Política

Zaragoza en Común alerta de que las Ayudas de Urgencia podrían retrasarse o suspenderse

Durante la pasada corporación, el tiempo de concesión de las ayudas se redujo de 30 a 6 días en su resolución. La concejala Luisa Broto ha solicitado que se exploren vías alternativas como la implementación de una Renta Social Municipal.
| 23 octubre, 2019 13.10

La concejala de Zaragoza en Común, Luisa Broto, ha alertado del “colapso” que supone para las ayudas de urgencia su futura consideración como subvenciones, una situación que “va a afectar de lleno a las personas y familias más vulnerables de la ciudad”.

Las ayudas de urgencia municipales son un elemento fundamental para  abordar las situaciones de pobreza y mantenimiento de la cohesión social en una situación de crisis como la actual, ya que estas se dirigen a la cobertura de necesidades básicas de las familias con menos recursos de la ciudad, como la alimentación, la vivienda, los suministros energéticos, o el comedor y el material escolar.

Este cambio de consideración, que supondrá pasar las Ayudas del Capítulo II al Capítulo IV del Presupuesto Municipal y una fiscalización previa por parte de la Intervención está reflejado en el informe de auditoría encargado y presentado por el Gobierno de PP-Cs.

Las consecuencias de este cambio

Las consecuencias más notables se traducirán en una mayor burocratización del sistema de solicitud y mayores tiempos de espera para recibirlas.

Por ejemplo, considerando a estas ayudas como subvenciones, cualquier persona con problemas con la seguridad social, impago de tasas municipales o con la declaración de la renta, no podrían acceder a las mismas.

Asimismo, la  fiscalización previa convierten a las ayudas de urgencia en una herramienta “totalmente inviable”, ha señalado Broto. Estas ayudas, por su naturaleza sobrevenida y urgente, “no pueden fiscalizarse previamente ya que esto supondría retrasar su tramitación a meses, cuando la agilidad es fundamental”.

Otra de las consecuencias de considerar que estas ayudas corresponden a transferencias sin contraprestación, es decir, subvenciones, y por lo que deberían pasar del Capítulo II al Capítulo IV es que en una situación de prórroga presupuestaria estas podrían no ejecutarse.

La Ley 10/2016, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda de Aragón establecía que “las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales son aportaciones dinerarias con un régimen jurídico propio, definidas por su carácter finalista, requisitos y condiciones de reconocimiento, y carecen de la consideración de subvenciones públicas”.

Pasar de Ayudas de Urgencia a Renta Social

No obstante, un “irresponsable” recurso del Partido Popular hizo que el Tribunal Constitucional anulara en febrero este artículo, entre otros, al entender que contravenía lo establecido en la Ley Estatal de Subvenciones (2003) que no contemplaba esta situación, «como sí hace por ejemplo con prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social al no considerarlas subvenciones», ha explicado Broto.

Por todo ello, Zaragoza en Común presenta una pregunta a la comisión de acción social  y exige al gobierno del PP-Cs que la tramitación de estas ayudas siga como hasta el momento actual.

Además, Broto ha solicitado que se exploren  vías alternativas como la implementación de una Renta Social Municipal, que aborde las situaciones de pobreza desde una perspectiva de derechos sociales.

Entre 17 y un 29% en riesgo de pobreza

Como recientemente recordaban tanto el informe FOESSA como el informe de la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN), actualmente en nuestra ciudad hay una tasa riesgo de pobreza y exclusión de entre un 17% y un 29,7%.

En este sentido, Broto ha destacado que durante la pasada corporación el tiempo de concesión se redujo de 30 a 6 días en su resolución y se llegó hasta 13 en su pago de media (2,52 días en el caso de las ayudas para alimentación).

Durante el año 2018, se tramitaron más de 35.000 ayudas, por un total de 9,6 millones para cubrir el pago de alimentación, vivienda, electricidad y comedores escolares, dirigidas a la población con menos recursos de la ciudad. Esto supuso un incremento 3,3 millones en la pasada legislatura.

23 octubre, 2019

Autor/Autora


Vimeo
Ocurrió un error. Comprueba que el id 1756922 corresponde a un 0 y que existe.
Twitter
Facebook

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR