Youssef M.Ouled es periodista y coordinador del área antidiscriminación de Rights International Spain e integrante del proyecto AlgoRace. El pasado 18 de febrero acudió al CSC Luis Buñuel de Zaragoza para ofrecer una charla sobre las “Identificaciones por perfil étnico-racial y las fronteras digitales”. Antes de la ponencia organizada por Munay-Formación antirracista y decolonial, el colectivo Kemet y la Asociación Cultural Ecuatoriana "El cóndor", pudimos hablar con Youssef sobre cuestiones como el papel de los medios de comunicación en materia de inmigración o el uso de la inteligencia artificial (IA) en los controles fronterizos.
El tratamiento mediático de los medios de comunicación sobre qué es ser migrante o qué efectos supone la inmigración suele ir acompañado de terminología que incluye conceptos como "invasión”, “terrorismo” o “delitos”. Sin embargo, apenas se habla de racismo o de los ataques que sufren a diario las personas racializadas. ¿Por qué crees que ocurre esto?
Al hablar de racismo, los medios le dan un contexto anecdótico. Se explica que el ataque racista viene del prejuicio del agresor o en el caso de la brutalidad policial, del sesgo de ese determinado agente a nivel particular. Se tiende a individualizar un problema sistémico en lugar de abordarlo desde una dimensión más amplia y estructural. El racismo es institucional y son las instituciones las que promueven ese tipo de discriminaciones a través de un entramado legal como la Ley de Extranjería o las paradas por perfil racial. Por otro lado, también existe un problema a la hora de abordar el discurso en torno a la inmigración porque el debate suele ir orientado a si es positiva o negativa. Al hablar en estos términos, se otorga valor a las personas en base a lo que aportan a la sociedad. Sin embargo, a la población de española y blanca no se le cuestionan sus derechos según su capacidad de producir. Este tipo de discursos deshumanizan a las personas migrantes porque los convierte en herramientas que nos sirven para paliar nuestras necesidades.
Cuando hablo de racismo institucional o racismo en general, siempre digo que los medios de comunicación toman partido de un lado o de otro. Si no hablas del racismo porque no te parece noticiable o relevante, estás tomando partido e invisibilizándolo. Al final, quienes lo sufren son unas personas muy determinadas y la información mediática va destinada para un público mayoritario que quizás no viva ese racismo en su día a día. Un ejemplo de cómo los medios de comunicación toman partido es cuando tienden a enfatizar la nacionalidad o la condición racial de la persona que ha cometido un delito, lo cual no aporta nada. Es decir, en todo caso, lo que va a explicar mejor la comisión de ese delito son las condiciones socioeconómicas en las que vive esa persona y no su nacionalidad.
La policía emplea las identificaciones por perfil racial para detener a una persona en la vía pública y solicitar documentos de identificación, atendiendo únicamente a sus características étnicas. En caso de querer denunciar ¿cómo alguien puede detectar y demostrar que está siendo víctima de una identificación racial?
La policía dispone de un marco de actuación que dice cómo ellos pueden identificar a alguien en la vía pública. Ese marco se ciñe a que la persona esté cometiendo una ilegalidad en ese mismo momento o que se tenga pruebas evidentes de que lo va a hacer. Si a ti te paran yendo a trabajar, obviamente, ni estás cometiendo un delito, ni lo vas a cometer. Ahí lo que se considera sospechoso es tu color de piel y es algo que detectan personas racializadas que lo sufren porque pueden ser paradas hasta varias veces en un mismo día. Sin embargo, denunciar es difícil, porque sucede lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba, es decir, la persona identificada es la que tiene que demostrar que está siendo identificada de manera discriminatoria y no es el agente de policía el que tiene que demostrar que te está identificando a ti por haber cometido algún delito o tener indicios razonables.
Además, los mecanismos para denunciar son casi inexistentes. No digo que no sirvan y que no haya que denunciar, pero es poco probable que sirva para condenar a ese agente por racismo. Pongo como ejemplo a Rosalind Williams, la primera persona en denunciar en España una identificación por perfil racial y que fue parada en Zaragoza. El Tribunal Constitucional dio la razón al agente que la paró por “ser negra”. La justicia española no la defendió y ella fue la que tuvo que acudir a la ONU que le dio la razón en 2009, 17 años después de haber interpuesto la denuncia. Se necesitan unos recursos para poder seguir estos procesos que muchas personas no tienen. Al fin y al cabo, es muy difícil denunciar una práctica que está legitimada por el Tribunal Constitucional, el entramado policial y toda la retórica del racismo de que las personas que no son blancas cometen más delitos. Además, la justificación del Tribunal Constitucional es de por sí racista porque presupone que solo las personas blancas son españolas, negando la condición de “español” a quienes nacen aquí y son negros, asiáticos, musulmanes, etc. Por último, fomentar que las personas denuncien es complicado si la denuncia va a la misma institución que te está parando por no ser blanco. Se termina produciendo una ruptura y desconfianza total con la institución.
¿A qué te refieres cuando hablas de fronteras digitales?
Hace poco supimos que el Gobierno quiere implementar en la frontera de Ceuta y Melilla el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para recoger datos biométricos de las personas que llegan. Estos datos son el ADN, las huellas digitales, el reconocimiento de voz, el reconocimiento facial, lectores de iris y retina… es decir, datos intrínsecos de la propia persona.
Ante estas noticias, más de cuarenta asociaciones antirracistas y organizaciones que luchan por los derechos digitales advirtieron de que este tipo de controles vulneran los derechos fundamentales de las personas migrantes, ponen en riesgo a personas en situación de vulnerabilidad máxima y pueden producir discriminaciones y falsos positivos. Hay que tener en cuenta que los algoritmos de reconocimiento facial bajan su efectividad cuando trabajan con personas no caucásicas, debido a que son minoría en las bases de datos con las que se entrenan estas inteligencias artificiales. Este tipo de medidas que también se excusan en “prevenir el terrorismo”, perpetúan el discurso de criminalización y miedo a las personas migrantes que huyen de guerras buscando refugio y tener una vida digna.
Sobre las medidas de la Unión Europea en materia de inmigración. ¿Crees que la actual política migratoria está avanzando para garantizar los derechos fundamentales de estas personas que buscan refugio o está haciendo más difícil su entrada e integración en Europa?
La propia política migratoria es cada vez más criminal. Si fuera humanitaria o hecha para defender derechos, facilitaría vías legales y lo que hace es todo lo contrario. Se está dando mucho dinero a Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) para convertirlo en el cuerpo militar de la Unión Europea en la protección de frontera. Frontex es famosa por vulnerar los derechos fundamentales, por hacer devoluciones en el mar, por militarizar las fronteras o por utilizar el armamento, entre otras. Por ello, Europa va en la dirección contraria de salvaguardar la vida de las personas migrantes. Por ejemplo, Europa no penaliza a España por seguir utilizando las devoluciones en caliente, actuaciones que van en contra de derechos fundamentales. Los países del sur de Europa tienen una función muy concreta, impedir que la población migrante llegue al resto de los países de la Unión Europea y que si llegan sean de manera muy limitada. Aquellos que consiguen llegar se encuentran igualmente en situaciones muy lamentables. Por eso, nacen proyectos como la ILP.
Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es un mecanismo de participación ciudadana por el que a través de 500 mil firmas se obliga al Congreso de los Diputados a debatir una proposición de ley en un plazo máximo de seis meses. En esta ocasión, el movimiento #RegularizaciónYa está recogiendo firmas para regular la situación administrativa de 500.000 personas migrantes. Háblanos sobre ella y las consecuencias que tendría en caso de conseguirse.
En España hay muchas personas que están en situación administrativa irregular y que no pueden ejercer sus derechos esenciales como el derecho al trabajo, sanidad, vivienda… Hay muchas personas haciendo trabajos que nadie quiere durante años sin llegar a conseguir un contrato que agilice los trámites de sus documentos. El sector de hogar y cuidados, por ejemplo, está copado por mujeres mayoritariamente migrantes. Muchas de esas mujeres tenían estudios en sus países, pero no pueden ejercer lo que han estudiado porque, entre otras cosas, el Sistema Europeo de Validación de estudios considera que la formación en los países europeos es superior a la de los países del sur global. Además, la validación es un proceso costoso y de mucho tiempo. Por otro lado, se necesita de mano de obra migrante en estas condiciones para hacer posible el sistema de producción y consumo Occidental.
Conseguir ese medio millón de firmas es un paso y yo tengo esperanza de que se consiga. No todas las firmas valen, tienen que firmar aquellos que dispongan de la nacionalidad Española (DNI o pasaporte), una persona con NIE no puede firmar, lo que es tremendamente injusto. El segundo paso sería que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para regularizar la situación de ese más de medio millón de personas. No tener una situación administrativa regular supone no tener derecho a trabajar, no poder tener las condiciones necesarias para mantener un hogar y una familia o vivir en las condiciones de dignidad mínimas. Entonces, quienes están votando en contra están votando al final en contra de los derechos más fundamentales de las personas. Por ello, el movimiento me parece que es una propuesta de justicia social y que no salga adelante sería muy triste porque sería seguir defendiendo una sociedad injusta en la que hay personas que no tienen derecho a tener derechos.
