Zaragoza en Común exige el fin de las expulsiones en caliente y garantizar vías legales y seguras

La formación ha exigido recuperar los recortes de Cooperación tras la masacre de Melilla y ha pedido al gobierno de PP-C’s que recupere los recortes de las partidas de cooperación y avance hacia el 0,7% de su presupuesto, según lo recogido en el Pacto para la Cooperación al Desarrollo suscrito en 2019

Pedro Santisteve sentado en rueda de prensa con el logo del ayuntamiento de zaragoza detrás
Pedro Santisteve | Foto: Zaragoza en Común

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su apoyo a las familias que han perdido a sus seres queridos en la frontera de Melilla y ha exigido el fin de las expulsiones en caliente, tal como viene exigiendo la ONU de manera reiterada, y garantizar vías legales y seguras, como contempla la legislación internacional en materia migratoria.

La formación también ha pedido que este próximo Pleno la Corporación celebre un minuto de silencio para recordar a las víctimas y ha solicitado al gobierno de PP-C’s que recupere los recortes de las partidas de cooperación y avance hacia el 0,7% de su presupuesto según lo recogido en el Pacto para la Cooperación al Desarrollo suscrito en 2019.

La formación también ha anunciado que propondrá, desde el Pleno de la ciudad, al gobierno español y a las instituciones europeas e internacionales, la puesta en marcha de una investigación para aclarar lo ocurrido, depurar responsabilidades y garantizar la justicia y reparación a las víctimas.

La masacre ocurrida en Melilla, en la que han perdido la vida al menos 37 personas, muchas de origen sudanés, y por tanto susceptibles de recibir protección internacional, “es consecuencia de una política que externaliza y militariza las fronteras, niega los derechos humanos y ataca a quienes buscan refugio”, ha expresado el portavoz de la formación, Pedro Santsiteve.

Por esta razón, la formación también ha exigido la identificación y repatriación de las personas fallecidas, así como la atención sanitaria adecuada de las personas que han resultado heridas y la garantía plena de sus derechos.

“Mientras la semana pasada el Gobierno presentaba el proceso para elaboración de su II Plan de Derechos Humanos, en Melilla venían produciéndose la ejecución ilegal de las devoluciones en caliente, una práctica que la ONU ha condenado al Estado español en varias ocasiones, en una muestra clara de lo poco sirven los documentos cuando se violan sistemáticamente los derechos en la frontera Sur. Definir esta actuación como una operación bien resuelta da muestra de la falta de compromiso real del Gobierno español con los derechos humanos y la vida”, ha detallado Santisteve.

En este sentido, la formación ha pedido al gobierno español el fin de las expulsiones en caliente, tal como viene exigiendo la ONU de manera reiterada, y garantizar también vías legales y seguras, como contempla la legislación internacional en materia migratoria.

Zaragoza en Común también ha solicitado la revisión de las políticas estatales y europeas relativas a la inmigración, acabando con el desvío de fondos de cooperación para control migratorio y apostando por las políticas de cooperación, desarrollo sostenible y pasaje seguro.

La formación ha alertado de que las ONG que trabajan en la frontera con Marruecos vienen denunciando un aumento de la violencia a raíz de la reanudación de la colaboración entre el Estado español y Marruecos en materia migratoria y ha denunciado que acuerdos de este tipo contribuyen a aumentar la violación de los derechos humanos.

“Los acuerdos con países que no respetan los derechos humanos y el desvío de los fondos de cooperación para el control migratorio son prácticas que deben finalizar de manera inmediata”, ha destacado el edil.

Santisteve ha hecho hincapié en la necesidad de fomentar un enfoque que entienda la migración como un derecho y que proponga una atención integral de la migración centrado en las personas y sus derechos, en las causas profundas de la misma, en el desarrollo sostenible, en la prevención de la trata y el tráfico de personas y en la protección de las víctimas y supervivientes, en la atención de las necesidades de las personas refugiadas y de las víctimas de desplazamientos forzosos, conforme al derecho internacional, y en particular los derechos humanos.

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