La ONG Oxfam-Intermón ha reconocido en un acto público, celebrado este martes por la mañana, el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza para luchar contra la lacra de los Paraísos Fiscales como motor de desigualdad.
Un grupo de personas voluntarias de la entidad, liderados por la responsable de Oxfam en Zaragoza, Rosalía Rimbau, han realizado en la plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento, un reconocimiento público al que han asistido el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero.
En concreto, han entregado un simbólico “Me gusta” en forma de una publicación en redes sociales para “indicar que nos gusta el rumbo que ha tomado el Ayuntamiento de Zaragoza, por su acuerdo como Zona Libre de Paraísos Fiscales”, ha declarado Rosalía Rimbau, quien ha recordado que todas las empresas que cotizan en el Ibex 35 tienen filiales que operan en paraísos fiscales.
Desde Oxfam recuerdan que las contrataciones públicas en el Estado español equivalen al 25% del PIB. Rimbau ha expuesto que “la desigualdad extrema y la pobreza se pueden combatir con la fiscalidad justa, en la medida en la que puede generar una redistribución de la riqueza y de los beneficios” señalando además que “los paraísos son los agujeros negros de muchas multinacionales y grandes fortunas”.
Por su parte, el consejero de Servicios Públicos ha agradecido la labor de la entidad "por la justicia social y la lucha contra los paraísos fiscales", y ha recordado que, el pasado mes de junio, “el Gobierno de Zaragoza, comprometido en la lucha contra los paraísos fiscales y, dentro del marco normativo existente, impulsó un decreto que imposibilita a aquellas empresas que hayan sido condenadas por realizar actividades ilícitas en paraísos fiscales a contratar con el Consistorio”.
Cubero también ha recordado que si esta condena fuera sobrevenida, sería motivo de rescisión de un contrato, al incluirse esta cláusula como esencial y causante de falta muy grave que podría motivar la resolución contractual.
De acuerdo con este decreto, se establece una cláusula - tipo para incluir en los pliegos administrativos que establece que "las empresas que concurran a la licitación no podrán realizar operaciones financieras delictivas en paraísos fiscales (según la lista elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español)".
Además, "las empresas licitadoras suscribirán una Declaración de Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa que tendrá por objeto el compromiso de no realización de prácticas vinculadas al fraude y evasión fiscal" y "en el supuesto de una vez formalizado un contrato público municipal se verifique la falsedad de la declaración de la empresa contratista, se considerará infracción muy grave con imposición de penalidades y/o en su caso resolución del contrato".
En la presentación del Decreto, el consejero de Servicios Públicos y Personal y Presidente del Observatorio de la Contratación, Alberto Cubero, ha manifestado que “el Gobierno de Zaragoza se compromete con hechos y no sólo con palabras a luchar contra los paraísos fiscales, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales obtenidos de la corrupción u otras actividades criminales”.
“Este decreto es un paso más en nuestra política de compra pública responsable que abandona los criterios economicistas de conceder los contratos a la oferta más barata y tiene muy en cuenta la responsabilidad social de las empresas”, ha concluido.
8.250 millones al año perdidos en el Estado español por la evasión fiscal
Los paraísos fiscales forman parte fundamental de la economía global y permite que miles de multinacionales de todo el mundo las utilicen para no pagar impuestos. También permite que criminales que obtienen dinero de la corrupción, el tráfico de drogas o de armas depositen allí sus ingresos e incluso se sirvan de estos países para blanquear su dinero negro.
El Estado español pierde 8.250 millones al año por la evasión fiscal de las multinacionales, es decir, por el hecho de que estas grandes empresas paguen impuestos en un país donde no realizan la actividad que les genera los beneficios. Estos 8.250 millones serían ingresados por el estado español simplemente si estas grandes empresas tributasen lo mismo que pagan las pymes por sus beneficios (las pymes pagan un 16% de medio y las multinacionales un 5,3%).
Negativa a la exigencia de Delegación del Gobierno de retirar el Decreto
Cubero ha señalado que el pasado mes de septiembre la delegación del Gobierno requirió el decreto y la semana pasada ha instado al Ayuntamiento a retirarlo en el plazo de un mes.
“Le hemos respondido que no lo vamos a retirar, que este decreto no sólo es justo socialmente sino que está desarrollado de acuerdo con la ley, en coherencia con nuestra lucha contra los paraísos fiscales”, ha indicado Cubero.
Asimismo, ha asegurado que “el delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, está actuando más como Partido Popular que como velador de los intereses de la ciudadanía española”. “Vamos a seguir adelante con este decreto y si el delegado del Gobierno considera que quiere seguir en los tribunales, en los tribunales nos defenderemos”, ha concluido.
