El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado “la parálisis que están viviendo las 36 nuevas viviendas de la promoción ‘Flumen’ en el barrio de la Jota”, unas viviendas impulsadas por Zaragoza en Común “que llevan más de un año terminadas y vacías”.
Una viviendas cuya adjudicación ya anunciara en octubre de 2022 el entonces alcalde Jorge Azcón, el concejal Víctor Serrano y la anterior concejal de Vivienda. Los pisos se iban a asignar a las familias antes de terminar ese año, pero “ha pasado más de un año desde aquel anuncio, casi un año desde que se finalizó la obra y casi seis meses desde que el Ayuntamiento la recepcionó sin que a la fecha hayamos tenido noticia alguna al respecto”, ha apuntado el concejal de ZeC Suso Domínguez.
La formación ha criticado esta situación y urge una actuación “más aún si tenemos en cuenta los grandes problemas de acceso a la vivienda que existen en la ciudad y cuando, según los propios datos de la sociedad Zaragoza Vivienda, a fecha de septiembre de 2023 había en lista de espera más de 9.800 personas”.
El Chusticia d’Aragón en su informe sobre vivienda social de 2021 señalaba cómo el término de vivienda social no es unívoco en la administración, confundiéndose de manera habitual con el de vivienda de alquiler asequible, “algo que consciente o inconscientemente venimos escuchando en este salón de plenos”, ha señalado el edil de Zaragoza en Común.
En este sentido, ZeC ha preguntado al gobierno municipal si estas viviendas van a ser consideradas como viviendas sociales. “Y es que la diferencia no es baladí: si tenemos en cuenta los ingresos máximos de los arrendatarios para un ‘alquiler asequible’ este es de 4,5 veces el IPREM, esto es, 2.700 euros mensuales (32.000 euros anuales). Mientras, los ingresos para acceder a una vivienda social son de 1.500 euros, 2,5 veces el IPREM (18.000 euros anuales)”.
Desde Zaragoza en Común recuerdan que su apuesta ha sido siempre “la de aumentar el parque público de alquiler, no sólo de vivienda social, pero la apuesta por el alquiler asequible por parte del gobierno de Chueca en base a la cesión de suelo público para la gestión privada durante 75 años, para el lucro de estas empresas, no puede hacerse a costa del abandono de la vivienda de alquiler social”.
Desde el año 2010, las únicas 136 viviendas sociales puestas en marcha en Zaragoza son las que puso en marcha Zaragoza en Común: las 80 viviendas de Fray Luis Urbano, en Las Fuentes, las 20 de Imprenta Blasco, en el Casco Histórico y las 36 de La Jota.
Una adjudicación “selectiva”
La realidad es que esas 36 viviendas llevan vacías casi un año, “y hay 36 familias cuya única garantía de tener una vivienda digna es accediendo a una vivienda social”, ha defendido la formación municipalista.
“Ya sabemos que el antiguo Gerente, tal y como trasladó en el Consejo de Zaragoza Vivienda, quería ser él personalmente quien decidiera para quiénes eran esas viviendas. Parece que como son viviendas de calidad ‘Passive House’ y de 90m éstas no pueden ser destinadas a personas con menos recursos”, ha criticado Domínguez.
Externalizar las viviendas, cediéndose a entidades sociales entorpecería la gestión por parte de los trabajadores y trabajadoras de Zaragoza Vivienda. Ahora mismo, este tipo de gestión externa supera el 50% en las últimas promociones cuando históricamente no superaba el 10%. Además, los pisos de entidades son viviendas muy temporales y las familias necesitan un lugar estable que garantice una vida digna. Frente al año y medio de media de estancia en una vivienda asignada a un proyecto, son 10 los años de las que gestiona la entidad municipal.
Zec ha detallado que existen modelos “que ya se muestran exitosos para ello, como el modelo de Imprenta Blasco, donde se valoró la intergeneracionalidad de los inquilinos, o la mezcla cultural que favoreciese una mejor convivencia. Es un modelo de éxito y que puede ser replicable”, ha argumentado el edil.
Por todo ello, ha pedido al gobierno de Chueca que “confíe en los y las profesionales que tienen experiencia más que reconocida dentro de Zaragoza Vivienda, con personal formado para hacer una buena gestión y acompañamiento, garantizando el derecho a la vivienda por un lado y el respeto a la convivencia por otro”.
El acceso a la vivienda garantiza otros derechos como el derecho a la salud, para personas con movilidad reducida que viven en viviendas sin ascensor, posibilita que familias con pequeños salgan de las infraviviendas que hay en muchos barrios, o la igualdad de oportunidades, “ya que el tener una vivienda digna condiciona el resto de factores sociales, el acceso al empleo, a los estudios o a las redes comunitarias”, concluyen desde ZeC.
