Basta de abandono en los barrios de Zaragoza

Basta de destruir los servicios sociales y criminalizar a quienes acuden a ellos. Lo que necesitamos es menos criminalización, menos propaganda-basura y más reparto de la riqueza que generamos cada día.

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Concentración por la regularización de 500.000 personas migrantes | Foto: Rocío Durán Hermosilla

En aragonés, se llama boc o boque al macho cabrío. Más de un boc son varios bocs. En aragonés, carnuz significa carroña, carne corrompida. El pasado 7 de febrero, el grupo municipal de un partido creado por un grupo de entidades financiadas por conocidas empresas y bancos presentó un ejemplo de carnuz discursivo en forma de moción (P-4414/2022) que se debatirá y votará en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza este viernes, 25 de febrero. La moción es prácticamente igual a la presentada por su homónimo cántabro en el ayuntamiento de Santander.

La mera admisión a debate de un texto como ese da cuenta de la putrefacción de la política institucional y su desprecio de nuestros derechos –que solo lo serán cuando sean, real y efectivamente, de todos y todas. Su mera consideración admite el uso de datos falsos y descripciones deformadas de nuestros barrios, los urbanos y los rurales, ocultando las causas reales del empeoramiento de nuestras vidas. Quienes financian a ese partido avanzan así en su objetivo de sembrar el terror entre las vecinas de esta y otras ciudades. El mensaje que lanza esa moción contribuye, de forma intencionada, a estigmatizar a una parte de nuestra gente y a generar nuevos conflictos. Nuestras vidas y barrios les dan igual, pero a todas nosotras nos van a hacer vivir peor. Por eso la respuesta ante esa carroña solo puede ser una: dejen nuestros barrios en paz.

Así mienten los bocs

Con ayuda de los expertos en cíber-marketing especializados en rumores y noticias falsas, desde Madrid llega la consigna de señalar a las vecinas migradas como causantes de conductas “incívicas”, seguir echando toda la carnaza sobre el asador del “monstruo okupa” o azuzar de la forma más zafia el pánico moral retorciendo y explotando las cifras de agresiones sexuales registradas.

Todo vale para intentar asustarnos. Somos humanas, por eso no somos inmunes al miedo pero no somos idiotas. Tomemos algunos datos del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística para ver cuál es la realidad que ese carnuz esconde.

La cifra registrada de condenas por “usurpación de vivienda” (delito por el que se castiga la ocupación) se ha reducido en más de un 50% desde 2017. Además, la llamada “okupación” solo se da en viviendas vacías y la inmensa mayoría de estas es propiedad de bancos u otras entidades financieras. Lo contrario se llama “allanamiento” y se resuelve de inmediato pero los carroñeros no distinguen nada porque no les interesa explicar nada.

En ochos años entre 2013 y 2020 (ambos incluidos), ese número de condenas por “usurpación” ronda las 34.000, unas 4.200 al año y unas 11,5 al día.

En cinco años entre 2016 y 2020 (ambos incluidos), el número de ejecuciones de desahucio por hipoteca o alquiler supera los 200.000 lanzamientos: más de 43.500 al año; más de 120 al día. Más de 10 desahucios ejecutados por cada ocupación condenada. ¿Cuál es el problema más grave?

Más de 10 familias expulsadas de su hogar por cada hogar deshabitado que se ocupa. ¿Quién se beneficia con la violación masiva del derecho a la vivienda y con la propaganda masiva que criminaliza a quienes se ven privados del derecho a un techo?

Conclusión: viva la acumulación de propiedades, vivan los grandes rentistas, viva la especulación a costa de nuestro dinero. Cuanta más gente sin casa y más casas sin gente, mejor para los más ricos.

En 2021, la cifra de delitos contra la integridad sexual registrada por los cuerpos policiales (17.016) creció un 11% con respecto a 2019. En efecto, la cifra ha aumentado aunque la importancia de ese aumento no quita que los datos expuestos en la moción los haya escrito un mono con un lápiz. Más aún, solo 12 de cada 100 agresiones son denunciadas, la mitad ocurre a la luz del día y solo 2 de cada 10 son cometidas por desconocidos. ¿Qué significa eso? Muchas cosas y todas malas pero ninguna de ellas tiene absolutamente nada que ver con lo que los amigos del carnuz pretenden denunciar. Tenemos un problema de violencia estructural cuyos síntomas sociales se multiplican en forma de conductas individuales y cuya solución pasa por cualquier cosa menos otra dosis vomitiva de manipulación y simplificación.

Algo similar puede decirse de las agresiones cometidas por personas menores de edad, a las que siempre se había llamado niños y como tal han de ser tratadas. En primer lugar, tal como ocurre en el mundo adulto, la práctica totalidad de quienes cometen esas agresiones son niños y no niñas. En segundo lugar, las principales causas de este incremento tienen que ver, entre otros factores, con la educación sexual y con una precaria y precoz hipersexualización.

Conclusión: a ver si va a resultar que el problema tiene todo que ver con esa profunda y compleja suma de causas fomentada y naturalizada por el machismo más criminal.

Qué buscan los bocs y las élites económicas a las que estos obedecen

Los barrios populares de nuestras ciudades llevan años y décadas sufriendo las consecuencias de la segregación, la especulación urbanística y las políticas de recortes en servicios básicos como educación, sanidad o servicios sociales. Esos recortes del gasto público han servido para entregar a la banca 60.000 millones de euros a fondo perdido y empobrecer a las mayorías desde 2008. Ya en 2017, el 10% más rico de la población española acumulaba más del 50% de la riqueza mientras la mitad de habitantes más pobre se repartía un 10,3%. El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el Estado español es el primer estado del planeta en consumo diario de benzodiacepinas. Las políticas productoras de daño social masivo fueron y son promovidas por partidos y políticos profesionales que, tras dos décadas desposeyéndonos de lo que es común a todas y por eso debe ser público, señalan a nuestras vecinas migrantes como culpables de todos los males o se limitan a recitar buenos deseos sin aplicar cambios reales.

Ejemplo: uno de esos políticos profesionales, el candidato a alcalde y actual concejal Julio Calvo, militó durante 25 años en el PP y ya fue concejal mientras su partido era investigado en la Audiencia Nacional como “organización criminal”. No nos consta crítica alguna de ese señor a los barracones de chapa instalados en nuestros saturados colegios e institutos públicos, al recorte en la Ley de la Dependencia para las personas ancianas o a los sobres con miles de euros que circularon por la sede de su partido. Nada que declarar, porque el principal objetivo de las élites es ocultar la desigualdad que ellas mismas generaron y el abandono de los servicios públicos que han saqueado en beneficio de sus bolsillos, sus limpias calles, sus urbanizaciones cerradas, sus clínicas privadas, sus colaboraciones público-privadas y sus escuelas segregadas. Han recortado las inversiones públicas que nos ofrecen oportunidades para formarnos en escuelas con los recursos y apoyos que necesitamos, programas comunitarios para conocernos y compartir la vida en nuestras calles, planes de barrio para habitar edificios o mejorar accesos. Señalar a cualquier otra parte es imprescindible para que no nos paremos a pensar en lo que hicieron y siguen haciendo.

Una nota sobre la Universidad y sus ‘ciencias sociales’

Quienes firmamos esta carta estudiamos, enseñamos y/o trabajamos en los ámbitos de las ciencias sociales y los derechos sociales. Queremos agradecer a las grandes empresas y bancos que nos ayudan a identificar a quienes realmente no necesitan ni quieren “adaptarse a nuestras costumbres”, las de la inmensa mayoría porque disfrutan a salvo de sus privilegios. La gente de los barrios de cualquier ciudad quiere vivir tranquila y sacar adelante a sus familias. Esa gente es la que limpia las casas y construye las aceras para esas élites que la señalan y aterrorizan. Siempre que hablan, nos hablan sobre todo de sí mismas: ellas son las que malpagan, estigmatizan, segregan, evitan, caricaturizan y desprecian. Eso es lo que significa trumpismo, esa palabra tan de moda: trump en inglés, significa triunfar, triunfar derrotando, machacando, aplastando al otro tras haberlo convertido en enemigo. Esa es la lógica que impone su política de abuso, saqueo y carroña: una conveniente dosis de clasismo, racismo y sexismo que permita seguir repartiendo dolor de arriba hacia abajo; un grado conveniente de humillación y un nivel creciente de violencia que se reproduzca y trasmita horizontalmente entre quienes la sufren, para luego culparles de la “inseguridad” que llena los bolsillos del 10% privilegiado.

Por eso tantas y tantos sociólogos, trabajadoras sociales, antropólogos, economistas, juristas, filósofas y otros investigadores colaboran con otras universidades, asociaciones y colectivos que comparten la convicción de nuestro derecho a una forma de vida mejor, en Zaragoza y en todas partes. Por eso una posible respuesta a los cuatro puntos de esa moción carroñera podría ser la siguiente:

  1. La mayor o menor presencia de fuerzas policiales en un territorio no favorece que disminuyan los llamados “índices de criminalidad”. Lo que hace es generar una sensación de seguridad policial que mantiene intactas las causas profundas de la inseguridad social: la vulneración de los derechos a la salud, la vivienda, la educación, la alimentación, la movilidad, la garantía de rentas y todo lo que debe permitir a todas las personas una vida digna de ser vivida. Contra lo que ellos entienden por “seguridad”, lo que mejor garantiza la reducción de las agresiones es el fortalecimiento de lazos comunitarios, también en el caso de la violencia urbana juvenil. En lugar de eliminar programas comunitarios exitosos, lo necesario es fomentarlos y sostenerlos en el tiempo. Son los logros de las vecinas organizadas y orgullosas de sí mismas los que trajeron a los barrios los centros de salud, la organización comunitaria, un uso común y libre de la calle que previene los conflictos violentos, las escuelas dignas, las casas de juventud, las educadoras/es en planes y proyectos públicos... todo eso que los “grandes apellidos” de la ciudad nos negaron durante décadas.
  2. Además de ilegal, la amenaza de que los datos de su empadronamiento sean utilizados para expulsar a personas del país tiene un único objetivo: impedir que las vecinas migradas en situación administrativa irregular tengan acceso a derechos universales como la sanidad y la educación, vivan amedrentadas y se conviertan en mano de obra semiesclava. Invisibles a la administración, podrán ser víctimas más fácilmente de esas redes de explotación laboral y esos salarios de miseria que no son objetivos a erradicar por los bocs ni por muchos otros.

  3. La vinculación de las élites económicas con la industria de la pobreza es bien conocida. Sus fundaciones caritativas y empresas de servicios gestionan servicios sociales para la administración. Ellas, las empresas de la filantropía moderna, son las principales beneficiarias de que las vecinas con vidas más precarias no tengan derecho a unos ingresos dignos garantizados para todas. Las voluntarias de abrigo de visón prefieren recoger dinero en rastrillos y sorteos en lugar de dignificar una insuficiente “paguita” del Ingreso Mínimo Vital que, además, es inaccesible para cualquier persona indocumentada –otro bulo repugnante incluido en la moción.

  4. Frente a este lastre medieval de la sopa boba para mantener a las vecinas en la pobreza, muchas personas se organizan para seguir defendiendo la hospitalidad, los derechos de las mujeres, los de las trabajadoras y los de la infancia, venga de donde venga. Porque nosotras fuimos aragonesas, sorianas, andaluzas o riojanas y vivimos juntas en las mismas calles, ahora también somos senegalesas, nicaragüenses, marroquís y de todas partes. No nos escondemos detrás de los muros de nuestra urbanización o nuestro colegio segregado. No somos idiotas: ayudar a nuestra vecina no favorece que otras vengan, solo favorece que podamos mirarnos al espejo. Nadie abandona su país por gusto, vicio o capricho. Que quienes evaden impuestos, jalean a una monarquía de corruptos y nos roban cuando gobiernan pidan ilegalizaciones cuando nos apoyamos unas a otras es algo propio de gente sin escrúpulos ni vergüenza. Compartir es la única forma de vivir. Vayan aprendiendo y acostumbrándose porque no dejaremos de practicarlo.

Demasiado tiempo llevamos guardando un silencio prudente que corre el riesgo de convertirse en cómplice. Basta ya de dejar pasar semejantes abusos. Zaragoza no necesita que las élites económicas echen gasolina sobre los barrios. Zaragoza quiere vivir tranquila y segura, como cualquier ciudad y lo que lo impide es esa desigualdad y la injusticia social que solo enriquece a unos poquitos apellidos. Sabemos quiénes son y sabemos cuán necesario es que dejen de repartir dolor y vociferar carroña. Por eso no podemos ni debemos seguir callando.

Recordemos ese proverbio que dice "Las ovejas se pasan la vida temiendo al lobo, pero acaban devoradas por el pastor". Recordemos que no somos ovejas. Discutamos pero no callemos porque nos jugamos mucho.


Chabier Gimeno, Daniel Jiménez, Mª Carmen Mesa, Pablo Lópiz, Alicia Brox, César Sánchez, Daniel Sorando, David Vila, Jesús Aguerri, José Luis Ledesma

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