemia sostuvo un servicio básico para la ciudadanía. La iniciativa ha sido presentada este lunes en rueda de prensa junto a representantes de CCOO, UGT y OSTA.
La portavoz del grupo municipal, Elena Tomás, ha subrayado que "la responsabilidad política no recae solo en las patronales del sector, sino también en las administraciones que contratan, licitan y supervisan estos servicios". En este sentido, ha recalcado que tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón "tienen la obligación de garantizar que la prestación del servicio no se haga a costa de empeorar las condiciones laborales ni de rebajar los estándares de calidad".
La moción pone el foco en dos cuestiones concretas. Por un lado, reclama instar a las patronales ASPEL y ASOAL a actualizar las condiciones laborales y salariales del sector, después de que las trabajadoras lleven negociando desde enero sin avances reales, y sin trasladar a las plantillas la presión por maximizar beneficios empresariales ni utilizar el absentismo como excusa para recortar derechos vinculados a la incapacidad temporal. Por otro, exige al Gobierno de la ciudad que entregue a los grupos municipales la documentación del primer trimestre de 2026 prevista en el pliego técnico, para "poder comprobar si se están cumpliendo los controles de personal, calidad, incidencias, medios materiales e idoneidad del servicio".
Zaragoza en Común denuncia además que el último pliego ha eliminado mecanismos de control del servicio, ha reducido la capacidad de supervisión pública y ha priorizado criterios de metros cuadrados frente a las necesidades reales de personal. "Esta forma de contratar deriva en sobrecarga de trabajo, pérdidas de empleos con jornadas completas y deterioro del servicio", ha denunciado Tomás.
La formación municipal considera que es "imprescindible" que Ayuntamiento y Gobierno aragonés asuman su parte de responsabilidad y actúen para "proteger a una plantilla feminizada, precarizada y esencial para el funcionamiento de los servicios públicos".
