Ecología

Zaragoza en Común critica el empeño del Gobierno municipal en seguir dragando y les recuerda su situación de “interinidad”

Desde la plataforma ciudadana se considera que el actual gobierno “ya no tiene legitimidad moral para tomar este tipo de decisiones que no cuentan con el suficiente consenso social y político”.
| 28 mayo, 2015 16.05

“Las urnas han hablado y la ciudadanía ha establecido unas mayorías diferentes, el Gobierno del PSOE se encuentra en una situación de interinidad y no debe tomar decisiones que no cuenten con el suficiente consenso social y político, como es el tema del dragado del Ebro”. De este modo, Teresa Artigas, futura concejala de la Corporación, ha señalado el profundo malestar que genera en Zaragoza en Común el dragado del río.

“En primer lugar, porque entendemos que el PSOE se comprometió a no hacerlo, y está faltando a su palabra” apunta Artigas. “En segundo lugar porque es lógico que no se paralice la ciudad en la transición de un Gobierno a otro, pero consideramos que hay decisiones mucho más importantes y urgentes que podrían tomar, puesto que en los meses de estiaje no hay riesgo de una nueva avenida, que es el pretexto que parece que Blasco esgrime”, añade la futura concejala.

“Todo ello sin contar con los criterios medioambientales, porque es una cuestión que tampoco suscita el suficiente consenso científico”, ha referido, en relación a las consideraciones que apuntan a que estas actuaciones son inútiles, caras y dañinas para el río. «Inútiles por la propia dinámica fluvial, ya que se quitan gravas de un lugar, pero luego el río las acumula en el mismo sitio y hay que repetirlo año tras año», sostiene. Además, desde Zaragoza en Común se opina que el dragado es dañino porque supone arrasar con el fondo del río donde viven algas y macro invertebrados, alimento de peces y aves, lugar de desove de las almejas.

Zaragoza en Común hace hincapié en la fórmula escogida de contrato, que ya se denunció públicamente en abril, por la cual, un contrato de obra menor, por valor de 60.000 euros, incluía una cláusula de confidencialidad. Además, el contrato establecía que la empresa cobraría el dinero, se hiciera el “traslado de gravas” o no, eufemismo escogido para evitar la palabra dragado.

28 mayo, 2015

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