El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado un total de diez votos particulares al proyecto de ordenanzas presentado por el gobierno del PP, con el fin de "garantizar la progresividad fiscal" y que las bonificaciones lleguen a las empresas y particulares de una manera "redistribuida y con sentido común".
En cuanto al IBI, el impuesto de bienes inmuebles, la formación ha propuesto rebajar el valor catastral de los inmuebles que pueden acogerse a las bonificaciones municipales a aquellos que sean superiores a 900.000 euros, lo que afectaría a 235 edificios de uso comercial de los 27.000 existentes en la ciudad; a 345 de 4.488 de los que hay dedicados a industria y a 163 de 5.596 locales dedicados a oficinas.
El motivo de este voto particular es el de "implementar una mayor progresividad en este impuesto", ha explicado la formación municipalista. Para el IBI, ZeC también ha presentado un segundo voto al artículo 20, "con el fin de garantizar el principio de igualdad y de capacidad a todas las empresas, independientemente de su tamaño, puesto que la modificación realizada por el PP beneficia a las empresas de mayor rango y deja fuera a las pequeños y medianos negocios".
La portavoz de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento, Elena Tomás, ha destacado la necesidad de "mantener los ingresos municipales para invertir en los servicios públicos, pero que quien tenga más, más pague", en referencia al IBI, que genera 171 millones de euros al año, el 20% de los ingresos municipales.
En el IAE, el impuesto de actividades económicas, Zaragoza en Común ha propuesto suprimir el apartado en el que se regula la bonificación por interés municipal, al considerar "arbitraria" esta categoría y "al afectar de manera notable a las empresas de más de 200 trabajadores, de nuevo, priorizando la rebaja sobre éstas, llegando a un 95%, cuando este porcentaje tan solo llega al 29% cuando la plantilla es de entre 10 y 20 trabajadores y trabajadoras".
"Las consecuencias de las bonificaciones del ICIO, el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, es muy similar al del IAE en cuanto a la falta de progresividad y beneficio de las grandes multinacionales", ha añadido Tomás, razón por la que la formación ha propuesto modificar el ártículo 13 con el fin de eliminar la bonificación existente por declaración de especial interés o utilidad municipal.
El segundo de los votos particulares presentados para enmendar la ordenanza fiscal número 10 sobre el ICIO está encaminada a "garantizar el principio de igualdad entre las empresas, eliminando la bonificación existente por declaración de especial interés o utilidad municipal, teniendo en cuenta que las empresas de nueva implantación están exentas del IAE durante los dos primeros años y se mantienen las bonificaciones por creación de empleo en los cinco posteriores". "Se evita así que por un mismo motivo, de creación de empleo e inversión, se establezca una fiscalidad desigual con el resto de contribuyentes", explica Tomás.
"No puede ser que a los vecinos y vecinas de Zaragoza se nos incremente la factura del agua con una subida del 8,4%, la recogida de residuos un 29% o la tasa por escorias de calderas un 65% para las comunidades y otro 65% por casa y las grandes empresas como Quirón o Becton Dickinson, con beneficios multimillonarios, se vean exentas de pagar al Ayuntamiento", ha remarcado la portavoz de ZeC.
En este sentido, la formación ha propuesto que la tasa de recogida de residuos que aumentará como requisito para cumplir la nueva Ley de Residuos, se incremente de forma escalonada hasta que esta exigencia entre en vigor, y no antes, "dando un pequeño respiro a la ciudadanía a la hora de pagar este impuesto", ya que el plazo límite es abril de 2025.
En la ordenanza fiscal número 6, que hace referencia al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, la formación municipalista ha propuesto modificar el apartado en el que se regula la bonificación de los vehículos declarados históricos. La propuesta del Partido Popular es que esta alcance el 95% y Zaragoza en Común ha presentado una enmienda para que este porcentaje siga situándose en el 50% como ocurre en la actualidad. Además, la formación ha incluido un matiz: que la bonificación quede limitada a un vehículo por titular.
Por último, la formación ha pedido no cambiar la ordenanza fiscal número 27, que ahora ha introducido la gratuidad para los centros privados y concertados a la hora de usar las instalaciones deportivas municipales. La formación considera que estos deben seguir pagando la tasa correspondiente para utilizar los pabellones y pistas polideportivas, instalaciones que tienen una alta demanda, en la que hay que priorizar su uso por entidades públicas.
