Este sábado, 23 de febrero, tendrá lugar la Jornada Estatal de Coordinación de Entidades de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados en la ciudad de Zaragoza. A ella acudirán trabajadoras de todo el Estado pertenecientes a un gran número de asociaciones.
Esta jornada supondrá un espacio de encuentro, de cuidado, de puesta en común y de debate entorno a los próximos objetivos que marcarán su lucha por el reconocimiento de la importancia de los trabajos de cuidados y por el reconocimiento de unos derechos laborales plenos para las trabajadoras del hogar y de los cuidados.
Las asociaciones de trabajadoras se opusieron a la Enmienda 6777, introducida por el anterior gobierno del PP en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que retrasaba el reconocimiento de derechos y protección social de las trabajadoras de hogar y de cuidados.
Sin embargo, pese al cambio de gobierno, la situación no ha variado significativamente, denuncian. La aprobación del Real Decreto 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral o de empleo, que contiene las cotizaciones en Empleo de Hogar para 2019, no representará mejoras en la protección de las trabajadoras y mantendrá los mismos problemas actuales y que las mantienen en esta “esclavitud moderna”.
En el año 2011, se aprobó la incorporación del Empleo de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social pero se mantuvo como un sistema especial, asumiéndose el compromiso de ir regulando cuestiones pendientes hasta alcanzar la equiparación plena con el conjunto de trabajadores y trabajadoras. “Hoy seguimos esperando y cada vez más hartas de la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos por mejorar las condiciones de este sector”, advierten desde la organización de este encuentro.
En ese momento, se excluyó el reconocimiento de la prestación por desempleo y la aprobación de los mismos criterios en el cálculo de las pensiones se aplazó hasta enero de 2019 (actualmente, los períodos no cotizados en Empleo de hogar no se contabilizan, como sí se hace en el resto de sectores del régimen general). Para esa fecha también se sustituiría el sistema de cotización a la Seguridad Social por tramos salariales por el de la cotización por salarios reales.
Tras siete años, el Partido Popular, con la enmienda 6777, aplazó ambas medidas en cinco años más, hasta 2024. Y ahora, el PSOE, con el Real Decreto 28/2018, mantiene el retraso en el reconocimiento de derechos aunque lo adelanta a enero de 2021, y aprueba para 2019 un sistema de tramos de cotización que “creemos agudizará aún más las dificultades, pues no sólo no mejorará en lo sustancial la situación de las trabajadoras, sino que supondrá nuevos costes para la parte empleadora y multiplicará, con toda probabilidad, los trabajos no declarados”.
Cabe recordar que este es un sector que ya cuenta con una alta irregularidad (más de un tercio de los empleos actuales) y con ello, la precariedad y la falta de reconocimiento de derechos. “Así pues, la perspectiva para el 2019 es que la desprotección no solo va a continuar, sino que empeorará y, esto es algo contra lo que vamos a luchar activamente”, advierten.
Por otro lado, señalan que, precisamente, es la falta de recursos y políticas públicas de cuidados lo que determina que con la contratación de Empleo de Hogar se cubran las necesidades de atención y cuidados de las personas mayores y/o en situación de dependencia en sus domicilios y se resuelvan las exigencias de conciliaciones imposibles entre los ritmos y tiempos del trabajo con las necesidades de cuidado de la vida.
La organización subraya que “es, evidentemente, la contratación de empleo doméstico una salida solo accesible para quienes tienen los medios económicos para sostenerlo y excluye a aquellos y a aquellas que tienen menos recursos y cuentan con las pensiones más bajas”.
Por todo ello, exigen la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen plenanmente la protección y el bienestar de las personas, de manera que no se cargue sobre las espaldas de las trabajadoras, ni sobre las de las personas que los necesitan, el coste de los cuidados. “Los cuidados no deben ser una mercancía más, sino que tienen que ser un derecho universal para todas las personas”, aseguran.
Además, recuerdan que una parte importante “somos mujeres migradas que sufrimos las consecuencias de una Ley de Extranjería que genera economía sumergida y nos expone a circuitos de abuso y vulneración de derechos”.
