Las personas responsables de las políticas de vivienda de diferentes ayuntamientos de ciudades del Estado español se han reunido este jueves con la secretaria general de vivienda, Helena Beunza, para reivindicar que la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que el viernes de la semana pasada aprobó el Consejo de Ministros y que está pendiente de convalidación, incluya otras medidas complementarias al aumento de la duración mínima de los contratos de alquiler. En representación de Zaragoza ha acudido el concejal de Vivienda, Pablo Híjar.
Entre las propuestas que plantean los y las representantes de los ayuntamientos destaca la habilitación de los municipios para que puedan implantar sistemas de regulación y de limitación de los aumentos de precios de los alquileres, sistemas como los que ya están funcionando en numerosas ciudades europeas en las que los porcentajes de viviendas de alquiler en el mercado son los más elevados de la Unión Europea, como Berlín con el 85,93%, Amsterdam con el 72% del mercado de alquiler, Paris, el 61,5% o Londres, con el 42%. Sistemas que, por otro lado, permiten una mayor estabilidad para las familias, y también para los propietarios y propietarias que decidan poner sus propiedades en alquiler.
También han recordado a Beunza que 10 millones de personas viven de alquiler en el Estado español. Éstas se localizan, principalmente, en las zonas urbanas y es una cifra que sigue creciendo. Tal y como señala el Real Decreto-Ley 21/2018 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, era del 20,3% en 2011 y en 2017 había aumentado un 12, 8% hasta llegar al 22’9%.
La evolución del alquiler es sensible a las políticas de vivienda que se han desarrollado en el Estado español en las últimas décadas y que, al contrario de otros países, como Austria, Alemania o Francia, no han potenciado el crecimiento de un parque asequible. En este contexto, existen retos determinantes para el futuro del Estado, como son la gentrificación, el envejecimiento de la población, la dificultad de las personas jóvenes para acceder a la vivienda, la situación de emergencia habitacional y el aumento indiscriminado del precio del alquiler.
Actualmente, en el Estado español, cuatro de cada diez familias (43%) que viven de alquiler deben dedicar más del 40% de sus ingresos a la vivienda. Se trata de un porcentaje 15 puntos por encima de la media europea que es del 28%. Eso implica que hay otras áreas destinadas a educación, salud, alimentación, ocio, etc… que están siendo desatendidas por falta de recursos.
Por eso, algunos de estos municipios, ya están trabajando en la implantación de un índice de precios que permita tener información real y más exacta sobre los precios que se están pagando en el mercado del alquiler, instrumento necesario y previo a la regulación que se pide. Y lo están haciendo porque creen que hay que avanzar algo más, motivo por el cual han expresado su "decepción" lamentando que las medidas que pretende aprobar el Gobierno español son "insuficientes".
Otra de las demandas, muy vinculada a la habilitación de los ayuntamientos para implantar sistemas de control, es la delimitación y la definición de las áreas dónde el mercado de la vivienda está tensionado. Se trata de zonas en las que el abastecimiento de vivienda, la oferta de alquileres en definitiva, no cubre las necesidades de la población de este territorio, en condiciones razonables de accesibilidad.
Esto pasa cuando los precios para alquilar viviendas experimentan subidas muy superiores a la media del territorio del entorno. Pasa también cuando la carga del coste del alquiler de una vivienda supone una inversión del presupuesto familiar muy superior a la del resto del territorio del entorno. Y pasa también cuando aumenta la población y no aumenta el parque de vivienda de alquiler disponible, entre otras situaciones. En estas circunstancias se tendría que poder aplicar medidas de limitación de las subidas de precios del alquiler, como se hace en las ciudades de París o Berlín.
Éstas han sido las demandas más urgentes que han hecho los y las representantes de los ayuntamientos que se han reunido este jueves con la secretaria general de vivienda, pero no las únicas. Han aprovechado la reunión para plantear otras reivindicaciones, como por ejemplo: la necesidad de crear áreas de tanteo y retracto en el Estado español, como ha hecho Barcelona; garantizar la protección jurídica del arrendatario o arrendataria ante la compra de terceros, aunque su contrato no esté inscrito en el Registro de la Propiedad; aumentar el presupuesto destinado a políticas de vivienda hasta situarlo en el 1,5% del PIB; modificar la normativa para obligar a comunicar previamente a los servicios sociales de los municipios cualquier orden de desalojo de personas vulnerables que se produzca; y garantizar que la propiedad del suelo de protección oficial sea siempre pública y no pase a manos privadas.
Zaragoza apuesta por aumentar su parque público de vivienda social para facilitar el acceso al alquiler
El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha hecho especial hincapié en la necesidad de políticas para aumentar el parque público de vivienda de alquiler social.
El Banco Europeo de Inversiones aprobó recientemente la operación de financiación para llevar acabo el Plan de Inversiones 2018-2023 de Zaragoza Vivienda ('Zaragoza Energy Efficient Social Housing'). Una iniciativa que contempla la construcción un total de 308 viviendas para alquiler social y la rehabilitación de 842 inmuebles del parque público mediante una inversión de 72 millones de euros y que será llevada para su aprobación en el Pleno el próximo enero.
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, está manteniendo sendas reuniones con los y las responsables de cada grupo municipal para explicarles personalmente los "beneficios" para la ciudad que generará el Plan de inversiones en Vivienda y lograr su apoyo para sacarlo adelante.
